Para el Ministerio Público Fiscal la ex legisladora Anabela Lucero, el diputado Joaquín Beltrán y los otros tres imputados que se desempeñaron como funcionarios en el Molino Fénix y Casa de la Música en la gestión anterior, necesitaron de terceras personas para defraudar al Estado. La acusación involucra la confección de facturas fraudulentas y la creación de empresas fantasmas que se usaron para desviar los recursos públicos en beneficio personal.
El avance de la investigación no solo logró imputar a cinco personas por el delito de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia, sino que alcanzó a empresarios conocidos e importantes de Villa Mercedes. Por eso detuvieron a Christian Becher, y ahora le endilgan una responsabilidad “necesaria e insustituible” para la concreción de la maniobra: lo acusan de ser el eslabón final de un circuito financiero diseñado para canalizar dinero estatal mediante el uso de documentación truchas y transformarlo en beneficios privados. Le formularon cargos por asociación ilícita y fraude a la administración pública.
La Fiscalía, a cargo de José Olguín, sostiene que se pudo reconstruir cuál fue el circuito del dinero, cómo salió de las arcas oficiales y adónde fue a parar. Tiene probado que en esta operatoria participaron todos los imputados. Están involucrados Enzo Lucero, Exequiel Scarel, Diego Torres. Pero no se descarta que haya más implicados.
Becher usó seis empresas que están bajo su control, y facilitó facturas para que los ex funcionarios “pudieran acreditar, justificar o inventar” gastos inexistentes (por servicios que nunca se ofrecieron) del Molino Fénix, entre el 2019 y 2023, cuando gobernaba Alberto Rodríguez Saá. Fueron los encargados de suscribir los cheques “que terminaron en poder de Becher, y que luego los cobró para pagar deudas” y comprar combustible a YPF. Entre sus propiedades hay una estación de servicio: Combustibles Argentinos.
Las empresas están informadas en el registro de APOC, del Arca (por facturaciones apócrifas o no válidos, y contribuyentes considerados no confiables).
De la investigación surge otro comportamiento grave. Becher convocó a cinco personas a una escribanía con el engaño de que iban a firmar un poder para hacer gestiones. En realidad, lo que firmaron fueron papeles societarios: con sus nombres crearon las empresas fantasmas. Cuando el Ministerio Público Fiscal entrevistó a algunas de ellas “desconocieron todo esto”, y se advirtió que están “en un estado de precariedad, vulnerabilidad económica, y muy lejos estaban de hacer facturas por millones de pesos”.
“Para poder sacar la plata de las cuentas necesitaron cobrar los cheques. Él los cobraba, encubriendo un gasto inexistente que era a través de las empresas. Después seguramente se dividían el dinero, o algo por el estilo. Todo esto está documentado, y su participación era absolutamente necesaria e insustituible para sacar la plata”, sostuvo Olguín en la audiencia del miércoles pasado donde fue imputado. “Pagó gran parte de la cuenta corriente que tenía con Brio Norte, por compra de combustible”, señaló.
Tiene comprobado el fiscal que son 34 cheques canalizados por Becher, como también la confirmación del día y en relación a qué cuenta se hicieron pagos. Además, quiénes firmaron.
Anabela Lucero y Beltrán son considerados los jefes de una organización que “se valió de bienes públicos y de personas para cometer delitos, entre ellos el desvío de fondos para beneficio personal y de terceros”. Ella está con prisión preventiva desde el pasado 24 de agosto, y él en proceso de desafuero, que solicitó la Justicia porque avanzará también sobre su encierro preventivo. Aunque en los papeles (la designación de la administración) la tenía Beltrán, Lucero ejercía el control absoluto del destino de los recursos del Molino Fénix. Tenía lazos con la máxima autoridad del Ejecutivo provincial, y usó ese espacio como base de campaña política cuando se postuló en un sublema como candidata a intendenta, y Jorge “Gato” Fernández fue para gobernador.
El pasado miércoles cuando la defensa pidió la libertad de los detenidos, el fiscal insistió en la violación a las normas contables, y describió auditorias deficientes e incompletas. Expuso que a la documentación contable nunca tuvieron acceso los organismos de control, y que “mostraron lo que ellos querían y después lo destruyeron todo”. Hizo referencia a las pruebas fílmicas que los muestran a todos cargando cajas y bolsas de documentación que tiraron en el basural, y las conversaciones donde dejaban claro que “busquen, que no van a encontrar nada”, porque lo que no quemaron “está en el basural”.
Aportó que no se puede desconocer en Villa Mercedes la “participación política que tenía Anabela Lucero y la influencia, manifestada por casi casi todos los trabajadores del Molino que claramente le tenían miedo”.
Los defensores de Lucero pidieron que se revoque la preventiva, defendieron que la ex diputada “nunca manejó fondos públicos y que siempre estuvo a derecho”, y que no existe riesgo procesal. Cuestionaron la investigación al decir que “no tiene solidez”. Solicitaron la domiciliaria, bajo el cuidado de sus hijas, la prohibición de acercamiento a las personas que son testigos, la prohibición de salir del territorio provincial, y como caución real ofreció un vehículo marca Fiat que vale 40 millones de pesos.
“No intentará darse a la fuga, jamás incumplió las medidas”, sostuvieron. Pero el juez Santiago Ortiz confirmó la preventiva por los dos meses, como se había estipulado.
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