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El gobernador Claudio Poggi vinculó este miércoles la causa por corrupción que llevó a la ex diputada Anabela Lucero y otros dos ex funcionarios al Servicio Penitenciario con el “vaciamiento del Estado” que ocurrió durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá.

Al finalizar una actividad municipal, el mandatario fue consultado por la situación de la la dirigente albertista, que desde el lunes cumple 60 días de prisión preventiva junto a su hermano Enzo Lucero y Exequiel Scarel.
Poggi evitó pronunciarse sobre la resolución del juez Santiago Ortíz. “El tema judicial preferiría no opinar, porque está en medio del proceso judicial. No quisiera interferir”, argumentó.

Sin embargo, sí respondió al comunicado que difundió el Partido Justicialista después de las detenciones y en el que la fuerza política denunció una supuesta “connivencia” entre el Gobierno provincial, el Ministerio Público Fiscal, Fiscalía de Estado y la Justicia.

El gobernador recordó que, después de asumir en diciembre de 2023, su administración presentó denuncias por el manejo de fondos y bienes públicos durante los meses finales del gobierno anterior.

“Alberto Rodríguez Saá, seis meses antes, después de haber perdido la elección, de junio a diciembre, ordenó vaciar el Estado. Todos sus funcionarios que participaron en esas maniobras fraudulentas, hemos hecho las denuncias del caso apenas entramos al Gobierno”, afirmó.

Poggi relacionó esas denuncias con la situación financiera que encontró al comenzar su mandato y recordó que en diciembre de 2023 el Ejecutivo tuvo que pagar en dos veces los salarios de los empleados públicos.

“Nosotros hicimos las denuncias del vaciamiento de las arcas del Estado y de los bienes del Estado. El primer mes o los dos primeros meses que asumimos, casi en el medio de la desesperación, era el mandato que teníamos: cuidar los fondos de San Luis y recuperar los fondos de San Luis”, señaló.

Y agregó: “Parte los recuperamos y parte están en procesos judiciales, pero eso se debe al vaciamiento del Estado que ordenó el ex gobernador”.

Ante esa afirmación, Poggi fue consultado sobre por qué no existe una denuncia contra Rodríguez Saá si, según sostuvo, fue quien dio las instrucciones. “Firmaban los otros. Los mandó a firmar a los otros. Qué pícaro”, respondió el gobernador.

La causa por la administración del Molino Fénix y la Casa de la Música es una de las investigaciones iniciadas a partir de denuncias realizadas por el actual Gobierno. El lunes, el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, dispuso 60 días de prisión preventiva para Lucero, su hermano y Scarel.

En esa misma audiencia se ampliaron las imputaciones. Lucero está acusada, entre otros delitos, de asociación ilícita y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. La Fiscalía sostiene que existió una estructura destinada a desviar fondos y recursos estatales para beneficio particular, de terceros y para la campaña política de 2023.

De manera preliminar, y mientras todavía quedan pericias pendientes, la acusación estima que el perjuicio actualizado para la Provincia supera los $900 millones.

“Hemos salido del déficit crónico”

Antes de referirse a la causa, Poggi hizo un balance de la situación financiera de la Provincia y aseguró que las cuentas públicas se recuperaron desde el inicio de su administración.

“Hemos salido del déficit crónico que tenía la Provincia y eso es muy importante”, afirmó.

El gobernador señaló que el ordenamiento de las cuentas fue “muy meticuloso” y continúa actualmente. Además, anticipó que durante los próximos días mantendrá reuniones con el equipo económico para terminar de definir el proyecto de Presupuesto 2027, que debe ser presentado antes de finalizar agosto.

“Estos son temas para el próximo año”

Poggi también fue consultado sobre una eventual candidatura a la reelección y evitó anticipar una definición.

“El año que viene vamos a decir eso, vamos a charlar eso. Estoy muy focalizado en la gestión”, respondió.

Consideró además que actualmente “al ciudadano no le interesa el tema electoral” y vinculó esa posición con la reforma constitucional que impulsa el Gobierno para eliminar las elecciones legislativas de medio término.

“La reforma electoral que tratamos de impulsar es votar cada cuatro años, que evitemos la fatiga del voto de medio término. Yo creo que estos son temas para el próximo año. Ahora, muy concentrado en la gestión”, concluyó.