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Este miércoles a las 9 será la audiencia de formulación de cargos contra 12 personas señaladas como parte de una presunta red dedicada a la apropiación ilegal de propiedades. La acusación fue presentada por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, quien imputará a los integrantes por el delito de asociación ilícita, en una investigación que destapó maniobras de gran alcance en el ámbito judicial.

Deberán comparecer los abogados Juan Cruz Domínguez y Pablo Héctor Herrera; Hugo Alberto Guzmán, Juan Alberto Sosa, Alberto Javier Ochoa, José Héctor Jofré, Mario Cristian Vega, Carlos Mario Peralta, Roberto Daria Córdoba Gordillo, Héctor David Escobar, María de los Ángeles Toscano y Walter Luis Alejandro Terceros.

Según el fiscal, la organización habría actuado de manera sistemática “con el fin de apoderarse de inmuebles a través de fraudes procesales, de engaños a la Justicia y también de aprovecharse de la situación de las víctimas, en su mayoría personas de edad avanzada o que no residen en la provincia”. La investigación apunta a que las maniobras incluyeron falsificación de instrumentos públicos y privados, declaraciones testimoniales falsas, usurpaciones, estafas y confección de títulos apócrifos.

El abogado Juan Cruz Domínguez es considerado el líder de la banda. Su figura cobró mayor repercusión porque es pareja de la jueza de la Sala Civil, Comercial, Ambiental, Familia, Niñez, Adolescencia y Violencia de la Cámara de Apelaciones de la Segunda Circunscripción Judicial, María Nazarena Chada, hermana de Cecilia Chada, quien se desempeñó como ministra del Superior Tribunal de Justicia hasta su renuncia en mayo de este año.

El origen de la causa

El caso se inició hace dos años a partir de la denuncia de los abogados Maximiliano y Sebastián Pipitone, quienes revelaron que la asociación ilícita utilizaba recursos del propio Poder Judicial para consolidar las apropiaciones. A partir de su investigación, detectaron al menos 25 casos de terrenos e inmuebles afectados, aunque estiman que podrían superar los miles.

“Lo que detectamos fue una maniobra de un grupo de personas que buscaba apropiarse de manera ‘legal’ de inmuebles, lavar escrituras y utilizarlas como dominio perfecto para luego venderlas o explotarlas”, explicó Maximiliano Pipitone.

Su hermano Sebastián agregó que en cada causa se repetía un patrón: “Se trataba de usurpación de inmuebles acompañada de falsificación de documentos, firmas de escribanos, timbrados de rentas, tickets de bancos y testimonios falsos”. En algunos juicios, uno de los acusados aparecía como demandante y otro como testigo; en otros, los roles se intercambiaban para sostener la maniobra.

El fiscal Assat Alí sostuvo que la audiencia de este miércoles es un paso clave para avanzar en la causa, ya que permitirá formalizar la acusación contra quienes están sospechados de haber montado un esquema delictivo que utilizaba a la Justicia como herramienta para despojar a familias de sus bienes.