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“Nunca en la historia de la provincia una investigación ha podido determinar un desvío de fondos tan importante, con una estructura criminal enraizada dentro del ente centralizado, que es el Molino Fénix”, sintetizó el abogado que representa a Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, tras la audiencia donde el Ministerio Público Fiscal presentó las evidencias que modificaron la situación procesal de los acusados. La Justicia ordenó la prisión preventiva para Anabela Lucero por dos meses.

La ex legisladora que representa al partido de Alberto Rodríguez Saá fue esposada en la sala, junto a su hermano, Enzo Lucero; y a su cuñado, Exequiel Scarel, poco después de las 16 del lunes cuando el juez Santiago Ortiz resolvió. Los familiares que estaban en la puerta del edificio entraron al Poder Judicial, se enojaron con los periodistas que hacían la cobertura e increparon a algunos. La hermana de Anabela Lucero, Virginia Lucero, llegó hasta el juzgado de Ortiz para recriminarle que se ocupara de meter presos a los verdaderos delincuentes, y después gritó que detrás de todo estaban metidos dirigentes políticos de Villa Mercedes. A las 21:20 los tres imputados fueron ingresados al penal.

Ávila defendió la “seriedad de la investigación” que llevan adelante los fiscales José Olguín y Marcelo Palacio, como también la evidencia acumulada y la magnitud de los dineros públicos que Lucero, en primer lugar, utilizó de manera indiscriminada y sin control. “La división de roles y la permanencia en el tiempo permitió este desvío de fondos”, dijo.

Los fiscales pidieron el desafuero de Joaquín Beltrán, porque para él también solicitaron la prisión preventiva. Pero antes deberá tratarse el desafuero en la Cámara de Diputados.

Las defensas de las tres personas que ahora están en el Servicio Penitenciario Provincial dejaron planteado un recurso de revisión de la medida de coerción, que deberá evaluar el Tribunal de Impugnaciones de Villa Mercedes. Fiscalía también apelará el plazo, es decir insistirá en un encarcelamiento por cuatro meses. El magistrado ordenó dos meses para todos.

El abogado de Anabela Lucero, en la audiencia, pidió la prisión domiciliaria con tobillera electrónica, pero no le adjuntó al juez un informe de viabilidad y disponibilidad del sistema en la provincia. El magistrado le advirtió que no todas las causas judiciales permiten el uso de tobilleras. Señaló que la defensa debe presentar un análisis de factibilidad emitido por el instituto provincial correspondiente que evalúe las condiciones físicas del domicilio, la disponibilidad del dispositivo y, fundamentalmente, la existencia de una línea de internet adecuada para el monitoreo. Ese informe técnico se puede tramitar y obtener en un plazo de 24 horas. Pero no se tramitó, y no pudo resolver sin esa información.

Seguramente la defensa volverá a hacer ese planteo. Lucero también ofreció $4 millones de pesos para evitar la cárcel.

Ávila acompañó el pedido de la prisión preventiva entendiendo que “es lo necesario para tutelar la investigación en esta instancia del proceso”.

En este momento la Fiscalía a cargo de Olguín sostiene que hay una estructura societaria y de personas que han estado al servicio de la mecánica de vaciamiento del Molino Fénix, es decir, avanzará sobre nuevos implicados. Por ahora el perjuicio económico es mayor a los $900 millones de pesos, pero es un dato preliminar, porque las pericias no están concluidas.

Las que están involucradas son 7 empresas, y cinco personas individuales, que además figuran en el registro APOC del ARCA (por confección de facturas truchas, que no tienen domicilio real y tampoco prestan ningún servicio). Sobre estos se ordenó el levantamiento del secreto bancario, fiscal y bursátil que permitirá descubrir lo que todavía está oculto: quién cobró los cheques, cómo se endosaron, qué movimiento tenían, la trazabilidad y quizás surja el dinero que todavía no se ha podido precisar.

El juez tuvo que resolver con las pruebas que tenía en la mesa, y en la audiencia expuso que salvo Beltrán, el resto de los acusados no esgrimieron una teoría del caso que se contraponga a la que fundamentó con abultada prueba la Fiscalía. No se defendieron como él esperaba. “Me quedé esperando siempre esa contestación”, dijo el magistrado.

“Ante una investigación seria lo que se pretende es que personas que han sido funcionarios públicos, profesionales de un alto acceso económico, tengan una defensa proporcional a la acusación, y eso no ha sucedido. Al juez se lo notó un poco incómodo, inclusive cuando tuvo que decirle al abogado de Beltrán que estaba yendo en contra de los intereses de su cliente, y Beltrán le dictaba lo que tenía que decir. Él esperaba que el contradictorio se hubiera dado en otras circunstancias”, consideró Ávila.