La lista de ex intendentes imputados por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos sumó este miércoles un nuevo nombre: Juan Aparicio, ex jefe comunal de Cortaderas y dirigente albertista, fue formalmente acusado en la Justicia por no rendir cuentas durante los últimos dos años de su gestión.
La audiencia se realizó ante el juez de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Nicolás Coppola, quien dio por formulados los cargos por los delitos de incumplimiento reiterado de los deberes de funcionario público y peculado, ambos en concurso real y en calidad de autor material.
La acusación fue impulsada por el fiscal de Instrucción N°2, Marcelo Saldaño, junto al acompañamiento de la Fiscalía de Estado (denunciante), representada por Juan Ignacio Trusendi. La defensa de Aparicio estuvo a cargo del abogado Orlando Villegas.
Además de admitir la imputación, el magistrado ordenó medidas de coerción por 120 días: inhibición general de bienes, obligación de firmar el libro de la Fiscalía entre el 1 y el 10 de cada mes y prohibición de salida del país.
La causa se centra en la falta de presentación de ocho balances trimestrales correspondientes a los años 2018 y 2019, períodos en los que, según la denuncia, la Municipalidad de Cortaderas manejó fondos por un total de $32.052.729,06 sin la debida rendición ante los organismos de control.
Saldaño, en declaraciones a El Chorrillero, explicó que la investigación ingresa ahora en una etapa clave, donde buscarán reconstruir el recorrido del dinero público.
“Necesitamos saber los movimientos bancarios y con la documentación que obtengamos y las testimoniales ver la trazabilidad del dinero. La Provincia le envió el dinero a las cuentas de la Municipalidad y queremos saber a dónde fue a parar ese dinero”, planteó.
Para ello, el Ministerio Público Fiscal pidió el levantamiento del secreto bancario de las cuentas municipales y también de Aparicio, con el objetivo de acceder a los movimientos de ingresos y egresos registrados durante esos años.
Según detalló Saldaño, una de las pruebas centrales serán las pericias contables que comenzarán en esta nueva etapa investigativa.
“Tenemos una base de evidencia que sustenta la acusación preliminar, pero para dimensionar la magnitud total del perjuicio ocasionado al erario público necesitamos avanzar con este peritaje clave”, sostuvo.
La base de la acusación se sostiene en la denuncia de la Fiscalía de Estado y las pruebas incorporadas como informes y acuerdos emitidos por el Tribunal de Cuentas, documentación de la Contaduría General de la Provincia sobre órdenes de pago registradas a nombre del municipio y auditorías realizadas por la Tesorería General.
El fiscal explicó que la investigación se originó a partir de la omisión reiterada en la presentación de balances trimestrales. “Los cuatro balances del 2018 y los cuatro del 2019 no fueron presentados directamente”, precisó.
Pero, según puntualizó, la situación se agravó porque el Tribunal de Cuentas no solo observó las irregularidades, sino que además intimó formalmente al entonces intendente a reintegrar fondos en un plazo de 10 días. Eso tampoco ocurrió.
“Incumplió doblemente. Incumplió la presentación oportuna de los balances y tampoco reintegró el dinero cuando fue intimado. Puede pasar que alguien no presente la documentación, pero debe devolver el dinero. Acá no hizo ni una cosa ni la otra, por eso tenemos la firme sospecha de la comisión ilícita”, afirmó.
Saldaño además dejó abierta la posibilidad de ampliar la acusación en el futuro. Si bien por ahora los cargos son incumplimiento de deberes de funcionario público y peculado, indicó que durante la investigación analizarán si existió una maniobra fraudulenta contra la administración pública.
“Si conseguimos elementos para acreditar un fraude pediremos una ampliación de la formulación de cargos”, adelantó.
La defensa, en tanto, rechazó la imputación y sostuvo que no existen elementos de prueba suficientes para vincular a Aparicio con los delitos investigados. También planteó cuestionamientos vinculados a una posible prescripción de parte de los hechos.
Sobre ese punto, Saldaño fue crítico: “Un funcionario público que tiene que tener transparencia y respeto por las cuentas públicas no se puede escudar en una prescripción. Tiene que dar la cara y decir qué pasó con los fondos públicos”.
Uno por uno los periodos no rendidos
2018:
|Acuerdo N° 1084-TC-2022 (EXD-0-5300071/23): 1er trimestre por $2.545.120,27.
|Acuerdo N° 1112-TC-2022 (EXD-0-9210358/23): 2do trimestre por $3.087.540,08.
|Acuerdo N° 1275-TC-2022 (EXD-0-9210389/23): 3er trimestre por $3.079.523,57.
|Acuerdo N° 85-TC-2024 (EXD-0-5210233/24): 4to trimestre por $3.229.019,92.
2019:
| Acuerdo N° 82-TC-2024 (EXD-0-5210423/24): 1er trimestre por $3.529.165,87.
|Acuerdo N° 1119-TC-2022 (EXD-0-5230124/23): 2do trimestre por $8.165.461,02.
|Acuerdo N° 1117-TC-2022 (EXD-0-5230175/23): 3er trimestre por $5.125.430,69.
|Acuerdo N° 1276-TC-2022 (EXD-0-5230313/23): 4to trimestre por $3.291.467,64.
Así, Aparicio pasó a conformar el listado de intendentes investigados junto a Eulogio y Ramón Ezequiel Cruz (padre e hijo), Romina Peralta y María Ester Farina, que llegó a un acuerdo para pagar $6 millones.
La causa continuará ahora con la producción de prueba contable, pedidos de informes bancarios y testimoniales para intentar determinar el destino final de los recursos observados por los organismos de control provincial.
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