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El Gobierno de San Luis inició una demanda judicial contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) de la provincia de Buenos Aires para reclamar una deuda de $485 millones por prestaciones brindadas a afiliados bonaerenses que residen en territorio puntano.

La presentación fue impulsada por la Fiscalía de Estado en coordinación con la Dirección de Obra Social del Estado Provincial (Dosep) y tramita ante la Justicia Federal. El monto corresponde a acreencias acumuladas desde 2017 e incluye intereses moratorios, compensatorios y las costas del proceso.

“Esto, una vez que avance el juicio, puede llegar a ser un importe mayor”, explicó este lunes la ministra de Salud, Teresa Nigra, durante una conferencia de prensa.

El origen del conflicto se remonta a un convenio de reciprocidad firmado en 2001 en el marco del Consejo de Obras Sociales Provinciales de la República Argentina (Cospra). En ese momento se estableció una cápita mensual de $35 por afiliado que, según explicaron desde la Provincia, nunca fue actualizada.

En 2017 se acordó modificar el sistema y pasar al pago por prestación efectivamente realizada. Sin embargo, Nigra señaló que IOMA continuó girando la suma histórica sin actualización, lo que generó un desfasaje entre los fondos recibidos y los costos afrontados por Dosep.

La ministra precisó además la diferencia entre la cantidad de afiliados alcanzados por el convenio en cada jurisdicción.

“En la actualidad, en la provincia, hay 425 afiliados de IOMA que residen en San Luis, mientras que 24 afiliados de Dosep residen en la provincia de Buenos Aires”, detalló.

Nigra indicó que la decisión de recurrir a la Justicia se tomó después de realizar distintos reclamos administrativos sin obtener respuestas. “Se han hecho numerosos llamados a través de la obra social Dosep a IOMA sin ninguna respuesta, por lo cual se decidió iniciar esta demanda”, sostuvo.

Pese al conflicto, aseguró que la Provincia continuará garantizando la atención de los afiliados bonaerenses que viven en San Luis: “A pesar de que el IOMA no transfiere los aportes de sus afiliados, la Provincia nunca dejó de realizar las prestaciones, nunca las cortó”. Agregó que la demanda apunta a “recuperar los importes gastados o invertidos por la obra social en las prestaciones a estos afiliados”.

Por su parte, la directora de la obra social del Estado, Juliana Gatica, se detuvo en cómo se compensan las obligaciones entre las dos obras sociales.

“Se compensa la deuda de IOMA contra la de Dosep que, por la proporción que tenemos de afiliados, siempre la deuda es a favor nuestro”, puntualizó.

El secretario de Asuntos Judiciales de la Fiscalía de Estado, Javier Suárez Ortiz, se refirió al reclamo presentado ante la Justicia Federal, que comprende más de 13 mil prestaciones médicas, bioquímicas y farmacéuticas costeadas por Dosep a lo largo de estos años.

El funcionario recordó que los acuerdos entre las obras sociales provinciales permiten garantizar la atención de sus afiliados cuando residen en otra jurisdicción y remarcó que, en este caso, son más de 400 los beneficiarios de IOMA que viven en San Luis.

Suárez Ortiz también señaló que IOMA abonó $1.500.000 del total adeudado y sostuvo que la falta de actualización de los valores generó un fuerte desequilibrio para Dosep.

“El atraso arancelario genera un enorme desequilibrio que, de alguna manera, Dosep ha ido cubriendo en favor del patrimonio de IOMA y en desmedro de su propio patrimonio”, manifestó. También remarcó que la cápita de $35 establecida hace 25 años nunca fue actualizada.

Antes de iniciar la demanda, la Provincia realizó nuevas gestiones para intentar cobrar la deuda. Según Suárez Ortiz, durante los últimos seis meses fueron enviadas seis intimaciones mediante carta documento, todas recibidas por IOMA.

“Se plantea no solo la rescisión contractual, sino el reclamo del cobro, y ninguna ha sido respondida”, afirmó.

Dosep ya había notificado en julio de 2025 la rescisión unilateral del convenio debido a los incumplimientos denunciados. No obstante, desde el Ejecutivo provincial ratificaron que los 425 afiliados de IOMA que viven en San Luis continuarán recibiendo las prestaciones mientras avance el proceso judicial.