Una familia de Villa Praga pide al juez Daniel Sanchiño, titular de la Sala Penal de la Tercera Circunscripción Judicial de Concarán, que rechace el pedido de juicio abreviado a Danilo Lagos. Está imputado por dos robos, uno de ellos con privación de la libertad por maniatar y golpear a una mujer de 80 años. Vecinos lo señalan como responsable de una ola de ilícitos sucedidos entre 2021 y 2023, en su haber tiene otras diez denuncias.

Una señora de 82 años que fue asaltada por tres hombres el 1 de julio del 2022. Según dicta el expediente, estaba tejiendo y tomando mate en su casa ubicada en una zona rural en Las Chacras cuando, cerca de las 20, Lagos y dos hombres armados irrumpieron en su vivienda, patearon la puerta trasera e ingresaron a su habitación a los tiros y con el rostro cubierto

Uno de los agresores la tiró a la cama y le tapó la cara con una almohada. Luego, otro hombre la ató de manos, le vendó los ojos y la sometió con su cuerpo. Los ladrones revolvieron la vivienda, sustrajeron objetos y dinero y se fueron.

El 20 de junio de 2023, Mirian Chaves y su marido Angel Mercau habían salido de su vivienda, donde también tienen un restobar, a eso de las 19:30. Al regresar a las 23 encontraron violentada la puerta trasera y su casa revuelta. Les habían robado dinero en efectivo, cerca de 350 mil pesos, mercadería del comercio y un cheque a cobrar a nombre de Mercau.

En la denuncia se menciona a un segundo ladrón, de apellido Garro, que habría esperado a Danilo con una camioneta EcoSport gris para cargar los elementos robados.

Actualmente, Lagos está imputado por robo calificado en despoblado y en banda y privación ilegítima de la libertad, por el primer hecho, y robo simple, por el segundo. El juicio oral con tribunal colegiado y tres jueces debía comenzar el martes 20 de mayo; sin embargo, la defensa presentó un escrito solicitando un juicio abreviado y una pena en suspenso.

Chaves relató que cuando realizaron un allanamiento en la casa de Lagos encontraron el cheque a nombre de su marido y botellas y etiquetas de cigarrillos que responderían a la mercadería sustraída de su restobar. Pero les dijeron que deben iniciar un juicio por daños y perjuicios para recuperar los elementos.

“Hubo una ola de inseguridad terrible en ese tiempo. Es un pueblo chiquitito y hubo 43 casos delictivos en tres años. El nuestro fue el último porque nosotros nos movimos, buscamos firmas y hablamos de seguir hasta las últimas consecuencias”, aclaró.

El pedido de la querella es que se rechace el pedido de juicio abreviado por reiterancia y que siga como un juicio oral y público, donde se escuche a las víctimas y los testigos, con un pedido de pena de nueve años de cumplimiento efectivo.

“No queremos eso nosotros. Tenemos que hacer el esfuerzo para que se haga justicia porque está bien, nosotros solo tuvimos pérdidas materiales, pero quedás traumado”, reforzó Mirian.