En su alegato, la querella profundizó la acusación contra Cintia Ramírez y elevó el pedido de pena a siete años de prisión. Santiago Calderón Salomón planteó que el eje del caso no es la existencia formal de expedientes, sino el uso que se hizo de ellos: “El problema no es que el expediente exista, sino que esté desde antes y se sepa quién es la beneficiaria”.

Sostuvo que la ex secretaria de Deportes tenía “pleno conocimiento” de cada movimiento administrativo y que desde el inicio sabía que no debía intervenir en los trámites vinculados al San Luis Fútbol Club. Mantuvo la acusación por peculado.

En ese sentido, afirmó que, más allá de los intentos de la defensa por desvincularla, Ramírez estuvo presente en el origen de la operación del colectivo y fue quien resultó beneficiada.

Además, remarcó que el club “se financiaba del Estado” y advirtió sobre el impacto institucional de este tipo de maniobras. “Los verdaderos damnificados del patrimonio público son los ciudadanos”, expresó, y concluyó que es la Justicia la que debe “poner un fin” y devolver credibilidad.

Por eso, solicitó una condena de siete años de prisión, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y el decomiso del colectivo.