Este martes a Viviana Moreyra la Justicia la imputó en dos casusas diferentes. Primero como integrante de una asociación ilícita en perjuicio del Pueblo Ranquel, y después por no rendir cuentas cuando fue intendenta de Nueva Galia entre el 2011 y el 2015. El Ministerio Público Fiscal tiene acreditado su problema de salud, y por eso no asistió a los Tribunales de Villa Mercedes, y estuvo conectada por el sistema web.
A la esposa del ex ministro albertista, Sergio Freixes le formularon cargos por los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude a la administración pública y peculado, cuando le tocó administrar el municipio del departamento Dupuy, donde fue intendente su esposo y también si hermano.
En otra audiencia también le endilgaron asociación ilícita y administración fraudulenta en concurso ideal, en la causa de corrupción contra el Municipo del Pueblo Ranquel. Su esposo, ya está imputado junto a otras tres personas. Él está acusado de administrar los fondos de esa comunidad originaria y del Estado provincial para el beneficio personal. De las averiguaciones surge que hay un perjuicio de 1 millón de dólares.
Viviana Moreyra fue imputada por su rol dentro de la empresa El Relincho, la que habrían usado para desviar fondos.
La fiscal Andrea Court expuso que Moreyra, cuando fuue intendenta, omitió rendir cuentas del cuarto trimestre del 2014, por 1.838.257,05, y del tercer trimestre del 2015, por $2.449.111,61. En ambos casos los montos fueron determinados por el Tribunal de Cuentas. De ese modo se estableció un daño económico nominal que ascendía a $4.287.368,66, más intereses legales y moratorios devengados del efectivo pago. Sin embargo, a montos actualizados ese total se eleva a US$ 474.602,35.
Según la investigación, de esos fondos que fueron girados por el Estado provincial, no existe acreditación de cómo los administró, en qué lo gastó o hacia donde fueron.
No solo transgredió los deberes de administración y transparencia que la ley impone “sino que derivó en ilegítimas disposiciones o falta de acreditación del destino de caudales públicos que le fueron confiados”.
Entre las pruebas, Fiscalía nombró el informe del Tribunal de Cuenta de la Provincia que condenó a Moreyra por $1.838.257,05 por falta de rendición del cuarto trimestre del 2014, cuando advirtió los incumplimientos. También acumula los informes de la dirección de Asuntos Municipales que confirman la condición de intendenta en el periodo 2011-2015, y informe de la subdirección de análisis de liquidación de haberes que acreditan la condición actual de la acusada como empleada (funcionaria pública), y el secuestro de la documentación contable, entre otros.
La denuncia la hizo Fiscalía de Estado, y es una de las cuatro causas contra intendentes que tramitan en la Segunda Circunscripción Judicial. A su hermano, Sergio Moreyra, que gobernó el mismo pueblo por dos periodos, también le formularon cargos por lo mismo.
La fiscal Andrea Court, y el abogado querellante, Flavio Ávila. (Foto: Nahuel Sanchez)
Si bien ella ya tuvo una sanción administrativa, “también corresponde una imputación por su conducta, dado que incurrió en un delito penal”, sostuvo por su parte el abogado que representa a la querella, Flavio Ávila. Referenció que la evidencia acumulada “es suficiente para tener formulados los cargos”. Al último ratificó la calificación legal que se le ha dado en concurso real.
La defensa se opuso y pidió que se declare la prescripción de los delitos que le indilgan a la mujer, basándose en el tiempo que pasó. Sin embargo, la jueza Natalia Pereyra Cardini no hizo lugar.
La magistrada dio por formulado los cargos y rechazó la prescripción de la acción penal argumentando que el estatus de empleada pública de la imputada suspende los plazos legales.
No se solicitaron medidas de coerción.
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