La causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex ministro de Desarrollo Social, Nicolás Anzulovich, volvió a encaminarse este jueves tras la intervención del procurador General, Sebastián Cadelago Filippi, quien desactivó el planteo que había frenado la audiencia de imputación.
En un dictamen, el jefe del Ministerio Público Fiscal sostuvo que la suspensión de la audiencia no estaba prevista en el procedimiento y remarcó que la recusación del fiscal debía resolverse dentro de la propia estructura del organismo.
“No se advierte previsión normativa alguna que habilite la paralización de actos procesales cuya prosecución resulta indispensable”, señaló.
La intervención del procurador se produjo luego de que el juez de Garantía N°3, Marcos Flores Leyes, resolviera suspender la audiencia de formulación de cargos y remitir el planteo de la defensa a la Procuración, a partir de un pedido de nulidad presentado en el inicio de esa instancia.
Cadelago Filippi fue más allá y advirtió que la decisión adoptada en la audiencia generó una “dilación injustificada del trámite” y un “innecesario desgaste jurisdiccional”, al apartarse (Flores Leyes) de las reglas del sistema acusatorio.
Asimismo, dejó en claro que ese tipo de planteos tiene un cauce específico en el Código Procesal Penal y que su resolución corresponde exclusivamente al superior jerárquico del Ministerio Público Fiscal, sin que ello justifique suspender el proceso.
Tras ese pronunciamiento, el propio Flores Leyes fijó una nueva fecha para la continuidad de la audiencia de formulación de cargos: será el jueves a las 11.
La instancia es clave en la causa, ya que es el momento en que la Fiscalía expondrá los hechos y las pruebas en base a las cuales busca formalizar la imputación contra Anzulovich, algo que hasta ahora no pudo concretarse tras una serie de suspensiones.
Nicolás Anzulovich en Tribunales.
El expediente se inició en junio de 2023 a partir de una denuncia presentada por una trabajadora del Plan de Inclusión Social y apunta a un presunto desfasaje entre los ingresos del ex funcionario durante su paso por el Gobierno provincial y el patrimonio que habría acumulado en ese período.
Entre los bienes bajo análisis figuran vehículos de alta gama —como una KTM 1190, una Ford Maverick y unidades de la marca Jeep— y una vivienda en el barrio privado Refugio del Lago, en La Florida. La hipótesis de la Fiscalía es que esos activos no se condicen con los ingresos declarados durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.
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