San Luis acaba de poner en funcionamiento tres oficinas que apuntan a reducir la litigiosidad laboral. En la previa del debate por la reforma laboral que el Gobierno nacional enviará al Congreso, la discusión sobre la “industria del juicio” volvió a instalarse con fuerza en la agenda pública. La novedad llegó desde Buenos Aires: un informe elaborado por Fundación Mediterránea ubicó a San Luis como la segunda provincia con mayor litigiosidad laboral del país, y los principales medios porteños destacaron ese dato en sus coberturas, como en el caso de un artículo firmado por la periodista Lucrecia Eterovich para Infobae.
La estadística es contundente. San Luis registra 23 juicios por cada mil asalariados, sólo detrás de Santa Fe, que encabeza el ranking con 24. El contraste es drástico respecto de otras jurisdicciones: Salta, por ejemplo, registra 0,1 demandas cada mil trabajadores. La heterogeneidad, así, se transforma en un factor que distorsiona el costo laboral y la previsibilidad para quienes invierten o generan empleo.
Un salto que no se explica por más accidentes
El trabajo de la fundación cordobesa mostró que entre 2021 y 2025 las causas judiciales por accidentes y enfermedades laborales crecieron con fuerza, hasta ubicarse cerca de las 125.000 presentaciones anuales. El número se aproxima al récord que motivó la sanción de la Ley 27.348 en 2017.
Sin embargo, la siniestralidad laboral —los accidentes reales— sigue en descenso. Lo que crece, señalan los especialistas, es la judicialización. El motor del fenómeno no es el aumento de riesgos, sino la estructura de incentivos del sistema judicial y pericial que rige en cada provincia.
Cómo incide el funcionamiento de la Justicia provincial
En varias jurisdicciones, los peritos médicos continúan designándose por sorteo. En muchos casos, no hay concursos ni especialización obligatoria, y los honorarios se calculan como porcentaje del daño determinado. Ese mecanismo, advierten los expertos, genera “una tendencia sistemática al sobrediagnóstico”.
La Ley 27.348 buscó corregir este esquema al crear los Cuerpos Médicos Periciales (CPM), con ingreso por concurso, evaluación técnica y obligación de revisar los dictámenes de la Comisión Médica. Pero la aplicación fue parcial. La mayoría de las provincias mantiene procedimientos que incentivan a judicializar incluso casos que podrían resolverse administrativamente.
Un efecto directo en los costos del empleo
La consecuencia económica es inmediata: el riesgo judicial pesa más que el accidente real. Las alícuotas que pagan las empresas a las ART ya no reflejan únicamente el riesgo efectivo de cada actividad, sino también el nivel de litigiosidad del distrito donde operan.
En agosto, la alícuota promedio alcanzó el 2,9% de la masa salarial. Aún así, no alcanza para cubrir el impacto financiero del crecimiento de juicios. Las ART trasladaron parte de ese costo a las empresas, lo que encarece la formalización laboral y reduce competitividad.
El panorama se tensó cuando la Superintendencia de Seguros de la Nación dispuso la inhibición general de bienes a una ART por déficit financiero. El episodio encendió alertas sobre posibles riesgos sistémicos si la litigiosidad continúa en aumento.
Medios porteños señalan a San Luis
La aparición de San Luis en el podio nacional de litigiosidad fue rápidamente retomada por medios de Buenos Aires, que destacaron la situación provincial como uno de los ejemplos más ilustrativos del problema.
En su lectura, San Luis forma parte del “núcleo duro” de provincias que sostienen niveles altos de juicios laborales pese a la baja en accidentes, un fenómeno que condiciona el empleo formal y presiona sobre el costo laboral.
Mientras avanzan los proyectos de reforma laboral, la presidenta de la UART, Mara Bettiol, sostuvo que “ninguna reforma podrá cumplir sus objetivos si el Sistema de Riesgos del Trabajo continúa sometido a esta dinámica judicial”.
Con San Luis en el segundo puesto del ranking nacional, el tema vuelve a instalarse con fuerza en la agenda pública provincial y nacional.
Frente al panorama de la “industria” del juicio laboral el gobierno provincial impulsó la adhesión a la Ley 27.348 y la incorporación de las comisiones médicas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, cuyas sedes en San Luis fueron inauguradas hace menos de una semana. Ahora la provincia se alineó a un sistema que acorta los plazos de resolución, reduce juicios laborales y da más previsibilidad en las relaciones de trabajo.
Con las tres nuevas sedes de Superintendencia de Riesgos del Trabajo —en la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Concarán— la provincia inaugura así un sistema de justicia laboral administrativa previa que pretende poner fin a años de litigios largos, costos elevados y demoras para trabajadores y empleadores.
Esas comisiones cumplen funciones clave: evalúan accidentes laborales, enfermedades profesionales, determinan grado de incapacidad, revisan tratamientos, homologan acuerdos con aseguradoras, y pueden resolver apelaciones o rechazos antes de que un caso llegue a juicio.
Para las empresas implica una reducción importante en el costo por ART: al disminuir el riesgo de litigios, algunas alícuotas podrían bajar hasta un 50 %. Para trabajadores significa acceso rápido a asesoría, peritajes, y resolución en plazos mucho más breves (máximo 60 días, según autoridades) en lugar de años de reclamos judiciales.
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