ERNESTO “PIPI” ALÍ IMPUTADO POR CORRUPCIÓN SE RECONOCIÓ EMPOBRECIDO POR LA DIETA DE DIPUTADO NACIONAL Y ASEGURÓ QUE ESTÁ “CROCANTE DE SECO”
Pese a cobrar el equivalente a 12 salarios mínimos, en medio de la causa por corrupción aseguró estar más pobre que antes, aunque sin precisar si hablaba de su etapa como legislador.

La última dieta informada por la Cámara de Diputados asciende a $4 millones, el equivalente a 12 salarios mínimos. Sin embargo, en la audiencia por la causa de corrupción de obra pública durante su intendencia en La Toma, el diputado nacional por San Luis de "Unión por la Patria", Ernesto “Pipi” Alí, dijo estar cada vez más pobre y que se encuentra “crocante de seco”.
“Estoy más pobre de lo que entré. Mi declaración jurada de bienes, que está en el Congreso de la Nación, tiene dos bienes… Yo estoy crocante de seco”, declaró a los medios con su habitual histrionismo.
“Estoy más pobre de lo que entré", dijo a los periodistas el diputado nacional Ernesto "Pipi" Alí que estuvo toda la mañana pendiente de su smartphone e inclusive filmaba a abogados, fiscales y periodistas.
Este jueves, el ex intendente de La Toma habló a la prensa, a la que apuntó no tenerle miedo. Tras escuchar sus gritos desde dentro de la sala —donde en varias oportunidades repitió “¡que expliquen qué hice!”—, en el cuarto intermedio de la audiencia de formulación de cargos aseguró estar totalmente tranquilo y confiado en que la Justicia actuará con transparencia.
“Es una persecución política, pero no les tengo miedo y no me voy a callar. Voy a seguir diciendo lo que vengo diciendo y voy a luchar por lo que vengo luchando, que es por la provincia de San Luis”, afirmó.
“Doctora es imposible, yo tengo una chata y una propiedad en la otra cuadra que tiene un crédito UVA imagínese”, dijo en un pasaje de su alocución ante la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó.
Por tres contratos de obra pública firmados durante su gestión fue imputado por defraudación, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El primer caso se registró el 16 de agosto de 2022, cuando el Ministerio de Seguridad y la municipalidad de La Toma suscribieron acuerdos por más de $28 millones destinados a la Comisaría de la Mujer, el comedor de la UROP 6, un destacamento de bomberos y áreas de criminalística e investigaciones.
Se habían pactado adelantos del 30% y un plazo de 60 días para concluir las obras. Sin embargo, entre agosto de 2022 y mayo de 2023 se giraron más de $20 millones sin que existiera constancia de avances en los trabajos.
A la pregunta de si puede justificar a dónde fueron los fondos públicos, titubeó: “Pero por supuesto, lo que pasa es que se tiene que hacer en el transcurso de… Tené en cuenta que… la denuncia la hicieron el 22 de diciembre de 2023. Casi dos años después venimos a la formulación de cargos”.
El diputado Ernesto "Pipi" Alí y el ex ministro, Luciano Anastasi esperan el inicio de la audiencia.
Posteriormente aseguró que las obras estaban todas terminadas e inauguradas. Sin embargo, en la audiencia se remarcó la rescisión de uno de los contratos, aunque la plata no fue devuelta.
“Hablar de eso es una nimiedad”, inició. Y agregó: “Eran tres, se terminaron dos que fueron inauguradas y una quedó al 80 por ciento. Es normal extender los plazos, es normal ampliar los plazos, es normal rescindir un convenio. El acto administrativo quedó firme”.
Alí finalizó sus declaraciones justificando que había una inflación galopante ante un monto fijo y que "son cosas que se hacen hoy y se van a hacer mañana porque son cuestiones normales de la administración".