El juez de Garantía N° 3 de San Luis, Marcos Flores Leyes, resolvió sustituir la inhibición general de bienes que pesaba sobre funcionarios de Alberto Rodríguez Saá imputados por corrupción. El ex secretario de Transporte, Sebastián Anzulovich y el ex ministro de Producción, Marcelo Amitrano, están acusados en una causa por peculado y fraude contra la administración pública. El magistrado ordenó en su lugar un embargo preventivo sobre bienes específicos.
La decisión se tomó durante una audiencia realizada este miércoles por la mañana, a partir de un planteo impulsado por las defensas técnicas, que cuestionaron la medida original por considerarla excesiva y desproporcionada.
Durante la audiencia, el abogado de Amitrano, Carlos Bianchi sostuvo que las medidas cautelares deben ser “razonables, limitadas y estrictamente necesarias”, y advirtió que una inhibición total del patrimonio implica una afectación indebida de derechos constitucionales. En ese marco, propuso reemplazarla por una garantía concreta: una motocicleta valuada en aproximadamente 12 mil dólares.
En la misma línea, la defensora oficial Stefanía Cifuentes argumentó que Anzulovich posee una camioneta Volkswagen Amarok valuada en más de 38 millones de pesos, monto que incluso superaría el perjuicio investigado, por lo que solicitó que el embargo se limite a ese bien.
La audiencia de este miércoles. (Foto Periódico Judicial)
La postura fue avalada por la fiscal de Instrucción N° 6, Linda Maluf, quien no se opuso al pedido al considerar que los informes patrimoniales eran correctos y suficientes para garantizar el proceso. La funcionaria explicó que la inhibición general había sido solicitada inicialmente ante la falta de información sobre los bienes de los imputados, pero que siempre se contempló su eventual sustitución.
Tras escuchar a las partes, el magistrado resolvió hacer lugar al planteo y reemplazar la medida cautelar. Además, rechazó un pedido de nulidad presentado por las defensas, al entender que la formulación de cargos cumple con los requisitos legales y cuenta con sustento probatorio suficiente en esta etapa preliminar.
Un presunto fraude millonario
La investigación, encabezada por la Fiscalía, apunta a una maniobra que se habría desarrollado entre enero de 2022 y noviembre de 2023 en el ámbito del ministerio de Producción.
Según la acusación, durante ese período se registraron 356 cargas de combustible a una camioneta oficial Toyota Hilux asignada a la cartera, pero el vehículo fue encontrado en diciembre de 2023 en el domicilio del excomisario Marcelo Balbo —también imputado— en estado de abandono, con daños y el motor desmontado.
Para la Fiscalía, este dato resulta clave: mientras la camioneta no estaba en condiciones de circular, continuaban registrándose cargas de combustible en el sistema oficial, lo que indicaría un desvío sistemático de recursos públicos.
De acuerdo con los registros, Balbo figuraba como chofer en todas las operaciones. La hipótesis es que el combustible no se destinaba al vehículo oficial, sino a usos no autorizados, lo que habría generado un perjuicio económico superior a los $20 millones.
En cuanto a las responsabilidades, la fiscalía sostiene que Amitrano, como ministro, tenía a su cargo la administración de los recursos; que Anzulovich contaba con competencia directa sobre la flota vehicular; y que Balbo habría tenido intervención operativa en la maniobra.
Además, remarcó que el sistema de carga requería identificación del chofer, PIN y autorización específica, por lo que —según la acusación— el esquema no podría haberse sostenido sin intervención funcional de los responsables del área.
La causa continúa en etapa de investigación, con la calificación legal provisoria y la expectativa de que se profundice el análisis de la prueba en las próximas instancias.
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