JUECES INTIMARON CON DENUNCIARLO AL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE MAGISTRADOS PORQUE EMITIÓ OTRA VEZ CHEQUES SIN FONDOS POR UN MONTO MILLONARIO

La entidad en lo que va del año acumula cheques rechazados por $4,4 millones. Le exigieron a Hugo Saá Petrino la rendición de la plata que entró y los gastos de los dos últimos años, y le pidieron explicaciones por una toma de deuda en dos bancos. El camarista tiene el sueldo embargado por una deuda en dólares y aspira a reelegirse.

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El Colegio de Magistrados volvió a ser protagonista de otro escándalo por el rechazo de más cheques por falta de fondos. Esta situación que se repite sigue alimentando las especulaciones sobre el manejo de la plata y ahora, por primera vez, desembocó en una reacción formal interna.

En los últimos meses fueron rechazados una serie de cheques emitidos por la institución por un total de $4.444.050, según información oficial del Banco Central de la República Argentina. El 20 de agosto rebotó el último de $232 mil que agotó la tolerancia de al menos un grupo de magistrados.

Las consultas entre jueces y funcionarios después de ese día tuvieron otro carácter hasta que llegaron definitivamente a la decisión de ir a fondo. El jueves 11 firmaron un requerimiento formal de informe y rendición de cuentas para conocer a fondo el estado real de las cuentas.

Se trata de un fuerte cuestionamiento al presidente, Hugo Saá Petrino. La presentación se hizo “en aras de garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos de la institución de conformidad con la normativa vigente”.

El Colegio de Magistrados que preside Hugo Saá Petrino (centro) transita otro escándalo por la emisión de cheques sin fondo.

La dureza del reclamo quedó en evidencia porque además de solicitarle información, pidieron los originales de la documentación y le concedieron un plazo no mayor a 10 días hábiles para que rinda cuentas.

Los jueces de primera y segunda instancia, fiscales, defensores y secretarios firmantes lo intimaron al presidente. Le advirtieron que en caso de no atender el requerimiento promoverán denuncias administrativas y/o judiciales.

El pedido, al que accedió El Chorrillero, tiene 10 puntos:

– Causales concretas de los rechazos.

– Identificación de los libradores y beneficiarios.

– Medidas adoptadas por la institución para evitar su reiteración.

– Situación actual de los mismos y si fueron cancelados y las multas por los rechazos.

– Rendición de cuentas de los recursos percibidos y gastos realizados por el colegio durante los ejercicios fiscales 2024 y 2025, acompañada de:

– Estados contables auditados.

-Detalle de ingresos por cuotas sociales, subsidios, transferencias u otros conceptos.

-Nómina y justificación de los gastos efectuados.

– Presentación de los Libros IVA Ventas e IVA Compras correspondientes a los períodos fiscales 2024 y 2025, las declaraciones juradas de dichos periodos, a efectos de su verificación y control.

– Informe de la toma de deuda informada por el Banco Central de la República Argentina en el Banco Santander SA para 03/2025 por la suma de $1.538.000,00 y el Banco Supervielle SA periodo 04/2025 por $782 mil.

El clima de dudas escaló para transformarse definitivamente en desconfianza y malestar hasta que la convivencia se quebró. Sobre el final de 2024 Saá Petrino no cumplió con informar, como se había comprometido, sobre la integridad financiera de la institución después de que tomara estado público la emisión de cheques sin respaldo.

En medio de ese escándalo les comunicó a los afiliados que iba a poner a disposición la situación contable, pero después condicionó el acceso a la documentación al establecer que para interiorizarse debían ir a su despacho.

Ahora sus pares decidieron auditar la gestión y están dispuestos eventualmente a denunciarlo por abusos en la administración.

Esta nueva crisis de los cheques encuentra a Saá Petrino sondeando y buscando apoyo en distintos ámbitos para postularse por cuarta vez a la presidencia.

El juez tiene intenciones de continuar liderando la entidad pese a que quedó en una posición muy incómoda en junio al ordenarse el embargo de una parte de su sueldo por una millonaria deuda impaga.

La jueza, Valeria Benavídez dispuso una quita del 30% del salario del camarista para saldar 36 mil dólares que le reclaman desde hace seis años, más otros 10.800 dólares en concepto de intereses. Se llegó a esa instancia porque no se encontraron bienes registrables a nombre del magistrado que permitieran ejecutar la sentencia.