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El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios admitió la formulación de causa y comunicó el apartamiento de la función del juez Penal, Santiago Ortiz a partir de una denuncia que realizó el abogado Carlos Díaz. Al mismo tiempo comunicó que mientras dure el proceso el magistrado cobrará el 50% de su remuneración.

La resolución fue firmada por Jorge Levingston, María Uccello, María Chada, Mauricio Daract, Carlos García, Carlos “Charly” Pereira y Walter Aguilar. Lo que se investigará son dos hechos donde está cuestionada la conducta del magistrado, y que podría confirmar los delitos de abuso de poder y tráfico de influencias, mal desempeño e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

El primero que motivó la denuncia se remonta a marzo de 2025 cuando Ortiz, como titular del Juzgado de Garantía N°4 de la Segunda Circunscripción Judicial con asiento en Villa Mercedes, se excusó en la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix, y que tiene entre los imputados a la ex diputada albertista Anabela Lucero, y a su pareja y actual diputado provincial, Joaquín Beltrán.

Lo hizo basándose en “razones de decoro y delicadeza”, ya que su hermano había alquilado un departamento amoblado a Beltrán. Según el magistrado la medida que tomó fue “para evitar cualquier tipo de dudas” sobre su persona y “sobre la imparcialidad del proceso”. Sostuvo que esa propiedad le pertenece a la familia, y que el contrato quedó sin efecto.

A partir de esto la causa fue derivada por orden de subrogación al juez de Garantía N° 1, Alfredo Cuello, que no tardó mucho en redactar un durísimo pronunciamiento. Rechazó la excusación y trató a Ortiz de “escapista”. Lo acusó de “huir de la causa” y le señaló que actúa “liviana, mendazmente y con desconocimiento de la jurisprudencia y del derecho”. Inclusive planteó que “mintió”, que “los motivos no son ciertos”.

“Que fácil sería la tarea de un juez si pudiésemos elegir los procesos penales en los que nos gustaría intervenir, permitiéndosenos optar por pasársela a otro, y que se joda, coloquialmente hablando, dependiendo de quienes son los imputados, los damnificados, los fiscales o los defensores intervinientes”, dijo en un pasaje de su resolución.

“Rechazo el apartamiento del Dr. Ortiz por pensar que lo esbozado por éste, lejos de constituir motivos serios de decoro y delicadeza, ni siquiera son motivos, no son ciertos, son mentiritas, simples artilugios producto de una exacerbada y dramatizada susceptibilidad, introducidos de un modo engañoso y malicioso, entre gallos y medianoche, claramente violatorio de todo lo legislado en todo el capítulo pertinente del C.P.P. (Ley Nº VI-0152-2021)”, tuvo en cuenta.

Le dijo también que esta causa “le provoca mucha incomodidad, obviamente no idónea para torcer la imparcialidad y la tranquilidad de espíritu de un magistrado”.

Le pidió “ser responsable, no informar algo que no ocurrió de un modo diferente o agigantar sus emociones”. También que debió seguir el consejo que le dio: “Ponete los pantalones largos”. Y agregó: “Prefirió los cortos y salió a jugar con la garantía Constitucional del “juez natural”, utilizando para ello desde la exageración hasta la mentira”.

La otra causa por la cual se investigará la conducta de Ortiz es de instancia privada. La denuncia sostiene que el magistrado ejerció “presión inusitada” sobre los empleados de la fiscalía y de las áreas especializadas, como Delitos Complejos, que estaban involucrados en averiguar el caso, vinculado a un delito contra la integridad sexual de una menor.