por Julian Pampillón

La causa contra la ex intendenta comisionada de Renca, Romina Peralta, sumará un nuevo capítulo el próximo miércoles 22 a las 10, cuando se realice la audiencia en los Tribunales de la Tercera Circunscripción Judicial, en Concarán, para tratar la solicitud de ampliación de imputación en su contra.

El Ministerio Público Fiscal buscará incorporar el delito de “peculado” a la acusación original por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, en el marco de una investigación por la falta de rendición de fondos municipales durante su gestión.

La audiencia había sido fijada inicialmente para el jueves 9, pero debió suspenderse a raíz de la renuncia de Carlos Torres y José Melano, los abogados defensores de Peralta.

Ambos letrados, que estaban notificados del pedido de ampliación desde hacía un mes, abandonaron el patrocinio un día antes de la audiencia, lo que obligó a reprogramar la instancia judicial.

Ante esa situación, y en virtud de lo establecido en el artículo 49 del Código Procesal, Peralta debió designar nuevos representantes legales o bien optar por la defensa pública.

Finalmente, será representada por la defensora oficial N°1, Mirtha Moreno.

La investigación

La causa se inició hace un año y tuvo un avance clave el 28 de abril, cuando el juez de Garantía N° 1 de Concarán, Nicolás Coppola, dio por formulados los cargos contra Peralta. En esa oportunidad, además, se ordenó un embargo preventivo por $10 millones y se dispuso la prohibición de salida del país.

Según la investigación que encabeza el fiscal Hugo Salazar, la ex intendenta no justificó el uso de fondos correspondientes al primer trimestre de 2021 por un total de $4.935.438,90. Se trata de recursos municipales que, de acuerdo con la acusación, no fueron rendidos conforme a lo establecido por la Ley VI-0166-2004.

Con la incorporación de nuevos elementos a la causa, Salazar sostiene que la conducta también podría encuadrarse en el delito de “peculado”, previsto en el artículo 261 del Código Penal, que contempla penas de hasta 10 años de prisión.

“El pedido de ampliación obedece a que en la investigación se obtuvieron elementos nuevos que permiten sostener que Peralta transgredió la normativa penal. Estas acciones son compatibles con el peculado”, sostuvo a El Chorrillero.

La denuncia que dio origen al expediente fue presentada en noviembre de 2024 por la Fiscalía de Estado, luego de un juicio de responsabilidad impulsado por el Tribunal de Cuentas.

Allí se advirtió que la presunta maniobra no sólo vulneraría las normas de contabilidad municipal, sino también la Ley de Municipios (XII-0622-2008) y disposiciones de la Constitución provincial.

A la par del proceso judicial ocurrió el cambio intendente de Renca, donde la familia Peralta mantuvo el control de la intendencia durante décadas, con alternancia entre Romina y su padre, Claudio. Ese ciclo concluyó el 10 de diciembre, con la asunción del actual intendente Luis Altamirano, del Frente Ahora San Luis.

Al asumir, Altamirano informó que el municipio atravesaba una situación financiera crítica: había apenas $20 mil en las cuentas oficiales y una deuda con la empresa distribuidora de energía Edesal que ascendía a $11.954.773, sin pagos registrados desde septiembre.