Maximiliano Frontera fue denunciado por el Tribunal de Contralor por administración fraudulenta, en relación a los más de $6 millones que se gastaron en concepto de castraciones y vacunaciones en el Refugio de Contención Animal, y que no quiere rendir.
El órgano llegó a la Justicia después de agostar todas las instancias de solicitudes. Lleva dos años y medio pidiendo que envíe la documentación que justifique ese gasto. Tampoco lo hizo ante el Concejo Deliberante.
Ayer, el ministerio fiscal a cargo de Francisco Assat que hizo lugar a la denuncia y que inició la investigación, le solicitó a Frontera que “remita las actuaciones administrativas labradas a consecuencia del requerimiento del órgano de Contralor Municipal referido a la rendición de cuentas”. Le pidió también en el oficio que envió este lunes la “entrega documental respaldatoria por la suma de $6.030600 en concepto de castraciones y vinculaciones actualizadas al día de la fecha”.
La denuncia fue firmada por la presidenta del Tribunal, Silvia Palacios y el vocal primero, Ricardo Bazla, y estuvo fundamentada en el “reiterado incumplimiento” por parte del intendente de “las normas legales que le obligan a brindar respuestas concretas de sus actuaciones administrativas y a rendir cuenta de la utilización de los dineros públicos”.
Con la debida actualización monetaria a la fecha “la cifra se eleva a casi $12 millones”.
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