El gobernador Claudio Poggi impulsa una de sus iniciativas económicas más amplias en lo que va de su actual gestión: la Legislatura recibió el 8 de julio el proyecto de Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y del Empleo, conocido como RIPEE, que abarca desde comercios y pequeños emprendimientos hasta industrias, empresas tecnológicas, iniciativas turísticas, mineras, agropecuarias, culturales, logísticas y de servicios.
El corazón de esta propuesta es tributario. Las nuevas inversiones podrán acceder a una exención del 100% en Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores durante los primeros cinco años. El beneficio bajará al 75% entre el sexto y el décimo año; y al 50% desde el año 11 hasta el 15. También quedarán exentos el Impuesto de Sellos y las tasas administrativas vinculadas con el proyecto hasta su puesta en marcha.
El texto enviado a la Legislatura crea una segunda alternativa para empresas que ya tributan en la provincia: si presentan una inversión equivalente, como mínimo, al doble de los impuestos provinciales devengados durante el año anterior, podrán recibir un crédito fiscal del 50% de los tributos que generen en los 12 meses posteriores. Los dos programas serán excluyentes para un mismo proyecto.
La industria recibe un tratamiento especial: el RIPEE prevé una exención de Ingresos Brutos sobre lo producido en San Luis, con excepción de las ventas minoristas. Para sostenerla, cada empresa deberá asumir compromisos anuales sobre personal, inversión, producción y vínculos con proveedores locales.
Cada iniciativa deberá ser evaluada y aprobada por decreto, con compromisos de producción y vinculación con proveedores o actores económicos de San Luis.
El paquete incluye además planes de alivio y de regularización fiscal. Las empresas podrán convertir hasta el 80% de sus saldos a favor de Ingresos Brutos acumulados al 31 de mayo de 2026 en certificados transferibles.
Habrá programas para cancelar deudas en 3, 12, 24 o 36 cuotas, y una reducción del 10% para quienes paguen de contado. Durante cinco años, las fiscalizaciones ordinarias se concentrarán en los dos últimos períodos; si las diferencias detectadas son menores al 10%, quedarán bloqueados los ejercicios anteriores.
Fomento al empleo
Un segundo gran eje del proyecto es el empleo. Las empresas que incorporen beneficiarios del régimen de Inclusión Social recibirán un aporte equivalente al monto del plan. El subsidio cubrirá hasta el 100% durante el primer año, caerá al 75% en el primer semestre del segundo y luego al 50%. La contratación deberá aumentar el plantel y respetar salarios de convenio, aportes y normas laborales. La persona dejará de cobrar el plan mientras dure el empleo, pero podrá regresar al régimen si queda desvinculada.
Es decir, el mecanismo intenta convertir una política social en un puente hacia el empleo registrado, con una protección relevante: si la relación laboral termina, el beneficiario conserva la posibilidad de volver a Inclusión. El punto decisivo llegará al concluir los dos años, cuando la empresa deba absorber la totalidad del costo salarial.
Otro capítulo habilita al Ejecutivo a destinar inmuebles fiscales a proyectos privados mediante concesión, alquiler, comodato, derecho de superficie o venta. La operación podrá realizarse por licitación, subasta, iniciativa privada o concurso, pero también por venta directa ante razones de urgencia, circunstancias sociales o económicas o motivos de interés público. El precio podrá ser bonificado y financiado según el impacto prometido por el proyecto.
La norma establece que el dinero obtenido deberá volver a infraestructura productiva o social, fondos de garantía y programas de financiamiento, y no podrá cubrir gasto corriente.
El RIPEE permite crear líneas de crédito, bonificar tasas, otorgar períodos de gracia, integrar fondos de garantía y constituir fideicomisos públicos, privados o mixtos. En otro artículo, autoriza la transformación de sociedades estatales y entes provinciales en sociedades con participación estatal mayoritaria para incorporar capital privado, manteniendo las relaciones laborales vigentes.
La iniciativa llega en un escenario nacional dominado por otros intentos de fomento a la inversión. El RIGI, creado en 2024, apunta a proyectos de al menos 200 millones de dólares. El RIMI, aprobado este año, se dirige a micro, pequeñas y medianas empresas, con pisos desde 150 mil hasta 9 millones de dólares y beneficios como amortización acelerada y devolución de créditos de IVA luego de tres períodos fiscales.
La diferencia principal es la escala: el RIPEE busca abarcar también inversiones pequeñas y actividades que nunca podrían ingresar a los grandes programas nacionales.
El proyecto enviado por Gobierno reúne incentivos fiscales, laborales y financieros para nuevas inversiones y empresas ya radicadas en San Luis. Estos son sus puntos principales:
1. Hasta 15 años de alivio impositivo Las nuevas inversiones podrán quedar exentas de Ingresos Brutos, Impuesto Inmobiliario y Automotores: 100% durante cinco años, 75% entre el sexto y el décimo, y 50% desde el año 11 hasta el 15.
2. Crédito fiscal para empresas que inviertan Las firmas que realicen una inversión equivalente, como mínimo, al doble de los impuestos provinciales pagados durante el año anterior podrán obtener un crédito fiscal de hasta el 50% de los tributos del período siguiente.
3. Exención de Ingresos Brutos para la industria Las empresas industriales podrán acceder a la exención sobre lo producido en San Luis, siempre que mantengan compromisos de empleo, inversión, producción y contratación de proveedores locales.
4. Subsidios para generar empleo registrado Quienes contraten beneficiarios de Inclusión Social recibirán un aporte estatal: hasta el 100% del plan durante el primer año, 75% en el primer semestre del segundo y 50% durante los últimos seis meses.
5. Planes para regularizar deudas El régimen contempla pagos en 3, 12, 24 o 36 cuotas, reducción del 10% por cancelación de contado y la posibilidad de convertir saldos a favor de Ingresos Brutos en créditos fiscales transferibles.
6. Financiamiento y acceso a inmuebles fiscales El Ejecutivo podrá crear líneas de crédito, bonificar tasas, constituir fondos de garantía y otorgar inmuebles fiscales mediante concesión, alquiler, comodato, derecho de superficie o venta para proyectos productivos.
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