En las últimas horas se conoció cómo fue el final de la causa donde estaban imputados un abogado y una escribana de Villa Mercedes, por querer coimear a un juez por un hecho que sucedió en 2020, en Buena Esperanza.

El Tribunal Oral Federal de San Luis hizo lugar a la postulación que hicieron Juan Cruz Albarracín y Andrea del Valle Escudero Hernández, y suspendió el juicio a prueba al entender que “concurren los requisitos legales que autorizan su concesión”. Siempre y cuando los acusados cumplan las normas de conductas impuestas, entre ellas también la autoinhabilitación por año para ejercer la profesión, tal como lo ofrecieron. Así evitaron una condena en el proceso de debate oral.

Además aprobaron una reparación económica, que será en beneficio del Merendero Comedor Carita de Ángel, con domicilio en Villa Mercedes. Se trata de $400 mil que serán pagados en diez cuotas mensuales y consecutivas de $ 40 mil cada una.

Albarracín y Escudero Hernández (que es su pareja) quedaron involucrados cuando intentaron recuperar un dinero que secuestró la Policía en un control vehicular, en plena pandemia del coronavirus, en julio de 2020. Eran 19 millones de pesos. A él se le atribuye pedirle a la familia investigada dinero para coimear al juez Juan Carlos Nacul.

También lo acusan de que “orquestó la confección de un escrito judicial tendiente a obtener la restitución de los efectos secuestrados”, y que “estaba fundado en premisas falsas y avalado con pruebas espurias, todo con el objeto de engañar al magistrado a cargo”.

Encuadraron la conducta de Albarracín en el delito de tráfico de influencias agravado, en concurso real con el delito de estafa procesal en grado de tentativa, en concurso ideal con falsificación de documento privado y falsedad ideológica, en la modalidad de hacer insertar una declaración falsa.

Le atribuyen a los dos profesionales que “dibujaron instrumentos” para justificar el origen de ese dinero. Se produjo así una venta y compra “simulada” de un campo (donde la escribana introdujo una “declaración falsa”) y a la vez Albarracín le pidió a sus clientes unos 5 millones de pesos para coimear a Nacul y conseguir que les devuelvan la plata incautada por la fuerza de seguridad. Por esto último, la familia no accedió y cambiaron de defensor.

Y a Escudero Hernández le indilgaron el delito de falsedad ideológica, en concurso real con el delito de estafa procesal en grado de tentativa y en concurso ideal con falsificación de documento privado.

La escribana debía probar el precio de la compraventa de un inmueble, y consignó un monto de cuatro millones de pesos ($ 4.000.000) cuando en realidad la operación había superado los veinte millones ($ 20.000.000).

Sobre la familia que trasladaba los 19 millones, el Juzgado Federal de Villa Mercedes entendió que habían incurrido en una evasión impositiva y les exigió que cumplan con el pago de impuestos que no hicieron. Pidió también que les devuelvan la plata, la cual por decisión de Nacul había sido ingresada a un plazo fijo en el Banco Nación. El año pasado retirando unos 80 millones.