El fiscal de Instrucción N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial, Hugo Salazar Molina, pidió que el actual intendente comisionado de Villa de Praga, Ramón Eulogio Cruz, sea juzgado por corrupción. Lo acusó formalmente por seis hechos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con el delito de peculado.

El fiscal solicitó una pena de seis años de prisión, 12 de inhabilitación para ejercer cargos públicos, accesorias legales y costas procesales.

La solicitud fue elevada el 10 de julio al juez de Garantías N°1, Nicolás Coppola, y corresponde a la causa iniciada por la denuncia del fiscal de Estado, Víctor Endeiza. En diciembre de 2024 formalizó la denuncia contra Cruz por no rendir balances económicos mientras ejercía como intendente comisionado de Las Aguadas entre 2007 y 2015.

De acuerdo al requerimiento de apertura a juicio, Cruz no justificó el uso de más de $4,8 millones correspondientes a seis trimestres en los años 2009, 2011, 2014 y 2015, como lo exige la Ley Provincial XII-0622-2008, que regula las funciones de los intendentes comisionados. Por estas omisiones, el Tribunal de Cuentas ya lo había sancionado con multas económicas y emitido resoluciones administrativas que sustentaron la acusación penal.

Entre los períodos que no fueron rendidos figuran:

-Segundo trimestre de 2009: $31.801,10 no rendidos.

-Tercer trimestre de 2011: $330.118.

-Cuarto trimestre de 2011: $402.719,33.

-Tercer trimestre de 2014: $743.472,25.

-Primer trimestre de 2015: $2.414.581,31.

-Tercer trimestre de 2015: $972.606,05.

Durante la investigación penal, se sumaron pericias contables que confirmaron que la Municipalidad de Las Aguadas no conservaba ningún tipo de documentación respaldatoria, como libros de banco, órdenes de compra, facturas ni resúmenes de cuenta. Según el informe del perito oficial Marcelo Pedernera Esquibel, tampoco había registros digitales ni copias de seguridad, y la comuna solo alegó un supuesto robo de archivos físicos.

El fiscal sostuvo que Cruz incumplió dolosamente sus deberes como funcionario público y que, al no rendir los fondos ni justificar su destino, incurrió también en peculado, un delito que castiga a quienes sustraen o administran indebidamente caudales públicos bajo su responsabilidad.

En marzo, Coppola ya había dictado el procesamiento de Cruz, ordenando un embargo por $30 millones sobre tres vehículos de su propiedad, la prohibición de salir de la provincia y la obligación de presentarse a firmar durante 60 días.

“La obligación de rendir cuentas es ineludible y debe ser transparente. Los funcionarios cumplen un mandato y deben comprobar ante su comunidad la forma, alcances y circunstancias en que lo llevaron a cabo”, argumentó Salazar Molina en su presentación, donde también citó tratados internacionales contra la corrupción ratificados por la Argentina.

El expediente ahora está en condiciones de avanzar hacia la audiencia de control de acusación. Antes, las partes deberan pronunciarse por escrito.