El juez Federal, Juan Carlos Nacul denegó las cuatro solicitudes de eximición de prisión y excarcelación que solicitaron los implicados en una organización narcocriminal que manejaba el negocio de la cocaína desde, por lo menos, mayo de 2021 en Villa Mercedes. En todos los casos, el fiscal Danilo Miocevic que tiene a cargo la investigación se opuso a los planteos de los detenidos y fundamentó por qué deben seguir encarcelados.
A la hora de resolver se tuvo en cuenta la abultada evidencia que los incrimina, el peligro procesal (de fuga porque el poder económico los favorece para eso) y un alto riesgo de entorpecimiento de la investigación que todavía no concluyó (todavía hay pruebas que son analizadas, y pueden influir sobre testigos, destruir, ocultar, suprimir elementos de prueba o intentar asegurar el provecho del delito). También la gravedad del delito por el que son acusados (una pena de hasta 20 años de prisión).
La banda fue desarticulada el 21 de mayo pasado cuando Gendarmería Nacional y Policía de San Luis capturaron al líder de sostener un “clan familiar” y a casi la totalidad de sus miembros.
Los abogados que asumieron la defensa de todos son Gustavo Muñoz y Bautista Rivadera.
Abigail Priscila Villega, es la cuñada del líder de la banda, Diego Funes. Basó el pedido del beneficio en que cursa un embarazo de alto riesgo (de siete meses) para evitar su permanencia en la cárcel, y quedar detenida en su casa. Los defensores expusieron que la mujer debe llevar controles permanentes y medidas de cuidado que “no incompatibles con el encierro carcelario”.
Según la investigación, ella tenía a cargo una boca de expendio (a revendedores y consumidores) sobre calle Ministro Berrondo al 900, en el barrio Eva Perón II. Y es señalado en la causa como uno de los puntos de distribución más importantes de la organización. Al lugar lo denominaban como “Casa quemada”. Es donde ella vivía con sus hijos.
Su hermana, Katherina Villega pidió la excarcelación exponiendo que es madre de tres menores de edad, y que además tiene a cargo a su sobrina de 13 años de edad. Se la acusa de haber administrado “varias bocas de expendio” ubicadas en el margen noreste de la ciudad, como así también el abastecimiento a revendedores independientes.
En el orden de los roles, “Katy” sería una persona de mucha confianza para “El Gaucho”, su cuñado, ya que no solo se encargaba de la distribución de estupefacientes, sino también de la recaudación del dinero. Se verificó que recibió a transferencias de $58.199.037 por parte de Héctor “El Oso” Frías, uno de los revendedores importantes (administraba puntos de venta). Está preso desde diciembre del año pasado.
Los menores a su cargo tienen 10, 13, 14 y 15 años. Para el Fiscal, excarcelar o morigerar la prisión preventiva de Villega, será “nociva y perjudicial para los hijos y la sobrina. Entiende que la actividad narcocriminal, la pareja la desarrolló en el domicilio familiar, en presencia de los chicos “que cuentan con edades para comprender acabadamente los alcances, detalles y rendimiento económico”.
María Del Carmen Olariaga, pareja del hermano de Funes, estaba prófuga porque cuando allanaron su casa no estaba. Hizo el pedido de eximición de prisión para que no la manden a la cárcel, y fundamentó que tiene 3 hijos menores, uno de un año que está todavía en tiempo de lactancia. Expuso el compromiso de no eludir la acción de la Justicia, y el arraigo en la ciudad.
Ella y su pareja, Antonio Ángel Funes están acusados de comercializar y distribuir la cocaína dentro de la ciudad de Villa Mercedes, puntualmente en el barrio Eva Perón II. La Policía allanó muchas veces su casa y siempre encontró drogas. En los últimos cuatro años (desde que comenzó a ser investigada) no se le conoció ningún trabajo lícito.
En la presentación que hizo la defensa expuso el compromiso de la mujer de eludir a la Justicia, y advirtió que no tiene antecedentes condenatorios. Ella es oriunda de Villa Mercedes y madre de tres menores de edad. La más pequeña tiene un año y se encuentra en periodo de lactancia, fundamentó para no ir a la cárcel.
La cuarta excarcelación se la denegaron a Ángel Funes, hermano del cabecilla. Los abogados pidieron el arresto domiciliario, y como fundamento expusieron que “no se ha configurado ningún riesgo procesal concreto que justifique la medida de privación de la libertad y que la gravedad del hecho imputado y la expectativa de pena no pueden operar como obstáculo automático al beneficio solicitado”.
Señalaron que Funes carece de antecedentes penales, y que desarrolla una actividad informal como carpintero. Hace trabajos a pedido, fabrica muebles, de ahí su fuente de ingreso.
El pasado 21 de mayo le encontraron en su poder 41 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en ocho envoltorios. Lo cual se relacionó con un destino comercial (en la modalidad de fraccionamiento).
Para Miocevic, la existencia de una actividad laboral no registrada “no resulta suficiente para neutralizar el riesgo de fuga”, mucho más aun cuando se pudo corroborar el sostenimiento económico de su grupo familiar por medios lícitos.
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