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Por Leonardo Kram

El Senado aprobó por mayoría el proyecto que crea el Régimen Integral de Promoción del Desarrollo Económico y el Empleo (RIPEE), una iniciativa impulsada por el Gobierno de Claudio Poggi para incentivar las inversiones privadas y promover la creación de empleo en San Luis.

La propuesta recibió el respaldo del bloque oficialista Ahora San Luis y el rechazo del Frente Justicialista. Tras la media sanción, la iniciativa será girada a la Cámara de Diputados.

El presidente del bloque Ahora San Luis, Martín Olivero, fundamentó el proyecto. Explicó que el régimen alcanzará actividades agropecuarias, apícolas, frutihortícolas, mineras, industriales, de la construcción, energéticas, logísticas, comerciales, turísticas, culturales, tecnológicas y de servicios.

"Esta ley precisamente trata de fomentar la inversión privada para generar empleo. Somos conscientes de que hay desempleo y que hay necesidad en San Luis. No somos soberbios, lo vemos en nuestros vecinos, amigos y familia. Hay una retracción en la economía y es muy complicado en toda la Argentina; San Luis no es la excepción", sostuvo.

Senador Martín Olivero. (Foto: Senado)

Además, afirmó que "el sector privado es quien debe generar los puestos de trabajo y el Estado es quien debe tender todas las condiciones para lograr este objetivo".

El Frente Justicialista votó en contra.

Los cuatro ejes del régimen

El RIPEE se estructura sobre cuatro herramientas principales: beneficios tributarios, subsidios al empleo, utilización de inmuebles fiscales para proyectos productivos y mecanismos de financiamiento.

| Exenciones e incentivos fiscales

El principal componente del régimen es el Programa de Fomento a las Nuevas Inversiones, destinado a personas y empresas que presenten proyectos de inversión en la provincia.

Quienes sean incorporados al programa accederán a exenciones del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto a los Automotores, Acoplados y Motocicletas.

La escala de beneficios será progresiva: durante los primeros cinco años la exención será del 100%; entre el sexto y el décimo año alcanzará el 75%; y entre los años 11 y 15 será del 50%.

En el caso de Ingresos Brutos, el beneficio se aplicará únicamente sobre los ingresos generados por la nueva inversión. Para el Impuesto Inmobiliario y el Automotor, comprenderá exclusivamente los inmuebles y vehículos afectados al proyecto. La exención comenzará a regir desde la puesta en marcha de la inversión.

Los proyectos aprobados también quedarán exentos del pago del Impuesto de Sellos y de las tasas administrativas vinculadas con todos los actos, instrumentos y trámites necesarios para su ejecución.

El régimen incorpora además un Programa de Incentivos Fiscales, también destinado a quienes presenten proyectos de inversión. Como requisito, la inversión deberá ser equivalente, como mínimo, al doble de los impuestos provinciales devengados durante los doce meses previos a la presentación.

A cambio, los beneficiarios podrán acceder a un crédito fiscal equivalente al 50% de los impuestos provinciales que deban pagar durante los doce meses posteriores a la aprobación del proyecto. Ese crédito será intransferible y únicamente podrá utilizarse para cancelar obligaciones tributarias provinciales.

Además, quienes adhieran a este programa quedarán exentos del pago de Ingresos Brutos durante un año. No obstante, el proyecto establece que cada contribuyente podrá optar por uno solo de los dos regímenes de promoción.

El capítulo tributario también incorpora la exención de Ingresos Brutos para quienes desarrollen actividades industriales y exige a las empresas beneficiarias mantener compromisos vinculados al empleo, las inversiones, la producción y el fortalecimiento de cadenas productivas dentro de la provincia.

Entre las medidas previstas figura además la posibilidad de transformar saldos a favor en créditos fiscales transferibles o destinarlos a nuevas inversiones, un régimen de bloqueo fiscal para contribuyentes de Ingresos Brutos por el plazo de cinco años y un sistema de regularización de deudas tributarias provinciales.

En este último caso, quienes adhieran podrán cancelar las obligaciones al contado con una reducción del 10% o acceder a planes de pago de tres, 12, 24 o 36 cuotas. El proyecto también contempla un régimen especial de regularización del Impuesto Inmobiliario y la exención de la obligación de rectificar declaraciones juradas de Ingresos Brutos.

Autoridades del Senado de San Luis. (Foto: Senado)

| Subsidios para incorporar trabajadores

Otro de los ejes del proyecto contempla subsidios para empresas que incorporen beneficiarios del Plan de Inclusión Social.

La Provincia cubrirá el 100% del salario durante el primer año, el 75% durante el tercer semestre y el 50% en el cuarto semestre.

Según explicó Olivero, el programa ya se encuentra en funcionamiento a través del ministerio de Desarrollo Humano y busca facilitar el acceso al empleo formal sin que los beneficiarios pierdan la posibilidad de regresar al plan si la relación laboral finaliza.

| Inmuebles fiscales para proyectos productivos

El régimen también autoriza al Gobierno provincial a destinar inmuebles fiscales ociosos para el desarrollo de proyectos productivos.

Los predios podrán adjudicarse mediante concesión, locación, comodato, derecho real de superficie o venta. En este último caso, la enajenación podrá realizarse por subasta, licitación, iniciativa privada, concurso de proyectos o venta directa, de acuerdo con la tasación oficial y con posibilidades de bonificaciones y financiamiento según el impacto económico y social de cada propuesta.

| Financiamiento para empresas

El cuarto eje del RIPEE habilita distintas herramientas de financiamiento para proyectos productivos, entre ellas préstamos bonificados, subsidios a tasas de interés, acceso a líneas del Consejo Federal de Inversiones (CFI), programas de reconversión empresarial, capacitación y la creación de fondos de garantía.

Además, el proyecto impulsa la conformación de alianzas público-privadas, la institucionalización de mesas sectoriales, la compatibilidad con los regímenes nacionales de promoción y medidas para simplificar los trámites administrativos.