InfoSanLuis - Noticias locales

El informe periodístico “El último gran robo” arrojó aspectos sorprendentes para la causa que se sustancia en la Justicia penal por la sospechada compra de un colectivo para San Luis Fútbol Club. Por el micro se pagó un sobreprecio de unos $  175.216.500 ya que, según la tasación de una martillera oficial, la unidad con más de un millón de kilómetros recorridos tiene un precio de $114.783.500 millones y el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá pagó $290 millones.

El corresponsal de San Luis + en Buenos Aires, Mauricio Conti en el marco de una investigación que puso al aire el programa Agenda Directa se trasladó hasta la dirección de la empresa Sematur SRL, que emitió la factura N° 00001 para la operación, es decir la primera de la firma que existe desde de mayo de 2005. La dirección es Rosales N° 531, en Luis Guillón, partido de Esteban Echeverría, provincia de Buenos Aires.

En ese domicilio no hay una fábrica ni concesionaria de ómnibus. El propietario, tras amenazar al periodista, aseguró que no vendió ningún colectivo, aunque el Gobierno de Rodríguez Saá hizo figurar que la operación se hizo allí.

Por la compra del colectivo que se hizo nueve días antes de la finalización del mandato del ex gobernador, está imputada la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez y la causa se encamina a juicio oral con un pedido de condena de cinco años de cárcel.

Ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez y ex gobernador, Alberto Rodríguez Saá. (Foto: ANSL).

El 6 marzo en un encuentro con dirigentes del Partido Justicialista en Buena Esperanza, Rodríguez Saá manifestó en tono desafiante que la adquisición de la unidad “fue una decisión de la gobernación” y “si quieren procesar, procesen al gobernador, no se metan con los funcionarios porque no tienen nada que ver, me hago cargo”.

“Lo que yo siempre planteo es que la citación a Rodríguez Saá puede surgir en la investigación de las responsabilidades de otros funcionarios, entre ellos el ex gobernador”, consideró el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salmerón que representa a la Fiscalía de Estado. Por eso entienden que con “todas las pruebas que tiene la Justicia a la vista ya se debería estar llamando a Alberto Rodríguez Saá”.

Lo qué viene

En una audiencia que se realizará el próximo martes 6, el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí acusará formalmente a Ramírez de los delitos de negociaciones incompatibles con la función, malversación de caudales públicos, incumplimiento de los deberes de funcionario público y defraudación a la administración pública.

Al mismo tiempo aportará las pruebas en contra de la ex secretaria de Deportes.

En esta instancia la defensa de la ex funcionaria tendrá la oportunidad de hacer su descargo con evidencias.

La jueza de Garantía N°4, Natalia Lazarte Otero decidirá si eleva la causa a juicio.