A lo largo de casi una hora, este miércoles el fiscal Federal Cristian Rachid detalló las maniobras que desplegó la banda narco que era organizada desde la cárcel por Rafael Dante Churquina. En el acuerdo de juicio abreviado, Rachid enumeró los delitos en los que incurrió cada uno de los ocho implicados y cómo era dirigidos por el líder.
"Churquina, desde su lugar de detención y contando con la ayuda penitenciaria, organizó y financió la adquisición de más de cinco kilos de cocaína”, subrayó Rachid sobre el plan que pudo frenar la Policía de Seguridad Aeroportuaria y que desbarató a la banda criminal el 31 de agosto de 2023.
El fiscal hizo énfasis en su acusación en que “la evidencia demuestra que el grupo operaba con una estructura piramidal, con roles claramente definidos, dirigidos por Churquina desde la cárcel".
En diálogo con El Chorrillero, explicó los alcances del juicio abreviado realizado el miércoles ante el Tribunal Oral Federal, donde ocho imputados aceptaron su responsabilidad por delitos de narcotráfico, lavado de activos y cohecho.
“El juicio fue parcial. De las diez personas acusadas, se arribó a un acuerdo con ocho. Ahora el juez (Alberto Carelli) debe resolver si acepta o no el acuerdo y, en ese caso, definir las penas, multas y decomisos”, sostuvo Rachid. El magistrado que intervendrá en esa decisión se desvinculó del debate general para analizar exclusivamente los acuerdos, que ya fueron formalmente admitidos.
El fiscal Federal, Cristian Rachid.
Churquina, considerado jefe de la banda, enfrenta la pena más alta: 12 años de prisión y una multa de más de 10 millones de pesos. Los demás acusados, entre ellos Marcelo Leyes, Lorena Ramallo, Milagros Simioli Inzirillo, Jorge Orozco, Mario Ojeda, Lucrecia Valdez y Javier Martiranía, recibieron distintas solicitudes de condena de acuerdo con su grado de participación.
La audiencia también abordó la situación particular de Ramallo y Simioli Inzirillo, cuyas defensas solicitaron la prisión domiciliaria por razones humanitarias: “En un caso se invocaron cuestiones de salud, y en otro, el cuidado de niñas menores”, indicó el fiscal. Aclaró que esas situaciones “no son materia de negociación en un juicio abreviado” y que la fiscalía evaluará los antecedentes incorporados “con estricta seriedad”.
Uno de los puntos clave del acuerdo fue el decomiso de bienes vinculados a la maniobra de lavado de dinero. “Se solicitó que una persona, que no está imputada pero fue señalada como testaferro, sea desapoderada de nueve vehículos que estaban a su nombre, pero que en realidad pertenecían a la organización criminal”, confirmó Rachid.
“Son tres tipos de hechos: tráfico de estupefacientes agravado, lavado de activos provenientes del narcotráfico y cohecho, en relación a funcionarios penitenciarios que dejaron de cumplir su deber a cambio de dádivas”, resumió el fiscal.
El juicio oral para los dos acusados que no firmaron el acuerdo, Daniel Becher y Efraín Cortez está previsto para el 28 de julio. La resolución sobre el juicio abreviado se espera antes de esa fecha, aunque el tribunal no tiene un plazo legal específico para pronunciarse.
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