La acusación del Ministerio Público Fiscal describe una estructura jerárquica y operativa que comandaba la ex diputada Anabela Lucero. Según la teoría que expuso el fiscal José Olguín, la dirigente más sobresaliente de Alberto Rodríguez Saá en Villa Mercedes tenía el control del Molino Fénix (organismo del Gobierno) y el manejo total de los fondos públicos: las decisiones las tomaba ella porque mantenía lazos con la máxima autoridad del Ejecutivo provincial. Este lunes fue imputada por asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia, y le dictaron prisión preventiva por 2 meses.
En los papeles el administrador era su pareja, el diputado Joaquín Beltrán. Los dos son para la fiscalía, los jefes de una organización que se valió de bienes públicos y de personas para cometer delitos; entre ellos el desvío de fondos para el beneficio personal, para terceros y además para hacer campaña política para el PJ albertista que, en 2023, impulsó a Jorge Fernández a la gobernación, y ella encabezó un sublema como candidata a intendenta de Villa Mercedes.
Enzo Lucero y Exequiel Scarel (también enviados a prisión) tenían a su cargo la firma de los cheques y las transferencias. Diego Torres cumplía las órdenes de Anabela Lucero que llevaba el control del dinero que había a disposición. Firmaba cheques, también, vales y manejaba la caja chica. Era en ese momento un empleado contratado. Consta en la evidencia que, en uno de los hechos, Beltrán le pidió a Torres que hiciera el pago por la impresión de los folletos de campaña confeccionados en Córdoba.
Olguín evidenció la violación a las normas contables, y describió auditorias deficientes e incompletas. Para él la conducta se encuadra en el delito de administración fraudulenta (delito que finalmente les imputó). Hasta el momento se estima un perjuicio superior a los 900 millones de pesos, pero las pericias no están terminadas, por eso no sabe cuál es el monto definitivo. Para que esto sucediera, los ex funcionarios aprovecharon que nadie los controlaba.
Describió que se hacían contrataciones directas con empresas instaladas fuera de la provincia, y que se pagaban sobresueldos a algunos empleados para militar cuando Lucero estaba en plena campaña para ser intendenta.
Detectaron 7 empresas fantasmas y 5 personas individuales que sirvieron de puente para el desvío de dinero. Estas están en la base APOC de ARCA. Ese registro almacena CUIT y facturas detectados como falsos o emitidos por contribuyentes sin capacidad operativa o fiscal real, con el fin de evitar el uso de comprobantes truchos para evadir impuestos.
Dos de ellas le facturaron al Molino 135 millones de pesos. Los pagos se triangulaban mediante cheques que emitían para ser cobrados por terceros (no eran ‘no a la orden’ como lo estipula el Estado). “De esa manera disimulaban el gasto y quién realmente lo cobraba. No prestaban ningún servicio esas empresas al Molino, tampoco tenían un domicilio real”, dijo Olguín.
Anabela Lucero y Alberto Rodríguez Saá (h).
Hay por lo menos cinco personas que figuran a cargo de las mismas, y que al momento de ser convocadas por Fiscalía desconocían la existencia de eso, es decir no sabían que les habían puesto una empresa con sus nombres. Transmitieron que fueron a una escribanía y que creían que firmaban alguna documentación "donde se los autorizaba a realizar trámites y ganarse unos pesos". Los nombres se repiten como dueños de empresas.
Contabilizaron 116 cheques (todos firmados por Scarel), de los cuales solo 4 de ellos estaban confeccionados correctamente. Además, 34 que se emitieron por $50 mil pesos en concepto de ayuda económica.
En esta instancia la investigación busca determinar el destino final del dinero, es decir, quiénes cobraron los cheques. Por eso el juez Santiago Ortiz ordenó el levantamiento fiscal, bancario y bursátil de las 12 sociedades y personas que ahora resultan involucradas, y también de los cinco imputados para poder avanzar en la investigación. A todos estos se les atribuye la maniobra defraudatoria.
“Estas empresas aparecen otorgando facturas, no recibiendo el dinero y aunque tienen una declaración de APOC no tenemos conocimientos de qué actividades llevan adelante. Esto permitirá conocer mayor información, desmentir o ratificar lo que supuestamente hacían con las facturas. Estas son las que puentearon el dinero a terceras empresas, y el fin es encontrar adónde fueron los fondos públicos”, explicó Olguín.
“Todas las normas de contabilidad de la provincia, esta administración las burló, y al momento de la asunción de las nuevas autoridades no dejaron información. Se llevaron toda la documentación para impedir un correcto control y auditoría para saber cómo se distribuyeron los fondos”, dijo el representante de Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, al ratificar los delitos que formuló el Ministerio Público Fiscal.
Para Olguín, los cinco imputados sustrajeron mobiliario, equipos tecnológicos, documentación y terminaron vaciando las instalaciones donde también funciona la Casa de la Música. Señaló que siempre actuaron en conjunto y de manera organizada, distribuyendo roles, como cuando se pusieron de acuerdo para sacar el mobiliario y trasladarlo a una sede partidaria de Lucero, cuyo alquiler se pagaba también con fondos públicos.
Cuando cambió el Gobierno iniciaron la destrucción de las evidencias. Por esto le imputaron la figura de destrucción de objeto destinado a servir de prueba, en calidad de coautores en concurso real. Quemaron documentación en un horno de barro que está dentro del Molino Fénix, y se le ordenó a una persona (que es testigo en la causa) que llevara al basural del Kilómetro 4 el resto de la información.
Borraron las memorias de computadoras (algunos dispositivos se los llevaron) y también las grabaciones de las cámaras de seguridad. De todo eso hay testigos. A Lucero y a Beltrán le sumaron un hecho más porque de manera remota eliminaron la información de sus teléfonos cuando estaban secuestrados en el Poder Judicial para ser peritados.
Anabela Lucero junto a Alberto Rodríguez Saá.
Del Molino Fénix salieron los fondos para que Anabela Lucero comprara tres vehículos, dos 0k y uno usado, a una reconocida agencia de autos. Tienen probadas las transferencias que recibió la concesionaria.
También surge de la investigación la adquisición de mercadería, en un monto y cantidad, que no guarda relación con la actividad que desempañaba el Molino. Según los testimonios, los empleados eran obligados a armar bolsones de comida que se repartía para actividades partidarias. El fiscal nombró a quiéns le compraban.
“Como encargado de la administración del ente, no soy quién para decir si una auditoría alcanza o no. Simplemente tengo la obligación de rendir cuentas”, dijo Beltrán cuando decidió hablar. Defendió las contrataciones que se hicieron, y dijo que no veía “irregularidades en eso”. Insistió que las rendiciones “están aprobadas por los organismos de control, en tiempo y en forma, y las auditorías recuerdo que eran minuciosas”. Señaló además que había una “infinidad de proveedores por la “cantidad de actividades que se realizaban”, y al final negó “todas las acusaciones que hay en mi contra”.
De una “Película de Nexflix” hasta “un psicópata”
Lucero también se declaró “inocente”. Resaltó que era sometida a una “causa política” en medio de “una interna que desconozco”. Señaló que en “2023 fui la mujer que más votos sacó en las elecciones”, y se quejó de cómo el Ministerio Público Fiscal lleva adelante la investigación: “Parece una película de Netflix, sacando siempre de contexto, desde el minuto 0. Hay maniobras oscuras, y la Justicia no debe mancharse de cuestiones políticas. Hay una persona obsesionada y psicópata detrás de esta causa, que mientre en los medios de comunicación. Hay atropellos de la Fiscalía, y no se están dando las garantías. Sacan de la galera situaciones fuera de contexto ¿qué pasa, se vienen las elecciones y necesitan la cabeza de Anabela? Yo no les tengo miedo”.
“Yo no soy Cristina para que me proscriban y me manden presa”
La segunda vez que habló también centró sus palabras en la política. “Yo no soy Cristina para que me proscriban y me manden presa”, resonó en la sala poco antes que el juez resolviera que la mandaría presa.
Anabela Lucero y Alberto Rodríguez Saá (h) en un encuentro del PJ.
Cuando el juez imputó a los cinco por asociación ilícita (Lucero y Beltrán como organizadores, y el resto como partícipes necesarios), fraude a la administración pública, ocultamiento y destrucción de evidencia en concurso real, dijo que estos tienen relación con los delitos que ya les formularon en marzo del año pasado, y que quedaron firmes por el Tribunal de Impugnación el 20 de mayo del año pasado.
Para que Beltrán cumpla la medida de encarcelamiento primero la Cámara de Diputados deberá el desafuero.
Torres seguirá en libertad, pero sujeto a otras normas judiciales. Olguín dijo que fue el único que se presentó espontáneamente, que siempre estuvo a derecho y que se presentó cada vez que lo citaron. “Tuvo una actitud distinta que el resto”, señaló el fiscal.
Nuevos involucrados
Para fundamentar la preventiva, la Fiscalía tuvo en cuenta los peligros procesales que ahora cambiaron la realidad de los acusados. No solo se refirió a la falta de predisposición frente al proceso (que no se dejaron notificar y que la Policía los buscó 5 días por toda la ciudad, y que después presentaron certificados médicos media hora antes de realizarse la audiencia donde iban a ampliar los cargos el pasado jueves 20 de agosto) sino que avanzarán sobre otras personas (“muchos de ellos tienen una posición importante en la sociedad”) que están involucradas (podrían ser posibles partícipes en la defraudación porque se ha probado su participación). Habrían recibido cheques a nombre de una empresa y los endosaron para que los cobraran otros. Se sospecha que los imputados puedan generar sobre ellos presiones o influencias.
“Tienen que estar libres de cualquier presión y vínculo con los imputados, o manipulación. Podemos encontrar muchos medios probatorios, o puede existir la desaparición de esas pruebas, inclusive pueden ponerse de acuerdo”, sostuvo el fiscal, y advirtió las influencias políticas que tiene Lucero y su pareja, y la posibilidad de sufrir una pena de prisión efectiva “muy importante” porque se trata de la repetición de hechos delictivos.
Para la querella, esa medida cautelar es la única posible “tutelar el proceso”. Agregó que “el riesgo de entorpecimiento como mayor elemento ya está verificado, no es que debemos ponerlo en su futuro, sino que ya tenemos evidenciado claros actos de entorpecimiento por lo cual ya es una realidad”.
Refirió que todavía hay pericias telefónicas para completar, entrevistas a personas que tuvieron que ver con estructuras societarias, receptoras de los cheques hacia donde fueron librados los fondos. “Es la puerta de entrada para determinar y precisar cuál ha sido el destino de esos dineros”, agregó Ávila.
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