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Dos semanas después de renunciar como fiscal de Villa Mercedes, Daniela Torres planteó la nulidad de la audiencia donde le formularon cargos por quedarse con dinero de un allanamiento. Por ese hecho iban a someterla a un juicio político, el pasado 16 de septiembre, pero no se realizó por su decisión de dejar el cargo.

Los cuestionamientos se escucharon este jueves en una audiencia que llevó adelante la titular provisoria del Juzgado de Garantías Nº 3, Natalia Pereyra Cardini, en los Tribunales de Villa Mercedes. Por segunda vez la ex funcionaria judicial no estuvo presente en la sala, y participó de manera remota desde la ciudad de San Luis, donde reside.

El abogado de Torres, Hugo Scarso sostuvo que para determinar la competencia del juez debió tomarse la fecha de inicio de las actuaciones, y no la de un allanamiento. Además, cuestionó la inhabilidad moral de Ortiz. Dijo que debió excusarse ya que existe una denuncia que le hizo a su defendida ante el Jurado de Enjuiciamiento.

El 31 de julio Ortiz (que estaba como subrogante del Juzgado Nº 3 que todavía no había designado responsable tras jubilarse Mirta Ucelay) decidió hacer lugar a la imputación solicitada por los fiscales de la Tercera Circunscripción, Hugo Salazar Molina y Lucila Giampieri por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público (dos hechos) en concurso real con desobediencia a una orden judicial (dos hechos), en los términos previstos en los Arts. 248, 239 y 45 del Código Penal Argentino. Insistió Scarso que Ortiz no era competente.

Para el Ministerio Público Fiscal el planteo del letrado fue extemporáneo: aunque existieran motivos para recusar a un juez, no se hizo dentro del tiempo previsto. Según el artículo 35 del Código Procesal, la recusación a un magistrado “debe presentarse dentro de los dos días de conocerse las causas en que se funda”. En concreto ya pasaron casi dos meses.

Salazar Molina y Giampieri participaron de la audiencia mediante la web, desde el edificio judicial de Concarán. Para garantizar la transparencia del proceso, la Procuración General resolvió que no sean los colegas de la Segunda Circunscripción los que investiguen el accionar de Torres.

Los fiscales tienen hasta finales de este mes para concluir con la investigación penal preparatoria, y después ya estarán en condiciones de hacer la acusación y la elevación de la causa a juicio.

El pedido de Torres sucede casi al mismo tiempo que el Jurado de Enjuiciamiento comunicara el apartamiento de Ortiz como juez. Hay dos causas donde su conducta es reprochada. Según se lee en la denuncia que hizo el abogado Carlos Díaz, una tiene relación con la ex fiscal. A él se lo acusa de haber ejercido presiones sobre esa Fiscalía por una denuncia de instancia privada (vinculada a un delito contra la integridad sexual). Se habría producido esto porque Torres no tuvo celeridad para tomar medidas en el caso.

La segunda es por su intensión de apartarse de la causa que investiga el vaciamiento del Molino Fénix, donde la ex diputada albertista, Anabela Lucero está implicada. Se sostiene que su excusación fue “infundada”.

Ahora Torres y Ortiz están en una situación similar. Ella, aunque ya no es funcionaria judicial, seguirá sometida al proceso penal que la llevará a un juicio; y él irá a otro donde podrían destituirlo.

La causa contra Torres

En mayo de este año, el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de San Luis admitió la formación de causa y suspendió a Torres. Fue por la denuncia que hizo el juez Matías Farinazzo Tempestini cuando advirtió que la funcionaria se había quedado con dinero secuestrado en un allanamiento. Las sospechas comenzaron cuando le ordenó que le entregara a María Lorena Rodríguez los $473.020 que le habían incautado de su casa, por una casusa de robo donde estaban involucrados los hijos. La mujer peregrinó por los pasillos de Tribunales pero no el daban su plata, y la siguió reclamando. El magistrado fijó una audiencia para resolver el conflicto, pero en dos oportunidades se suspendió a pedido de Torres.

Fue entonces el 16 de octubre cuando pudo concretarse la audiencia, Farinazzo Tempestini se encontró con la verdad. Le preguntó dónde estaba la plata y ella dijo que la había depositado en una cuenta de Procuración que no existía.

Finalmente Torres llevó el dinero a una comisaría para que se la entregaran a Rodríguez. Pero no eran los $473.020 establecidos sino $455.000.

Para el juez, Torres “mintió e incumplió”. Fundamentó que el proceder fue contrario a la ley y que afectó “el debido proceso, el patrimonio de Rodríguez y la administración de Justicia como valor y bien jurídico protegido”.

Tuvo en cuenta que fueron dos hechos “de incumplimiento de los deberes de funcionario público”. El primero “la falta de aplicar el procedimiento previsto en la ley para la guarda custodia y resguardo del dinero secuestrado”, y el segundo por expresar en una audiencia “manifestaciones que no eran ciertas” para obtener una resolución judicial que favorezca “su pretensión”.

Por esto, pidió el apartamiento de esa causa y la denunció ante la Procuración General de la Provincia “por la posible comisión de delitos de acción pública”. También ante el Jurado de Enjuiciamiento de Funcionarios y Magistrados de San Luis “por su actuar doloso y contrario a la ley configurativo de las causales de remoción previstas en los Art. 22.I.e; 22.I.o; 22.II.e; 22.II.i y 22.V”.

Tras ser suspendida, el fiscal que la subroga, Leandro Estrada, la denunció en agosto por otra irregularidad donde hubo plata de por medio. La evidencia es que le cobró 100 mil a un ladrón para cerrar una causa donde ella lo había imputado. Lucas Pastrán, conocido por sus antecedentes penales, ofreció una reparación económica por ese monto de dinero, pero el damnificado no lo aceptó y eso consta en el expediente. Sin embargo hay un comprobante de que la fiscal sí cobró la plata, porque tiene su firma. Pastrán no puede dar fe de nada porque en la Navidad del año pasado lo mataron de un disparo por la espalda.

Esta denuncia también podría ser investigada en Concarán.