La ex intendenta comisionada de Renca, Ester Farina pagará $6 millones al Estado en el marco de una causa en la que estaba imputada por distintos delitos contra la administración pública.
La medida fue homologada este martes por el juez de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, luego de una audiencia en la que se presentó un acuerdo conciliatorio y de reparación integral entre la defensa de Farina y la Fiscalía de Estado.
En la audiencia intervinieron el fiscal de Instrucción N°1, Hugo Salazar; la fiscal adjunta Andrea Aguilar; el fiscal de Estado adjutor, Rafael Berruezo, quien estuvo de manera remota; el abogado de la Fiscalía de Estado, Juan Ignacio Trusendi; los defensores Francisco Muñoz y Mario Aimale; y la propia imputada.
Se recordó que el 19 de diciembre de 2025 se formularon cargos contra Farina por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en dos hechos, peculado, usurpación de títulos y honores y estafa, todo en concurso real y en perjuicio de la administración pública provincial.
La audiencia en la Justicia.
Farina es esposa del ex intendente albertista Claudio Peralta y madre de la también ex jefa comunal, Romina Peralta (investigada por delitos similares). La familia controló el pueblo durante las últimas décadas.
La investigación se originó por irregularidades ocurridas durante su gestión al frente de la localidad entre 2011 y 2015. Según la acusación, los hechos incluían falta de rendición de balances y maniobras vinculadas con la emisión de cheques.
En el marco del artículo 223 del Código Procesal Penal de San Luis, las partes arribaron a un acuerdo conciliatorio que establece el pago por parte de la ex jefa comunal. El monto será abonado en tres cuotas mensuales, iguales y consecutivas.
El Ministerio Público Fiscal no se opuso a la propuesta y solicitó la homologación del convenio mediante la aplicación del criterio de oportunidad.
Tras analizar el acuerdo y efectuar el control de legalidad correspondiente, el magistrado resolvió aprobarlo en todos sus términos. Además, dejó asentado que el cumplimiento total y en tiempo de las obligaciones asumidas permitirá avanzar hacia la extinción de la acción penal, lo que habilitaría posteriormente el sobreseimiento y archivo de la causa.
La Fiscalía también advirtió que, en caso de incumplimiento, la parte damnificada podrá solicitar la revocación del acuerdo y la continuidad del proceso penal.
El acuerdo conciliatorio previsto en el Código Procesal Penal funciona como un mecanismo alternativo de resolución de conflictos. Permite que, en determinados casos, las partes alcancen una solución consensuada mediante la reparación integral del daño ocasionado, evitando así la continuidad del juicio penal.
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