
El sobreseimiento por prescripción que dictó el juez de Garantía N° 3, Marcos Flores Leyes, a favor de los ex funcionarios Miguel Ángel Berardo y Cintia Ramírez, se convirtió en un escándalo que dejó expuesto al fiscal, Ricardo Barbeito. Ambos están imputados por pagos irregularidades en contrataciones para la construcción de canchas de fútbol durante los últimos días del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Los desembolsos investigados tuvieron en ese momento un costo de 88 millones de pesos.
La resolución no se pronunció sobre la existencia o inexistencia de los hechos investigados ni sobre la responsabilidad de los imputados. El magistrado consideró que la acción penal había prescripto porque, a su criterio, el pedido para que elevara la causa a juicio fue presentado dentro del plazo legal. La Fiscalía de Estado -que interviene como querellante- rechaza esa interpretación y anticipó que apelará la decisión.
Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado, explicó los argumentos de la querella, las diferencias entre los distintos tipos de sobreseimiento y los pasos que vienen en la causa abierta a Berardo, ex secretario General de la Gobernación y marido de la jueza del Superior Tribunal Carolina Monte Riso, y Ramírez, ex secretaria de Deportes.

Santiago Calderón Salomón, jefe de la Sala Penal de Fiscalía de Estado.
—¿Qué consideración le merece lo que ocurrió con este sobreseimiento dispuesto por el juez Marcos Flores Leyes en la causa que el fiscal Ricardo Barbeito debía investigar?
—Particularmente, hay que entender que esta es una de las tantas causas que ha denunciado Fiscalía de Estado o que, en algunos casos, fueron denunciadas inicialmente por quien era secretario de Deportes y después Fiscalía de Estado intervino como querellante.
En esta causa los imputados son Cintia Ramírez, que ya fue condenada por otra causa de corrupción, y Miguel Berardo. El expediente tiene que ver con contrataciones para realizar unas canchas de fútbol. No solamente se cuestiona que las obras no se hayan culminado, sino también los llamativos anticipos del 70 por ciento y las cancelaciones del total de los montos a los cuatro o cinco días. Había un apuro evidente y se habrían dejado de lado las disposiciones de la normativa respecto de los porcentajes de anticipo y otros requisitos. Todo esto ocurrió apenas ocho o diez días antes de que las autoridades dejaran sus cargos.
Después de la formulación de cargos, que se realizó hace aproximadamente dos años, la causa debía continuar avanzando. Si no se presentan las actuaciones correspondientes y no se pasa a las siguientes etapas, corre el riesgo de que opere la prescripción. ¿Qué significa esto? Que transcurra el tiempo previsto por la ley sin que se impulse la acción penal por parte del Ministerio Público Fiscal.
Al advertir que no había demasiado movimiento en el expediente, desde Fiscalía de Estado comenzamos a instar el procedimiento. Esto significa intentar que la causa avance, aportando pruebas y solicitando medidas.
Quiero aclarar algo porque se decía que la Fiscalía de Estado no había impulsado el expediente o que era nuestra responsabilidad formular la acusación. La única institución que tiene la potestad de solicitar la audiencia de acusación, al igual que ocurre con la audiencia de formulación de cargos, es el Ministerio Público Fiscal. La querella no puede hacerlo por sí sola, salvo excepciones previstas en el Código que no corresponden a este caso.

Fiscal, Ricardo Barbeito.
Nosotros presentamos pruebas, aportamos evidencias y solicitamos que se avanzara porque considerábamos que ya estaban dadas las condiciones para acusar.
—Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un sobreseimiento por falta de pruebas y el que se dictó en esta causa?
—Es muy importante dejarlo claro porque muchas veces se presta a confusión. La palabra sobreseimiento es la misma, pero puede responder a causas muy distintas. El fiscal tiene dos posibilidades. Después de investigar, puede considerar que no encontró pruebas suficientes, que no hay delito o que las personas son inocentes. En ese caso puede disponer el sobreseimiento por falta de elementos para continuar con la causa. Pero eso no fue lo que pasó acá.
Lo que plantea la defensa es que corresponde el sobreseimiento porque, según su interpretación, el fiscal presentó la acusación cuando el plazo de prescripción ya había vencido.
Partimos de una cuestión importante. El fiscal tenía la posibilidad de sobreseer por falta de pruebas o por considerar que no había elementos para continuar, pero no lo hizo.
La discusión es otra. La defensa sostiene que esa acusación se presentó fuera de término porque, según argumenta, no tenía una fecha cierta que acreditara cuándo había sido formalizada.
Entendemos que la acción penal no prescribió. Nosotros presentamos pruebas, Flores Leyes determinó el sobreseimiento a raíz de una interpretación que él hizo en torno a plazos procesales.
—¿Hay elementos probatorios suficientes para que Berardo y Ramírez lleguen a juicio?
—Exactamente. Eso es lo que quiero dejar bien en claro para que no haya confusiones. Más allá de lo que pueda pensar Fiscalía de Estado o de lo que haya considerado quien inició la denuncia, hay algo concreto.
La responsabilidad penal deberá determinarse en un juicio, con todas las garantías correspondientes.
Por eso insisto en que este sobreseimiento no se dictó porque las pruebas demostrarán la inocencia de los imputados ni porque se hubiera determinado que no existió delito. Se dictó por una cuestión vinculada con los plazos procesales.

Juez Marcos Flores Leyes.
La apelación y lo que puede ocurrir el 24 de noviembre
—¿Cómo sigue ahora el proceso después de la resolución de Flores Leyes?
—A raíz de lo que resolvió el juez, nosotros vamos a apelar porque no estamos de acuerdo con su interpretación. Se presenta un recurso para que la decisión sea revisada por un tribunal superior. En este caso interviene el Colegio de Jueces. Existe lo que se conoce como el “Doble Conforme”, que permite que una resolución de un juez de primera instancia sea revisada por otros magistrados para controlar si fue correcta.
La apelación será analizada por los jueces que ya fueron designados, Adriana Lucero Alfonso, Eugenia Zabala Chacur y Ariel Parrilli. El 24 de noviembre ellos definirán si lo determinado por Flores Leyes fue correcto o no.
La defensa también pone en discusión si la apelación del fiscal fue presentada en tiempo y forma. Si el Colegio de Jueces considera que el recurso es admisible y nos da la razón a nosotros de que la acción penal no prescribió, la causa deberá continuar. El expediente no se cerrará y seguirá adelante el procedimiento, con la acusación y las etapas correspondientes para llegar al juicio.
—Si el Colegio de Jueces revierte la decisión de Flores Leyes, ¿la causa vuelve a avanzar desde el punto en el que estaba?
—Exactamente. Si los jueces superiores consideran que la resolución de Flores Leyes no fue correcta y que la acción penal no prescribió, la causa continúa. No se archiva y se debe avanzar con el procedimiento correspondiente, incluida la acusación.
—¿Y en caso de que el Colegio de Jueces coincida con la resolución de Flores Leyes, qué hará la Fiscalía de Estado?
—En ese caso seguramente recurriremos ante el Tribunal de Impugnaciones, buscando una de las últimas instancias de revisión ordinaria previstas. Igualmente, hay otra cuestión que quiero destacar porque el doctor Rafael Berruezo, ha señalado públicamente que la resolución del juez Flores Leyes sostiene un error y es que no declaró la nulidad del acto procesal.
Es decir, primero debió analizar si el procedimiento utilizado para notificar la acusación era nulo. Recién si se declaraba esa nulidad podían discutirse los plazos. Si no existe una declaración de nulidad del acto, entendemos que no corresponde declarar ninguna prescripción.

Cintia Ramírez, Alberto Rodríguez Saá y Miguel "Micky" Berardo.
—Más allá de la discusión procesal, ¿cuáles son los elementos que ustedes valoran más importantes para sostener la acusación?
—Más allá de lo que pensamos nosotros y de las pruebas que presentamos, hay que volver a lo que decía anteriormente. Los funcionarios del Ministerio Público Fiscal tienen la posibilidad de considerar que no hay delito o que no hay pruebas suficientes ante cualquier denuncia y disponer el sobreseimiento de los acusados. Pero en este caso, el fiscal consideró que sí había pruebas y solicitó la acusación.
—¿Hay alguna preocupación particular desde la Fiscalía de Estado por lo que puede suceder con este tipo de investigaciones?
—Sí. Hay que prestar mucha atención a las causas vinculadas con hechos de corrupción, porque son investigaciones en las que está comprometido el patrimonio público. A nivel internacional, este tipo de causas presentan dificultades y muchas veces terminan en el archivo o sobreseyendo sin que los hechos lleguen a resolverse con la profundidad necesaria.
Por eso considero que hay que poner especial atención en estas investigaciones. Hablamos de recursos del Estado y de situaciones en las que debe determinarse si existieron irregularidades que deben tener una respuesta judicial. Es importante que estas causas puedan avanzar y que se resuelvan conforme a derecho.