La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la Cuenta de Inversión 2025 que cerró con un superávit operativo de $43.809.942.987. Fue aprobado por 25 votos a favor y 9 en contra del PJ, y ahora deberá ser tratada por el Senado.
El debate se prolongó durante más de dos horas y media. El oficialismo, a través del bloque Ahora San Luis (ASL) y sus aliados, defendió el equilibrio fiscal alcanzado durante el segundo año de gestión del gobernador Claudio Poggi.
La presidente del bloque Ahora San Luis, Eugenia Gallardo, miembro informante del despacho por la mayoría, explicó que el expediente contó con un informe favorable del Tribunal de Cuentas firmado por los integrantes de la mayoría y la minoría.
La legisladora sostuvo que el control ejercido por el organismo constituye “un pilar fundamental que garantiza la institucionalidad y la transparencia del Estado” y “es la forma en que se demuestra cómo se utilizaron los fondos públicos”.
“Por segundo año consecutivo, las finanzas públicas no evidenciaron el déficit fiscal crónico que caracterizó a la provincia durante los cinco años inmediatos anteriores, a pesar de haber contado en aquel período con ingresos extraordinarios producto de las cobranzas de acreencias judiciales adeudadas por el Estado Nacional. El agotamiento de estos fondos excepcionales puso de manifiesto una estructura de gastos fijos y estables que excedía las posibilidades reales de financiamiento público, lo que exigía una inmediata corrección”, sostuvo el Tribunal de Cuentas en las conclusiones que fueron subrayadas en el recinto por Gallardo.
En su pronunciamiento el organismo de contralor señaló que el restablecimiento del equilibrio "no implica la superación definitiva de las dificultades fiscales", debido a la rigidez del gasto corriente y a la disminución de los recursos nacionales, factores que —según precisó— continúan limitando la capacidad de intervención del Estado provincial.
El informe del Tribunal muestra que los recursos totales alcanzaron los $1.941.052.114.995, mientras que los gastos sumaron $1.897.242.172.008. De ese total surgió un resultado positivo de $43.809.942.987, de los cuales $35.009 millones correspondieron a la administración central.
Gallardo afirmó que, por segundo año consecutivo, la Provincia sostuvo el equilibrio fiscal, en contraste con el período 2019-2023, al que calificó como una etapa de déficit crónico financiado con recursos extraordinarios.
También sostuvo que ese resultado permitió constituir la Reserva Salarial y Social prevista por ley, equivalente a dos nóminas completas de salarios y beneficios sociales, creada para afrontar eventuales caídas de los recursos nacionales y escenarios adversos.
El dictamen del Tribunal de Cuentas consideró que el contexto financiero reciente estuvo condicionado por la disminución de la coparticipación federal.
Según un informe elaborado por la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Provincia sufrió una caída equivalente a un mes completo de recaudación y recibió 14 puntos porcentuales menos de coparticipación respecto de lo presupuestado. El 2025 fue unos de los peores en materia de recaudación en la última década.
El Tribunal reflejó que el 83% del total de los recursos corresponden a gastos corrientes.
Dentro de la administración central, el 39% del gasto se orientó al pago de salarios, un 6% a transferencias salariales para otros organismos y empresas estatales, un 4% a aportes y subvenciones escolares para salarios, otro 6% a beneficios sociales de la Ley de Inclusión Social y un 8% a la coparticipación automática a municipios.
“Dos tercios de los gastos son destinados a solo tres rubros: salarios, planes sociales y coparticipación a municipios; y solo el tercio restante para gastos de funcionamiento, proyectos de inversión y obras públicas, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las funciones esenciales del Estado, primordialmente en materia de salud, seguridad y educación, y de promover el desarrollo del sector privado como generador de empleo y motor del crecimiento de la actividad económica”, señaló el Tribunal de Cuentas.
No obstante, destacó que la inversión en obra pública se triplicó respecto del año anterior y que casi el 80% de esos recursos fue destinado a la construcción de viviendas, uno de los principales ejes de la gestión.
Por otra parte, indicó que durante 2025 se otorgaron $22.945 millones en préstamos productivos y beneficios impositivos por más de $58.500 millones para impulsar la actividad privada.
En materia educativa, Gallardo señaló que el Tribunal de Cuentas verificó que la inversión alcanzó el 33,10% del presupuesto, por encima del 23% establecido por la Constitución provincial. Además, agregó que el organismo certificó que San Luis no mantiene deuda pública por préstamos nacionales ni internacionales.
Al responder a las críticas de la oposición, la diputada cuestionó la gestión de Alberto Rodríguez Saá y recordó que el Tribunal había determinado un déficit superior a $93 mil millones correspondiente al ejercicio 2023.
"Hicieron la ejecución de dos presupuestos en un mismo año, ampliaron partidas de personal y transformaron organismos en autárquicos para anticiparles recursos. Perdieron las elecciones por administrar pésimamente los fondos públicos", afirmó.
El bloque del PJ presentó un despacho de minoría que rechazaba el balance.
Tras la aprobación en Diputados, el proyecto continuará ahora su tratamiento legislativo en la Cámara de Senadores.
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