Las irregularidades que se detectaron en el ministerio (que en ese momento se llamaba de Producción) a cargo de Marcelo Amitrano dieron lugar a una denuncia penal. La Fiscalía de Estado recopiló las anomalías que se conocieron cuando asumió la actual gestión de Gobierno, y lo denunció por los delitos de “fraude en perjuicio de la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos”.

Las irregularidades surgieron de un informe que hizo el ahora denominado ministerio de Desarrollo Productivo, que tiene como titular a Federico Trombotto.

En primer lugar advirtieron el faltante de cinco vehículos que deberían encontrarse bajo la órbita y el control de esa cartera. Estaban circulando con fines ajenos al ministerio, pero con combustible que se pagaba “regularmente” con los fondos que administraba Amitrano.

Como consecuencia de la investigación, el fiscal Maximiliano Bazla solicitó una audiencia de formulación de cargos, pero al menos en esta instancia, no citó a Amitrano, sino a otros funcionarios que tenían la responsabilidad de manejar los vehículos y cargar combustible.

Entre ellos está el hijo del ex ministro Sergio Freixes, Francis Freixes. Los otros que deberán presentarse el 27 de mayo en los Tribunales de Villa Mercedes son Marcos Ferreyra, Sofía Aguilera, José Cejas y Sergio Olivares. Se desarrollará en el Juzgado de Garantía Nº 3, que está bajo subrogación porque desde que en febrero se jubiló Mirta Ucelay no designaron a un nuevo magistrado.

Freixes ya tuvo que visitar los pasillos del Poder Judicial de Villa Mercedes. El 14 de septiembre de 2023 lo declararon autor penalmente responsable del delito de homicidio culposo. Mató y atropelló con su camioneta al empleado municipal (de Fortuna) Hugo Barroso que iba en moto a trabajar. Lo condenaron a dos años y seis meses de prisión en suspenso y cinco años de inhabilitación para conducir.

Los vehículos que no estaban cuando asumió el nuevo Gobierno son: dos camionetas Ford Ranger; dos Ford Cargo-camión; y un minibus Ivecco Daily. Con el avance de la investigación, durante allanamientos que ordenó la Justicia fueron recuperados en un galpón que le pertenecía a la Municipalidad de Nueva Galia, donde la intendenta, su hermana, es Diamela Ferixes.

Francis Freixes tenía bajo su responsabilidad los vehículos y también cargar combustible en varios de ellos. La sospecha del Gobierno es que estos estaban a disposición de la familia.

Según consta en el expediente, fue Sergio Freixes (cuando era ministro) quien asignó los vehículos para las gestiones que demandó una Fiesta del Caldén, pero nunca más los regresaron.

La acusación que hizo Fiscalía de Estado sostenía que estos se usaron, por los registros de combustible (que eran de manera regular), fundamentalmente en las localidades de Buena Esperanza y Nueva Galia, lo que hacía presumir que estaban radicados en esa zona con fines “ajenos al ministerio donde estaban asignados”.

En otra causa, Sergio Freixes y su familia fueron denunciados por asociación ilícita y lavado de dinero. Su esposa Viviana Moreira (ex asesora en el Senado); y sus hijos Francis (funcionario del Gobierno de Alberto Rodríguez Saá) y Diamela Freixes (intendenta comisionada de Nueva Galia). También su secretaria Sofía Aguilera, Miguel García Montani, Marcos Daniel Ferreyra, Diego Ezequiel Lucero y el ex comisario Marcelo Enrique Balbo.

De esto no se conoce avance en la Justicia.

Las maniobras que les acusan son el manejo de fondos de la comunidad Ranquel mientras gobernaba Alberto Rodríguez Saá, para “enriquecerse personalmente aprovechando su posición como funcionarios en perjuicio de la administración pública”.

por Catalina Ysaguirre