El próximo lunes, la ex secretaria de Deportes, Cintia Ramírez comenzará a ser juzgada por corrupción. Está acusada de maniobras irregulares vinculadas al uso de fondos públicos para beneficiar al San Luis Fútbol Club, la institución que ella misma presidía.

El debate se desarrollará entre el 16 y el 20 de marzo, ante un Tribunal integrado por Fernando De Viana como presidente, y Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.

Ramírez llegará a juicio imputada por los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. El fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí, solicitó una pena de cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La causa fue elevada a debate oral en mayo de 2025. Después de eso, hubo presentaciones de la defensa para dilatar el proceso. Finalmente, el Tribunal de Impugnaciones confirmó la elevación.

Ramírez será la segunda funcionaria del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá en enfrentar un juicio oral por corrupción.

El antecedente inmediato es el del ex ministro de Seguridad Claudio Latini, quien fue condenado por peculado luego de comprobarse que trasladó bienes públicos desde dependencias del Gobierno hacia su domicilio particular en Juana Koslay, en los últimos días de la gestión anterior.

Rodríguez Saá citado como testigo

Entre los testigos que deberán declarar durante el juicio aparece el ex gobernador, quien fue propuesto por la defensa de Ramírez.

Su participación está vinculada al subsidio otorgado al San Luis Fútbol Club que permitió la compra de un colectivo, uno de los hechos investigados en la causa.

Durante su gestión, el entonces mandatario firmó el decreto que autorizó la transferencia de fondos para concretar la operación, por lo que su testimonio podría aportar detalles sobre el proceso administrativo que culminó con la adquisición del vehículo.

En la lista de testigos también figuran el ex secretario de la Gobernación Miguel Ángel Berardo (también imputado por corrupción), el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo, ex funcionarios de la secretaría de Deportes, interventores del club y peritos que participaron en las tasaciones y verificaciones del rodado.

En las últimas horas trascendió que Rodríguez Saá estaría evaluando realizar un viaje fuera del país durante los días en que se desarrollará el juicio, lo que podría impedir su presencia en Tribunales.

Las maniobras que se juzgarán

La acusación fiscal se centra en dos hechos. Por un lado, 188 transferencias de fondos públicos que habrían sido destinadas al San Luis Fútbol Club, creado en 2022 y presidido por la propia Ramírez.

Según la investigación, esos recursos fueron utilizados para cubrir distintos gastos del equipo, desde transporte y alojamiento hasta indumentaria y equipamiento.

El segundo eje de la causa es la compra de un colectivo Volvo modelo 2018, adquirido mediante un subsidio estatal de $290 millones.

La tasación oficial arrojó que el valor real del micro era de $114 millones, lo que significó un sobreprecio de $175 millones.

Con estos elementos, el Ministerio Público Fiscal sostiene que la ex funcionaria utilizó su posición dentro de la secretaría de Deportes y del Ente Deportes para beneficiar a una entidad que ella misma dirigía.