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Con la publicación ocurrida hoy entró en vigencia la emergencia económica, financiera, administrativa, social, alimentaria, sanitaria, educativa y de seguridad por el término de un año en la Provincia.

El Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 150-SGG-2023 de 34 artículos firmado por el gobernador Claudio Poggi y los nueve ministros determina que los organismos del Estado deberán “ajustar su actuación” a una serie de principios y bases.

Son ocho puntos que están expresados en el artículo N° 1.

1. Proceder al reordenamiento de las finanzas públicas provinciales, con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad fiscal.
2. Reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleo y de distribución de ingresos.
3. Generar condiciones para enfrentar la actual situación de emergencia alimentaria.
4. Propender a la revinculación escolar y a garantizar que los estudiantes alcancen niveles satisfactorios de conocimientos básicos según su nivel educativo y las capacidades adecuadas para desempeñarse en el mercado laboral o emprender estudios superiores.
5. Reestructurar las obligaciones en función de la disponibilidad presupuestaria y financiera.
6. Promover la reactivación productiva, creando condiciones para el crecimiento económico sustentable.
7. Tender a la reestructuración y modernización del Estado, al uso eficiente de los recursos materiales y humanos, en el marco de un gobierno abierto y transparente, que maximice la publicidad de los actos de gobierno, facilitando el acceso a la información de los ciudadanos.
8. Propiciar el ordenamiento del sistema sanitario y de seguridad para garantizar el acceso a la salud y seguridad de los ciudadanos.

Varias de las medidas contenidas en el DNU fueron anticipadas por el gobernador Claudio Poggi en el informe que dio a conocer a los sanluiseños el último jueves para comunicar que recibió la Provincia fundida. Dijo que heredó un déficit de $125 mil millones.

Ese día mencionó, entre otras acciones, la reorganización administrativa, la rescisión y renegociación de contratos, el congelamiento de la planta de estatales y del Plan de Inclusión, y un censo de estatales.

El decreto al mismo tiempo determina la supresión de la Agencia para el Desarrollo Económico y la Asistencia Social (Adeas), un ente descentralizado con amplias facultades que tenía entre otras funciones realizar contrataciones y entregar créditos, y se restablece la Caja Social.

El artículo cinco dispone que la publicación del Boletín Oficial y Judicial de la Provincia, se hará en formato digital en el sitio web del Gobierno. Es decir ya no será impreso por el Grupo Payné y significará un ahorro de unos $500 millones para la Provincia.

Se definen los términos para el pago de las sentencias contra el Estado; se suspenden los pagos de obligaciones originadas en la provisión de bienes y prestación de servicios; se contempla el inicio de acciones legales en caso de que no haya una compensación por la reducción de la Coparticipación Federal; se establece el número de cargos y horas en la administración y se podrá suspender, inter dure la emergencia, la vigencia de las cláusulas salariales de los convenios colectivos y regímenes especiales.

A su vez el Gobierno contempla la implementación de programas alimentarios como “política de emergencia para garantizar el acceso a una adecuada alimentación a la población más vulnerable y en estado de indigencia”.

El DNU dedica un artículo específico al la figura del Contador General. El Poder Ejecutivo podrá reglamentar qué conductas configuran “faltas graves y el procedimiento de remoción”.

Al mismo tiempo dejó establecido que podrá celebrar convenios con fuerzas de seguridad federales para la colaboración en el combate contra la inseguridad, el narcotráfico y el crimen organizado.