InfoSanLuis - Noticias locales

La denuncia penal contra los abogados de Anabela Lucero suma un nuevo capítulo alrededor de la causa que investiga el desvío de fondos del Molino Fénix, y que se podría resumir en dos palabras: trampa y entorpecimiento. Están acusados de haber vulnerado las normas de seguridad del establecimiento carcelario donde la dirigente del PJ está detenida con prisión preventiva hace dos meses. Facilitaron un celular para que haga llamadas no autorizadas y se habría adulterado información para mentir sobre una situación de salud de la imputada que no existe.

Adriel Cabello y Esteban Bustos fueron denunciados formalmente ante la Unidad de Abordaje Fiscal, por la directora del Servicio Penitenciario Provincial, Karina Mantelli. En el escrito advirtió que se incurrieron “diversos tipos de conductas que van en detrimento de la seguridad interna poniendo en riesgo no solo la paz de la población penal, sino también el latente riesgo de que se encuentren pergeñando alguna maniobra que tienda a entorpecer el proceso penal o aún algún tipo de evasión”.

En el escrito se relata como central el episodio ocurrido el 16 de septiembre, alrededor de las 17:41 en el salón de visitas de la Unidad Nº 4 (“Cárcel de Mujeres”) en el Complejo Penitenciario Nº 1 “Granadero Juan Bautista Baigorria”. Ese día, durante una entrevista profesional, una oficial de servicio notó movimientos extraños a través de la celaduría. Así se constató que los letrados le entregaron un teléfono a su asistida “en más de una oportunidad” para hablar con alguien, sin que eso estuviera autorizado. En ese momento Cabello y Bustos fueron denunciados ante el Colegio de Abogados.

Los abogados Adriel Cabello y Estebas Bustos, que representan a Anabela Lucero. (Foto: Nahuel Sanchez)

A esto se sumó la detección sobre la mesa de “un par de lentes que presumiblemente serían inteligentes” lo que agrava aún más la situación.

La denuncia sostiene que las maniobras descubiertas alcanzan un carácter crítico: “Revisten gravedad institucional por el eventual riesgo causado, en virtud de haberse producido una comunicación no autorizada que podría tener una finalidad ilícita en cuanto al entorpecimiento de la causa, como así también un probable intento de evasión lo que conlleva un gravísimo peligro tanto para el internado penal como para la Justicia que se encuentra en plena tarea investigativa”.

La presentación judicial detalla también que, amparados en las visitas diarias, se estarían desplegando un comportamiento destinado a corromper los controles penitenciarios. Mantelli concretamente describió que “se está intentando” generar algún tipo “de connivencia con el personal penitenciario a fin de lograr corromper el sistema y procurar algún fin delictivo”.

Las irregulares también alcanzaron la cuestión sanitaria de la ex diputada a partir de una huelga de hambre. Según la investigación interna se registraron “inconsistencias en los pesajes realizados por el Departamento Sanidad Central en cuanto a la pérdida de peso que no existe en la realidad”. Para Mantelli se buscaba “con claridad burlar el procedimiento judicial”.

Como prueba fundamental de estas acusaciones se aportó el registro completo de la videograbación de las cámaras de seguridad de la Unidad 4 y solicitaron medidas preventivas para resguardar el orden del penal.

Cada una de estas situaciones fue expuesta este viernes, tanto por el Ministerio Público Fiscal, a cargo de José Olguín, como de la querella que representa a Fiscalía de Estado, Flavio Ávila, en la audiencia de este viernes donde se pidió la extensión de la prisión preventiva por cuatro meses. Sin embargo, el juez Santiago Ortiz dispuso que el encierro sea por 90 días.

La sospecha es que los abogados corrompieron a una enfermera del penal para que aporte información inexacta, errónea y falsa respecto a los controles de peso y de presión arterial que le realizaban a Lucero a partir de su decisión de no alimentarse. De ese modo introdujeron una mentira sobre el verdadero estado de salud. Lo que se pretendió fue simular un deterioro físico grave, engañar al juez y lograr forzar una morigeración en la detención, como la prisión domiciliaria. Para Ávila eso se llama “estafa procesal”.

Apuntó contra los letrados al decir que “la buena fe ha quedado para atrás”. Inclusive fue más contundente: “No somos tontos, advertimos estas situaciones de engaño y entorpecimiento, y esta es la conducta que han mantenido a lo largo del proceso".