La ministra de Salud, Teresa Nigra informó hoy que 36 obras sociales mantienen a la fecha una deuda de $4.668 millones al Estado de San Luis. Ello surgió del análisis de la ejecución presupuestaria del primer semestre del año y la aplicación de la nueva Ley de Recupero de Gastos en Salud.
“Es importante la deuda que tienen las obras sociales con el ministerio, incluido el Hospital Central Ramón Carrillo. La deuda vencida de las obras sociales, incluidas en el nuevo proyecto de ley, asciende a $510 millones y corresponde a marzo y abril. Y la deuda vieja, con el sistema anterior, asciende a $1.629 millones. Por otra parte, al Carrillo las obras sociales le deben, al día de hoy $ 1.754 millones. Eso es una suma de $3.893 millones. Y hay que sumarle como importante la deuda que tiene IOMA con DOSEP, que es la obra social de la provincia de Buenos Aires, de $763 millones“, explicó.
Por un lado, las obras sociales que representan el 36% de la atención que hace el ministerio de Salud con todos sus efectores. “Vamos a iniciar el proceso de ejecución de deuda. Ya agotamos la vía de los llamados telefónicos, comunicaciones vía mail, etc. Van a empezar a recibir las obras sociales las cartas documentos, para, por otra parte, poder abrir la vía del apremio ejecutivo de cobro”, informó.
Las principales obras sociales que le deben al Estado provincial son PAMI ($796 millones), Osecac ($707 millones), la Obra Social de los Empleados Rurales ($417 millones), Unión Personal Civil de la Nación ($393 millones), Osfatun ($283 millones), la prepaga Cobertura de Salud ($216 millones), la Obra Social de los Empleados de Transporte ($213 millones) y del Personal de la Construcción ($114 millones).
Entre marzo y abril de este año funcionarios provinciales viajaron a Buenos Aires por la deuda de PAMI. “Pagaron una parte y ahora ya no nos atienden el teléfono. En el equipo de recupero hay personal que de modo constante se está comunicando con las obras sociales, pero ante la no respuesta y viendo que deuda se acumula, hemos decidido abrir la vía legal”, señaló Nigra.
La ministra se detuvo en el caso de IOMA. “Dosep les presta servicio a los afiliados de IOMA a través de un convenio de reciprocidad con la obra social de la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos 517 afiliados de IOMA que viven en San Luis y 45 de San Luis que viven en la provincia de Buenos Aires. En 2017 Dosep convino con el IOMA que nos iban a pagar por prestación, ya que la cápita, que es de $3,50, no cubría los costos de la obra social. A la fecha nunca se pagó por cápita, por eso se llegó a esta situación”, puntualizó.
En promedio, el gasto promedio de los afiliados de IOMA en San Luis son $72 millones mensuales que cubre la obra social provincial, y lo que aporta IOMA son $ 15.700, por lo cual Dosep ya ha enviado las cartas documento a la Provincia de Buenos Aires. “Si ellos no responden, vamos a tener que cortarles los servicios a los afiliados de IOMA”, adelantó.
“Esto no va a ser un problema de Dosep, va a ser un problema de la Provincia de Buenos Aires, que le tiene que dar las prestaciones a sus afiliados, porque a estos afiliados les están reteniendo el aporte. Lo mismo pasa con las otras obras sociales. Toda persona que tiene obra social, a quienes nosotros le prestamos el servicio, la obra social le retiene su aporte a través del sueldo y se queda con sus aportes. Y el Estado provincial está restando servicios a aquellos que no tienen nada por cubrir las prestaciones que no pagan las obras sociales. Esto no quiere decir que le vamos a dejar de prestar el servicio a las obras sociales, por ahora. Pero sí necesitamos que las obras sociales respondan porque ellos se están quedando con los aportes los afiliados”, manifestó.
La deuda de IOMA data de 2017. En cuanto a las restantes, Nigra dijo: “Con la ley nueva, que empezó a regir en abril, son $510 millones. Y los $1.629 millones son con Ley de Autogestión Anterior. También es importante saber que el 40% de lo recaudado del recupero de gasto va a los salarios del personal de Salud. “Si nosotros no recaudamos, es un 40% menos que perciben los empleados. Del total de recupero de gastos, cuando hacemos el corte, que es semestral, el 30% se destina a la compra de bienes de uso, el 30% a emergencia sanitaria y el 40% se distribuye entre los trabajadores. Eso se le suma al salario habitual. Si no se percibe, no se paga porque eso depende de la facturación de cada efector”, refirió
Abonar la deuda en cuotas no tiene sentido, porque igual se incrementa el monto adeudado. “A este servicio, si no lo prestamos nosotros, se lo tendría que haber prestado el prestador privado. Es decir, es un gasto que debieran tener previsto en su flujo de fondos, que deben financiar con los aportes de los afiliados”, sostuvo.
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