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Para evitar que los consumidores no se agolparan en la puerta de su casa, a Héctor “El Oso” Frías se le ocurrió redactar un cartel y distribuirlo entre sus contactos. Con un texto escrito a puño y letra se dirigía a sus clientes para que mantuvieran la calma, ya que nadie se iba a quedar sin droga.

El mensaje fue una prueba que introdujo el fiscal Danilo Miocevic en la audiencia donde esta semana se trató el vencimiento de la medida de coerción. La imagen tiene un croquis, es decir, el trayecto preciso con el nombre de las calles que tenían que hacer los interesados para que vayan a comprarle a sus socios, los hermanos Fabián y Briza de los Ángeles Porras. Era la alternativa que les ofrecía. “Se les ruega a todos los clientes y consumidos de estupefacientes que conserve la calma que serán todos atendidos”, dice el escrito que firma: “El Oso”.

Lo que más impacta en esa imagen, es que el kiosco de estupefacientes está situado al lado de la Escuela Nº 6 "Luis Roberto Barroso", ubicada sobre la calle Ministro Berrondo, en el barrio Eva Perón I.

A los tres se les atribuye haber comercializado cocaína y marihuana de forma organizada en los lugares donde residían: Pasaje 5 casa N° 10 del barrio Eva Perón II (Frías) y calle Ministro Berrondo N° 889, barrio Eva Perón I (los Porras). En la modalidad de “pasamanos” y delivery vendían.

Sobre “El Oso” pesa algo todavía peor. Utilizaba a una menor de edad para que repartiera los estupefacientes en moto, y no solo eso, le daba droga a cambio de mantener relaciones sexuales. Para la investigación, Frías tuvo un papel “preponderante” en las actividades de comercialización.

Mientras que los hermanos Porras tomaron el rol de coordinación con Frías, y además en su casa pusieron a resguardo el dinero que era producto de la venta.

Miocevic en la audiencia justificó que los tres debían seguir en la cárcel (solicitó una prórroga de la prisión preventiva por 90 días) porque “no se han modificado los riesgos procesales", existe peligro de fuga y no tienen arraigo en la ciudad, dado que al menos dos de ellos cambiaron de casa en varias oportunidades, señaló.

Sobre los Porras (no tienen antecedentes penales), dijo que de acuerdo a la investigación relacionada al patrimonio familiar, en un mes movieron $10 millones de pesos, que no están entre el dinero que secuestró la Policía. “Se debe tener en cuenta esa liquidez, que podría ser usada para fugarse”, sostuvo.

Advirtió el peligro de entorpecimiento en la causa, ya que no se descarta que existan más responsables (el material que encontraron en los celulares es voluminoso), y también remarcó la reiterancia en este delito. Recordó que la mujer, al momento del allanamiento, “intentó descartarse de la droga tirándola al inodoro”.

Frías (47 años) sí tiene antecedentes. Una condena de 4 años por robo simple; desobediencia a una orden judicial (dos hechos); lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género; amenazas, violación de domicilio y daños. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis lo condenó a 1 año de cumplimiento efectivo, por tenencia de droga.

Los abogados Valentín Rivadera y Pascual Celdrán son los defensores de los acusados.

Al final, el juez Juan Carlos Nacul dispuso la prórroga de detención, pero por 60 días. Dijo que hay “prueba acabada, elocuente, fotográfica, con presencia de compradores, hay una menor involucrada, y hasta advertencia de que tengan paciencia los que querían comprar”.

La investigación sobre estas personas la comenzó la Justicia Provincial. Cuando allanaron la casa de Frías, estaba manteniendo relaciones con una menor. Y cuando inspeccionaron el lugar incautaron un cuaderno con tapas duras, el cuerpo vacío de una lapicera y polvo blanquecino similar a la cocaína sobre la mesa de una habitación. Una balanza de precisión digital sobre la mesada del área de cocina (con restos de polvo blanco) y un sistema de grabación tipo DVR. También $101.200 en efectivo y dos teléfonos celulares.

En la casa de Ministro Berrondo había dos réplicas de 9 milímetros, 21 envoltorios de cocaína, una balanza de precisión, una máquina de contar dinero y la suma de $1.961.430 de pesos. Desde ese momento también tomó intervención la Fiscalía Federal de Villa Mercedes, que comenzó a investigar.

Ante las sospechas de que los detenidos estuvieran involucrados “en una empresa delictiva más compleja” el Juzgado de Nacul se declaró competente (solo por la causa de estupefacientes) y le pidió a la Justicia provincial que se inhiba de continuar entendiendo sobre estos delitos. La investigación estaba a cargo de la fiscal Daniela Torres.