El ex ministro de Legalidad de San Luis, Sergio Gustavo Freixes, ya está tras las rejas. Este sábado alrededor de las 2 ingresó al Servicio Penitenciario Provincial para comenzar a cumplir la pena de seis años de prisión, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazara el recurso de queja y dejara firme la condena por presionar a jueces para que firmaran su renuncia anticipada antes de asumir el cargo para el que habían concursado. Fue trasladado por una comisión de la Policía Federal de Villa Mercedes.
La medida fue ordenada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis, que dispuso la inmediata detención de Freixes. Quedó registrado en el penal provincial, donde se le tomaron las fotografías oficiales de ingreso y se certificó la ejecución de la sentencia. Quedó alojado en la Unidad 1.
La causa judicial se originó en 2004 y 2005, durante el primer gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Las denuncias expusieron un sistema de condicionamiento a los magistrados designados en la provincia: se les exigía firmar por adelantado su renuncia al cargo, como prerrequisito para que el Poder Ejecutivo remitiera sus pliegos al Senado.
La maniobra quedó en evidencia a partir de la denuncia presentada por la abogada Gretel Diamante y del testimonio de Marina Ziliotto, quien había accedido al cargo de jueza de Cámara mediante concurso. Ziliotto declaró que, antes de asumir, se le exigió participar de un pedido de jury contra dos colegas de la Cámara de Apelaciones que integraba y que, bajo amenaza de hacer efectiva una renuncia anticipada firmada sin fecha, pretendían condicionarla en el ejercicio de la magistratura.
El 1º de noviembre de 2018, el Tribunal Oral Federal condenó a Freixes como coautor de los delitos de amenazas coactivas y amenazas agravadas, previstos en el artículo 149 bis, segundo párrafo, y 149 ter, inciso segundo, apartado a) del Código Penal. En esa instancia fue absuelto por uno de los dos hechos investigados.
En 2019, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal revisó la sentencia, lo condenó también por el segundo hecho y elevó la pena a seis años de prisión. La defensa apeló nuevamente, lo que llevó a una nueva revisión por parte de otro tribunal de Casación, que confirmó la responsabilidad penal del ex funcionario.
El último intento de evitar la prisión llegó con el recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Freixes reclamó la revisión integral de la sentencia, cuestionó la calificación legal, el monto de la pena y alegaron violación al principio de ne bis in ídem y al plazo razonable. Sin embargo, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron los planteos por inadmisibles, bajo la figura del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.
Con ese pronunciamiento, la condena quedó firme y este sábado se concretó la detención, cerrando un proceso que se extendió durante casi dos décadas y que reveló maniobras de injerencia del Poder Ejecutivo en la integración y funcionamiento del Poder Judicial.
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