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Anabela Lucero formalizará el pedido de excarcelación en la causa que la tiene como responsable de desviar fondos del Molino Fénix, en la anterior gestión, para el beneficio personal y para hacer campaña política. Desde el pasado 24 de agosto está en el Servicio Penitenciario por pedido del Ministerio Público Fiscal que ahora avanza sobre terceras personas involucradas en el fraude.

El abogado de la dirigente albertista, Esteban Bustos solicitó una audiencia ante el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, donde pedirá la libertad inmediata de Lucero. En declaraciones a la prensa dijo que, si bien “nos encontramos ante una causa compleja, bajo ningún punto de vista con la comisión de delitos penales”. De acuerdo a su teoría del caso “se han confundido y mezclado la cuestión administrativa con una causa la penal”. 

Para la Fiscalía, Lucero tenía el manejo total de los fondos públicos del Molino Fénix, y tomaba las decisiones porque mantenía lazos con la máxima autoridad del Ejecutivo provincial. La medida de coerción que ordenaron fue por dos meses, y este miércoles se cumplirán 12 días de encierro. Con ella fueron enviados a prisión su hermano, Enzo Lucero, y su cuñado, Ezequiel Scarel, ex funcionarios y colaboradores.

Bajo la misma acusación se encuentra Joaquín Beltrán, pero para avanzar en la preventiva, tendrá que tratarse primero el desafuero, que ocurriría mañana en la Cámara de Diputados. Hoy la comisión de Legislación General emitió despacho por mayoría para allanar el fuero y quede a disposición del magistrado.

Los delitos que les endilgan son administración fraudulenta, asociación ilícita, ocultamiento y destrucción de evidencias.

Lucero y Beltrán son señalados como los jefes de una organización que se valió de bienes del Estado y de personas para cometer delitos, es decir, el desvío de fondos para el beneficio personal, para terceros y además para hacer campaña política para el PJ albertista cuando en 2023 impulsó a Jorge “Gato” Fernández como gobernador, y a ella como candidata a intendenta de Villa Mercedes por un sublema.

Para el fiscal José Olguín hubo violación a las normas contables y auditorias deficientes e incompletas. Por eso la imputó por el delito de administración fraudulenta. Hasta el momento se estima un perjuicio superior a los 900 millones de pesos, pero las pericias no están terminadas.

En esta maniobra detectaron 7 empresas fantasmas y 5 personas individuales que sirvieron de puente para el desvío de dinero. Hoy la Justicia avanzó sobre algunos empresarios y allanó sus negocios.

Se probó que cuando cambió el Gobierno “iniciaron la destrucción de las evidencias”, por esto le imputaron la figura de destrucción de objeto destinado a servir de prueba, en calidad de coautores en concurso real. Quemaron documentación en un horno de barro que está dentro del Molino Fénix, y también se despojaron de otra información en el basural del Kilómetro 4. Inclusive borraron las memorias de computadoras (otras se las llevaron), y también las grabaciones de las cámaras de seguridad.

Y además eliminaron de manera remota todos los datos de sus teléfonos mientras estaban secuestrados.

Según las pruebas, los cinco imputados sustrajeron mobiliario, equipos tecnológicos, documentación y terminaron vaciando las instalaciones de la Casa de la Música. “Siempre actuaron en conjunto y de manera organizada, distribuyendo roles”, como cuando se pusieron de acuerdo para sacar el mobiliario y trasladarlo a una sede partidaria de Lucero, también surge del expediente.

Para fundamentar la preventiva la Fiscalía tuvo en cuenta que hay peligros procesales, e hizo hincapié a “la falta de predisposición frente al proceso”. Durante 5 días la Policía los estuvo buscando para notificarlos a la audiencia de formulación de cargos del 30 de agosto, la cual no se pudo hacer porque no concurrieron a Tribunales, y se postergó para el 24.

“Muchos de ellos tienen una posición importante en la sociedad”, dijo el fiscal cuando adelantó que se investigaba a otras personas como “posibles partícipes en la defraudación porque se ha probado su participación”. Sospecha Olguín que los imputados puedan generar sobre ellos presiones o influencias.

“Tienen que estar libres de cualquier vínculo o manipulación. Podemos encontrar muchos medios probatorios, o puede existir la desaparición de esas pruebas, inclusive pueden ponerse de acuerdo”, sostuvo el fiscal que insistirá con la preventiva, pero por cuatro meses.