Una de las obras anunciadas por el Gobierno fue la construcción de la Ciudad Judicial, un complejo que le costaría en total a los sanluiseños cerca de 41 mil millones de pesos. El acto de llamado a licitación previsto para este lunes se dejó sin efecto por el pronunciamiento judicial.
Este lunes la jueza Laboral N°2, María Eugenia Bona, hizo lugar a una acción de amparo que presentó el gobernador electo Claudio Poggi donde solicitó una medida cautelar por la inconstitucionalidad de los actos que estaba llevando adelante el gobierno de Alberto Rodríguez Saá.
Al inicio de semana, estaba previsto el llamado a licitación para la construcción de la ciudad judicial, una obra que tiene asignado un presupuesto de más de $41 mil millones.
Según se anunció, el nuevo complejo se emplazaría en la intersección de las avenidas Santos Ortiz y Lafinur y comprendería un radio de nueve hectáreas. El anuncio fue realizado a fines del año 2022, luego de una reunión con las autoridades del Poder Judicial, pero el proyecto no avanzó y ahora el Gobierno entró en apuros para hacer una obra que supone una inversión extraordinaria y que excede el mandato de la actual gestión.
Faltan apenas 8 semanas para que Rodríguez Saá abandone el Gobierno de la Provincia, y como se sabe, un proceso licitatorio tiene varios pasos que se deben cumplir.
Por un lado, el llamado a licitación, implica la participación de una o varias empresas que estén en condiciones de ofrecer una propuesta para la realización del proyecto que el Gobierno quiera Ejecutar. Se trata de un procedimiento a través del cual se reciben y evalúan ofertas para la adquisición de bienes, obras o servicios y se adjudica el contrato correspondiente al licitador que ofrezca la propuesta más ventajosa. Por lo tanto, ese procedimiento lleva su tiempo.
Pero además, cualquier empresa contratada por el Estado, recibe como adelanto un porcentaje del presupuesto asignado a la obra, un 20% o más del total adjudicado. Se trata de una especie de anticipo destinado a apalancar el cumplimiento del contrato. En este caso, estamos hablando de una suma que alcanzaría los 8 mil millones de pesos de adelanto, para que haga una obra que ni siquiera estaba en los planes del futuro gobierno.
A eso hay que sumarle el porcentaje del 5% que se le otorga a la empresa, seguramente "amiga" de la actual gestión o de alguno de los funcionarios, para la publicidad de la obra, que casi siempre está destinada a El Diario de la República, por lo que habría que sumarle unos millones más al adelanto que recibiría la constructora, días antes de la finalización del mandato del actual gobernador.
Es decir, que si el llamado a licitacion para la obra de la Ciudad Judicial no hubiera sido frenada por la Justicia de San Luis, luego del proceso licitatorio y los plazos legales establecidos, estaría recibiendo, no menos de 10 mil millones de pesos de adelanto, a una o dos semanas de que Rodríguez Saá abandone el Gobierno. El período de ejecución (650 días) no sólo excede la actual gestión, sino que también compromete futuros presupuestos de la Provincia.
En conclusión, la jueza Laboral N° 2, María Eugenia Bona no sólo frenó la licitación, por incumplir la constitución de la Provincia, sino que con el fallo evitó que la actual gestión entregara casi 10 mil millones de pesos como adelanto de obra, a pocos días de culminar el mandato de Alberto Rodríguez Saá.
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