San Luis vuelve a sacudirse por un caso de corrupción que amenaza con salpicar a lo más alto del poder político. Ernesto “Pipi” Alí, actual diputado nacional, deberá sentarse en el banquillo junto a los exministros Luciano Anastasi y Claudio Latini, acusados de fraude millonario, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, aceptó el pedido de la fiscal Linda Maluf Martínez y citó a indagatoria a los tres exfuncionarios.
Los exintendentes de San Francisco, Jeremías Vivas, y de Cortaderas, Mario Canali, también quedaron bajo la lupa por el mismo mecanismo: transferencias del Ejecutivo provincial que desaparecieron sin que se levantara un solo ladrillo.
Pero lo más explosivo no fue la citación judicial, sino la defensa de Alí:
“Salí más pobre que cuando entré”, lanzó, en una frase que retumba en el escenario político y reaviva las sospechas sobre el patrimonio de los amigos y del hijo del exgobernador.
El proceso ahora entra en un terreno caliente: los exministros podrían terminar enfrentando un juicio oral que exponga con lujo de detalles cómo se evaporaron fondos públicos bajo la administración de Alberto Rodríguez Saá.
¿Caerán solo los alfiles o también el círculo íntimo del exmandatario? La calle ya habla de un “escándalo histórico” que recién empieza.
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