Ramón Ezequiel Cruz, ex intendente de Las Aguadas, fue acompañado esta mañana por efectivos de la Policía a la audiencia de formulación de cargos a la que se había ausentado ayer en el Juzgado de Garantía N°1 de la Tercera Circunscripción Judicial en Concarán.

Cruz, que fue escoltado por efectivos de la fuerza de seguridad al juzgado, no informó los balances de cuatro periodos, entre 2019 y 2020, del municipio que administró. Si bien el monto total es de $19.397.053,05, por una actualización de valores, la cifra llega a los $80 millones.

El juez de Garantías N°1 Nicolás Damián Cóppola, le formuló cargos por incumplimiento de deberes de funcionario público, sustracción, alteración, ocultamiento, destrucción o inutilización en todo o en parte de objetos destinados a serie de prueba ante las autoridades competentes, registros o documentos confiados a su custodia y peculado en concurso real y en carácter de autor material, en perjuicio de la administración pública.

La denuncia había sido presentada por la Fiscalía de Estado y la causa es instruida por el fiscal N°1, Hugo Salazar. Las medidas de coerción que se le impusieron por 120 días fueron la firma del libro de imputados en la comisaría más cercana a su domicilio cada 15 días; la prohibición de salida de la provincia y la inhibición general de sus bienes.

En total son $4.081.206,34 en el cuarto trimestre de 2019; $4.217.572,04, en el segundo trimestre del 2020, $5.197.046,47 en el tercer trimestre de 2020 y $5.901.228,20 en el cuarto trimestre de ese año.

De acuerdo con la denuncia, Cruz incumplió de manera reiterada con la presentación de balances trimestrales y rendiciones de cuentas lo que derivó en sanciones del Tribunal de Cuentas de la Provincia.

El ex intendente que actualmente es empleado de la municipalidad se abstuvo de declarar. A través de su abogado Orlando Villegas se opuso a la calificación legal y planteó la prescripción del hecho imputado. La Fiscalía había solicitado la prohibición de acercamiento a la localidad, algo que fue rechazado por el juez.

El ministerio Público también requirió un plazo de 120 días para completar la investigación penal preparatoria. Por su parte, la Fiscalía de Estado, representada por Santiago Calderón Salomón y Juan Trusendi adhirió a lo planteado por la Fiscalía y fundamentó el encuadre legal solicitado