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Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, detalló que en el caso de que exista una sentencia condenatoria, Ernesto “Pipi” Alí, Luciano Anastasi y Claudio Latini podrían recibir penas que los obliguen a devolver el dinero vinculado a contrataciones por “obras millonarias” que quedaron en la nada. Situación que complicaría al ex intendente de La Toma, Alí, quien aseguró estar “crocante de seco”, en referencia a su capacidad económica.

“Teniendo en cuenta que está en juego la administración pública, puede haber penas accesorias en donde deban devolver dinero o se reclame algún tipo de monto”, aclaró a la prensa el abogado querellante. Y justificó: “La medida cautelar, que es una inhibición de bienes por 120 días, es justamente para garantizar que los imputados estén solventes en caso de llegar a esa situación”.

Este jueves se realizó en el Poder Judicial la audiencia de Formulación de Cargos en la que se imputó por defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público a los dos ex ministros de Seguridad, Anastasi y Latini, y al intendente en uso de licencia de La Toma y actual diputado nacional, Ernesto “Pipi” Alí; Jeremías Vivas, ex intendente de San Francisco del Monte de Oro; y Mario Canali, ex intendente de Cortaderas.

“Está acreditado, como lo expuso el ministerio Público Fiscal, que la plata salió del Gobierno e ingresó a los municipios. Sin embargo, están las contrataciones, que inclusive fueron verificadas por inspecciones judiciales, y cómo después las obras quedaron en total abandono. Ese dinero quedó absolutamente en la nada y está constatado”, explicó Calderón Salomón tras tres horas de intensa audiencia donde las declaraciones, casi a los gritos, de los imputados se escuchaban desde afuera: un “¡que expliquen qué hice!”, de Alí; y otro “esto es una locura”, de Anastasi.

El jefe de Sala Penal aclaró que los imputados en ningún momento pudieron justificar a dónde fue el dinero. Los contratos, que se firmaron entre 2022 y 2023, consistieron en $28.801.501 para obras en La Toma, $17.337.351 en San Francisco del Monte de Oro y otros $14.993.638 en Cortaderas. Las sumas estaban destinadas a refaccionar y reacondicionar destacamentos de bomberos, espacios de la Secretaría de la Mujer, comisarías y dependencias de la Policía como Criminalística, Investigaciones, Canes y un comedor.

“Incluso, hay rescisiones de los contratos en algunos casos, pero sin devolución del dinero, por supuestas ‘cuestiones del país’”, apuntó. Y recordó que “previo a eso hay transferencias y declaraciones de testigos que manifiestan irregularidades, como excesos en los anticipos provisorios teniendo en cuenta el tipo de contratación”.

Calderón Salomón también habló de un claro “modus operandi” y señaló que el esquema se repitió en las tres intendencias con idénticas contrataciones, falencias y omisiones. Adelantó que cuentan con testimonios, que sumarán a su presentación, con policías y trabajadores asignados a las obras que, de un día para el otro, les suspendieron el trabajo.

Tanto Alí como Anastasi, en declaraciones con la prensa aseguraron que las obras estaban terminadas y señalaron al actual gobernador Claudio Poggi por inaugurar una de ellas; a lo que el jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado respondió: “Que digan eso llama la atención, pero es parte de las declaraciones que hicieron y es su derecho. Están las constataciones de cómo quedaron las obras con la gestión anterior, cuánto dinero recibieron y en qué condiciones quedaron en ese entonces. Luego, el Gobierno posterior decidió terminarlas”.

El abogado querellante remarcó que esta audiencia fue solo el inicio del caso y que desde el Ministerio Fiscal cuentan con pruebas importantes que van desde testimonios hasta transferencias bancarias