FIJARON FECHA PARA EL JUICIO A LA EX SECRETARIA DE DEPORTES, CINTIA RAMÍREZ POR CORRUPCIÓN

La funcionaria de Alberto Rodríguez Saá será juzgada en marzo de 2026 por desviar fondos públicos al club que presidía y por la compra de un colectivo con sobreprecio. El fiscal pidió cinco años de prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

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El Tribunal de Juicio de San Luis fijó el inicio del debate oral contra Cintia Ramírez, ex secretaria de Deportes y presidenta del Ente Deportes, para los días 16, 17, 18, 19 y 20 de marzo de 2026, a partir de las 8:30. El tribunal estará integrado por Fernando de Viana como presidente, y Eugenia Zabala Chacur y Adriana Lucero Alfonso como vocales.

Se trata de la segunda funcionaria del ex gobernador Alberto Rodríguez Saá que enfrentará un juicio oral por delitos de corrupción. En octubre lo hará el ex ministro de Seguridad, Claudio Latini.

Ramírez fue enviada a juicio el 29 de mayo pasado por decisión de la jueza de Garantía N°4, Luciana Banó, tras la audiencia de control de acusación. Ese día, la magistrada rechazó los planteos de nulidad de la defensa y dio por válidas las imputaciones formuladas por el fiscal de Instrucción N°1, Francisco Assat Alí.

La ex funcionaria está acusada de haber concretado 188 transferencias por más de $166 millones al San Luis Fútbol Club (SLFC), una institución creada y presidida por ella misma mientras encabezaba la secretaría de Deportes y el Ente Deportes. El fiscal señaló que cualquier gasto del club, desde viandas hasta indumentaria y electrodomésticos, era cubierto con fondos estatales, lo que constituía “un ardid para privilegiar intereses particulares por sobre los fines públicos”.

Además, deberá responder por la compra de un colectivo Volvo 2018 con casi un millón de kilómetros, adquirido en noviembre de 2023 por $290 millones. Una tasación posterior reveló que el valor real del rodado era de poco más de $114 millones, lo que implicó un sobreprecio de $175 millones.

El pedido de la Fiscalía

Assat Alí acusó a Ramírez de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, peculado, fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público. En su alegato pidió una condena de cinco años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, al sostener que la ex funcionaria “intentaba institucionalizar hechos de corrupción”.

La Fiscalía de Estado, a través del jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón, adhirió a la acusación y consideró que la pena debería ser aún más severa.

En el juicio oral serán convocados 17 testigos propuestos por la Fiscalía, entre ellos el ex gobernador Alberto Rodríguez Saá, el ex secretario de la Gobernación Miguel Berardo y el ex ministro de Hacienda Eloy Horcajo. También declararán ex funcionarios de Deportes, interventores del SLFC, un escribano y la martillera que tasó el colectivo.

por Antonella Camargo