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La cantidad de juicios laborales iniciados en San Luis volvió a crecer. Hasta el tercer trimestre del 2024 fueron contabilizados 2074, lo que se traduce en 8,5 presentaciones por día.

Se trata de un 6,6% más en el caso de compararlo con el dato del mismo periodo pero del 2023 cuando se alcanzó a 1939 litigios iniciados en la Justicia provincial.

Estas cifras se desprenden del último informe publicado por la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT) de la Nación en el que se detiene a analizar los juicios. Allí se enmarca la altísima litigiosidad.

Con poner una lupa sobre los Tribunales se observa el ritmo de la resolución de los expedientes.

De enero a septiembre se dictaron 199 sentencias de primera instancia, lejos de las 2074 presentaciones mencionadas. Cabe aclarar que esos dictámenes no sólo pertenecen al 2024 sino a años anteriores.

Pero también se observa que se resolvieron menos casos. En 2021 se dictaron 415 (238 en primer instancia, 174 en segunda y tres del Superior Tribunal de Justicia), en 2022 unos 525 (421 en primera instancia y 104 en segunda) y en 2023 se llegó a 622 (620 en primera instancia y dos en segunda).

Una de las organizaciones que se expidió a nivel nacional fue la Unión de Aseguradoras de Riesgos de Trabajo (UART). Da cuenta de que se trata de una problemática, de un “desafío a resolver” y de que “no sólo impacta implacable sobre el sistema de Riesgos del Trabajo”.

“Desde la UART se enfatiza también que estos niveles de litigiosidad perjudican a toda la estructura productiva: a los empleadores afectando sus decisiones de inversión y empleo; a los trabajadores, bajando sus chances de conseguir empleo y empleo de calidad; y a las ART socavando la solvencia del sistema”, señalaron.

En los meses analizados, en el país se concretaron 92.593 juicios, un 4,4% más que en 2023 cuando fueron 88.687. Y en el ranking de provincias con mayor cantidad, San Luis está entre las primeras en el contexto de los grandes distritos: se posicionó sexta detrás de Buenos Aires (36.313), Ciudad de Buenos Aires (18.917), Santa Fe (9525), Córdoba (7176) y Mendoza (6299).

Antes de profundizar aún más hay que puntualizar que la SRT concretamente contabiliza los siniestros y los juicios notificados a las ARTs, es decir, que sólo toma en cuenta a los trabajadores formales.

En la provincia la administración pública sigue liderando la lista de actividades con 774 (registró una suba del 13,7% respecto a 2023). Le siguen la industria (570), comercio y reparación de vehículos (156), construcción (150) y servicio de transporte y almacén (77).

También se consigna que en las empresas privadas se registró el 61,52% del total de los juicios, mientras que los organismos estatales un 38,48%.

El motivo de los juicios es otro tema: 1201 fueron por un accidente de trabajo, 474 por enfermedad profesional, 390 por accidentes in itinere y nueve por enfermedades por fuera del listado.

El crecimiento de la litigiosidad se observa con analizar el comportamiento a lo largo de los últimos años. Por ejemplo, en todo 2017 hubieron 750, mientras que en 2023 el total alcanzó los 2782.

Para la UART, estos números “no se justifican teniendo un sistema administrativo propio, ágil y de rápida solución para dirimir controversias, de acuerdo a la ley que regula la actividad”.

Es así que, consideró como urgente “ordenar el descalabro de las pericias judiciales en el ámbito laboral”. Por ello que propuso tres puntos a trabajar:

|Cuerpos de profesionales especializados en medicina del trabajo.

|Que cobren honorarios por acto médico y no porcentuales de sentencias.

|Que apliquen adecuadamente la tabla oficial de medición de incapacidades remanentes de un accidente laboral.

“Si nuestro país quiere reconstruir su economía y competir globalmente con toda su enorme capacidad y potencial, debería corregir cuanto antes este ‘costo judicial argentino’, que se ha convertido en un costo estructural denunciado ya, por todos los actores de nuestra economía. Los porcentajes de siniestralidad locales son semejantes a los de Chile y España, pero los de judicialidad son hasta 20 veces superiores, descolocando así cualquier esfuerzo productivo y competitivo”, concluyó la UART.

La ley en San Luis

A comienzos de mayo del año pasado el bloque oficialista de Cambia San Luis presentó un proyecto de ley para adherir a la Ley Nacional N° 27.348 complementaria de la ley sobre Riesgos del Trabajo.

Tras varios meses de idas y vueltas, hubo consenso y fue aprobada con el acompañamiento de todas las fuerzas tanto en la Cámara Baja como en el Senado.

En el medio hubo diferentes entrevistas y encuentros, se plantearon argumentos por parte de empresarios y del sector gremial. Pero la ley finalmente salió.

De esta manera, San Luis habilita la intervención administrativa de las comisiones médicas jurisdiccionales, que serán las encargadas de resolver los reclamos que realice un trabajador.Según la norma, se debe constituir de acuerdo a las competencias territoriales que tienen las circunscripciones judiciales: una sede en San Luis, otra en Villa Mercedes y una tercera en Concarán.

Este paso prevé mejoras sustanciales respecto a los tiempos resolutivos de los procesos judiciales, reduciendo los plazos para que las comisiones emitan su dictamen; establece la gratuidad de las medidas de prueba para el trabajador y reduce significativamente los tiempos para efectivizar las indemnizaciones.