En San Luis, actualmente, el nombre de la jueza de Ejecución Penal, Nora Graciela Villegas se repite desde hace un largo tiempo en el centro de controversias judiciales que trascienden lo técnico y golpean de lleno a la sociedad. Sus resoluciones, mayormente vinculadas al otorgamiento de libertades condicionales, salidas transitorias y permisos extraordinarios a personas condenadas por delitos gravísimos, no solo generaron críticas en ámbitos judiciales y políticos, sino que en varios casos derivaron en consecuencias dramáticas: reincidencias violentas, fugas y nuevas víctimas.

El caso más reciente volvió a encender todas las alarmas. Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el femicidio de su novia Laura Natalia Chirino, de apenas 17 años, ocurrido en 2002, increíblemente, fue beneficiado con la libertad condicional en octubre de 2025 por disposición de la jueza Villegas. Veintiún años después de haber asesinado a su pareja, Ponce recuperó la libertad. Apenas tres meses más tarde, volvió a ser detenido acusado de atacar con un arma blanca a una nena en la zona rural, en cercanías de Santa Rosa del Conlara. La víctima, de 10 años, permanece internada en el Sanatorio Allende de Córdoba.

No se trata de un hecho aislado ni de una excepción. Es, para muchos, la confirmación de un patrón. De una conducta, de una convicción por parte de una jueza cuyos fallos besan el garantismo.

La puerta giratoria de la Justicia de San Luis

Analizando caso por caso, la gravedad institucional de las concesiones para con Diego Ponce no radica únicamente en el nuevo ataque, sino en el recorrido previo que lo hizo posible. Ponce había sido condenado a prisión perpetua por un tribunal que consideró probado el femicidio de Laura Chirino, un crimen que conmocionó a la provincia a comienzos de los años 2000. Sin embargo, en octubre de 2025, la jueza Villegas le concedió el beneficio de la libertad condicional. El asesino salió del Penal como si nada hubiese sucedido. Hoy, tras el ataque a una menor, la pregunta resuena con fuerza: ¿era razonable otorgar ese beneficio a un condenado por femicidio? ¿Se evaluaron adecuadamente los riesgos? ¿Se ponderó la protección de potenciales víctimas por sobre el derecho del condenado?. Las respuestas no llegan, pero las consecuencias sí. Mientras tanto Villegas sigue con su vida y sus convicciones inamovibles.

Salidas transitorias para abusadores de menores

En marzo de 2025, otro fallo de Villegas volvió a generar repudio en la sociedad sanluiseña. La jueza autorizó, por segunda vez, salidas transitorias a Juan Manuel Cháves, condenado por abuso sexual contra menores que eran sus alumnos en el Colegio San Buenaventura. La decisión fue duramente cuestionada y apelada por el fiscal, la defensora de Niñez y la representación legal de las víctimas, quienes señalaron que la Ley 24.660 prohíbe expresamente este tipo de beneficios para condenados por delitos contra la integridad sexual. Los padres de las víctimas y la gente de Villa Mercedes protestaron con dolor y bronca por la decisión de la jueza.

La polémica se profundizó cuando trascendieron los fundamentos del fallo. Según se expuso en la audiencia, Villegas sostuvo que no existe diferencia entre una persona condenada por abuso sexual y una condenada por robo, equiparando delitos que la legislación y los estándares de derechos humanos consideran sustancialmente distintos por su impacto y peligrosidad. Algo definitivamente inaceptable y que a la vez fue duramente criticado por colegas de toda la provincia.

La resolución fue calificada como “grave” y “vergonzosa” y quedó en manos del Tribunal de Impugnaciones, pero el daño institucional ya estaba hecho.

Permisos, fugas y reincidencias

El historial de decisiones controvertidas de Villegas incluye además una larga lista de permisos extraordinarios otorgados a condenados por homicidio, abuso sexual y robos violentos. Solo en 2025, la magistrada autorizó salidas a al menos once internos del Servicio Penitenciario Provincial, entre ellos dos con prisión perpetua por homicidio y femicidio. Uno de los casos más emblemáticos fue el de Félix Tobares, condenado por delitos contra la propiedad. En agosto de 2024, Villegas le concedió un permiso extraordinario para “afianzar vínculos familiares”. Tobares se fugó durante ese permiso y luego se supo que el domicilio informado no correspondía al de su padre -quien se encontraba en situación de calle- sino al de su pareja.

No fue el único. Otros internos beneficiados fueron sorprendidos vendiendo drogas mientras gozaban de permisos “bajo palabra de honor”. Cada uno de estos episodios expuso no solo fallas en el control, sino una concepción extremadamente laxa y descuidada, irresponsable.

El Chorrillero ha dado cuenta de las cuestionadas medidas de la magistrada.

Villegas, además de jueza de Ejecución Penal, es presidenta del Colegio de Magistrados y Funcionarios de la provincia, con sede en Villa Mercedes. Su rol institucional contrasta con la reiteración de decisiones que parecen ignorar el contexto social y la centralidad de las víctimas en el sistema de Justicia.

El problema no radica en la existencia de beneficios penitenciarios, previstos por la ley, sino a quiénes se les otorgan, en qué condiciones y con qué controles. Cuando un femicida vuelve a atacar, cuando un abusador obtiene salidas pese a prohibiciones legales, cuando un condenado se fuga o reincide, la discusión deja de ser jurídica y pasa a ser ética, política y social.

Las víctimas, siempre quedan para después

En todos estos casos hay un denominador común: las víctimas quedan relegadas. Mujeres asesinadas, niñas abusadas, familias que vuelven a vivir con miedo. Cada resolución que prioriza la reinserción sin garantías suficientes termina trasladando el riesgo a la sociedad, y en particular a los sectores más vulnerables. Los victimarios vuelven a las calles casi sin sobresaltos. La angustia vuelve a las víctimas.

La reiteración de estos fallos obliga a una reflexión profunda sobre el rol de la Justicia, los criterios de evaluación del peligro y la responsabilidad de quienes toman decisiones que no son abstractas: tienen nombres, cuerpos y consecuencias.

Hoy, mientras una menor lucha por su recuperación en un hospital, el historial de fallos de la jueza Nora Graciela Villegas vuelve a quedar bajo la lupa. No como un error aislado, sino como una sucesión de decisiones que, una y otra vez, llegan tarde para las víctimas y demasiado temprano para quienes ya demostraron no estar en condiciones de volver a la calle.