Un nuevo revés judicial llegó para Luciano Anastasi, ex ministro de Seguridad durante el Gobierno de Alberto Rodríguez Saá. Este viernes, la jueza de Garantía N° 4, Luciana Banó, rechazó el pedido de su defensa para sobreseerlo en la causa en la que lo investigan por fraude en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.

La investigación apunta a la falta de ejecución de obras de refacción en dependencias policiales de La Toma, Cortaderas y San Francisco del Monte de Oro, y al destino de los fondos millonarios que habían sido asignados para esos trabajos.

En la resolución, la magistrada también hizo lugar al pedido de la fiscalía de Instrucción N° 6, a cargo de Linda Maluf, para imponer la inhibición general de bienes por 180 días contra los ex ministros de Seguridad Anastasi, Claudio Latini y Ernesto Nader Ali, (también ex intendente de La Toma) y los ex intendentes Jeremías Vivas, (San Francisco del Monte de Oro) y Mario Canali (Cortaderas). Fiscalía de Estado adhirió al pedido.

En cambio, rechazó otras medidas de coerción solicitadas por la fiscalía: los imputados no tendrán que presentarse a firmar el libro de imputados ni tendrán prohibido salir de San Luis. A Anastasi tampoco le inhibirán los bienes, aunque se mantendrá vigente el embargo sobre una propiedad ubicada en la ciudad de San Luis, que ofreció como sustitución de la medida.

Los hechos investigados

La acusación contra los ex ministros y ex intendentes es por la firma de convenios para refaccionar dependencias policiales, el giro de anticipos y transferencias sin controles suficientes, la falta de ejecución de las obras y la rescisión de contratos antes del cambio de gestión, sin las correspondientes rendiciones de cuentas.

En La Toma, en agosto de 2022, Alí, entonces intendente, y Anastasi, firmaron un convenio para realizar tres obras: refacciones en la Comisaría de la Mujer, el destacamento de bomberos y el área de Criminalística, por más de $28 millones.

En este caso se realizaron dos transferencias por más de $20 millones, pero los trabajos no fueron ejecutados o ni siquiera iniciados. Posteriormente, se constató que los edificios estaban abandonados, con instalaciones precarias, materiales sin utilizar y sectores que no habían registrado modificaciones.

Más adelante, en noviembre de 2022, Anastasi y Vivas suscribieron dos contratos por más de $17 millones para refacciones policiales en San Francisco del Monte de Oro. Se giraron fondos, pero los convenios fueron rescindidos poco después, con el argumento de la inestabilidad económica. En 2024, la Justicia constató que había dependencias con revestimientos parciales, instalaciones eléctricas deficientes, paredes despintadas y otros indicios de trabajos inconclusos.

El tercer hecho investigado ocurrió en Cortaderas. En 2023, cuando Latini estaba al frente del ministerio de Seguridad, firmó con Canali un contrato por casi $15 millones para refaccionar una subcomisaría. Según la fiscalía, se realizaron tres transferencias que superaron ampliamente los porcentajes previstos, sin que existieran avances acordes con los fondos girados.

Los argumentos de la defensa

La defensora oficial N° 3, Cecilia Cabello, pidió el sobreseimiento de Anastasi al sostener que los hechos que se le atribuyen no constituyen delitos. Argumentó que el Fondo Rotatorio del ministerio de Seguridad fue creado por decreto para atender reparaciones, tareas de mantenimiento y puesta en valor de dependencias policiales, y que las contrataciones con los municipios de La Toma y San Francisco se realizaron dentro de ese marco normativo.

Para la defensa, cumplió con las obligaciones que estaban a su cargo: autorizó las contrataciones y dispuso los anticipos previstos en los convenios. La ejecución de los trabajos, en cambio, correspondía a los municipios, que eran los encargados de llevar adelante las obras.

La presentación también señaló que las rendiciones del dinero habían sido aprobadas por la Contaduría General de la Provincia y el Tribunal de Cuentas. Otro de los planteos centrales fue que no existía una norma que obligara personalmente a Anastasi a inspeccionar o fiscalizar los trabajos una vez que su ejecución había quedado a cargo de los municipios.

La respuesta de la fiscalía

La fiscalía rechazó el planteo de la defensa y pidió que Anastasi continúe sometido al proceso. De acuerdo con la resolución, para conceder el sobreseimiento debe existir una certeza clara de que los hechos no constituyen delito.

Fiscalía de Estado adhirió a esa postura y consideró que las diferencias entre las teorías del caso de la acusación y la defensa debían discutirse en un juicio oral.

Uno de los principales argumentos fue que, si bien los contratos y las rendiciones podían estar respaldados por documentación y cumplir con los requisitos administrativos, eso no demostraba por sí solo que las obras se hubieran realizado. En ese sentido, la acusación remarcó que no había constancias de controles ni certificaciones de avance de los trabajos.

“No puede disponer de los fondos y desentenderse de todo lo que está bajo su órbita. Justamente es él quien advierte la necesidad, como lo manifestó, de realizar todas estas obras en los municipios. Por eso se crea el programa, por eso se crea el Fondo Rotatorio, pero no hay un control, no hay una certificación de obra”, remarcó.

Además, recordó que los convenios establecían un anticipo del 30% y un plazo de 60 días corridos para finalizar las obras. Como ejemplo, mencionó que para los trabajos en La Toma se transfirieron fondos el 24 de agosto de 2022, pero el plazo venció sin que hubiera constancias de inicio ni de avances.

Otro de los argumentos fue que el hecho de que Anastasi hubiera dejado sus funciones antes de la rescisión de los contratos no lo eximía de las responsabilidades correspondientes a su gestión. También cuestionaron que se recurriera al Fondo Rotatorio para este tipo de trabajos, ya que podían realizarse mediante los procedimientos habituales de obra pública y no correspondían a intervenciones urgentes.

Por último, la fiscalía rebatió el argumento de la defensa de que había una funcionaria, Johana Gómez, a cargo de verificar las obras. Sostuvo que no existían constancias que respaldaran las atribuciones que se le adjudicaban a la mujer

Por qué la jueza rechazó el sobreseimiento

Al analizar los contratos firmados con la Municipalidad de La Toma, la magistrada tuvo en cuenta que el anticipo financiero se pagó el 24 de agosto de 2022, con un plazo de 60 días para ejecutar los trabajos. Ese período venció el 23 de octubre de 2022, cuando Anastasi todavía estaba al frente del ministerio de Seguridad.

Banó observó que, según las constancias incorporadas al expediente, no surge que se haya realizado una intimación ni una acción para exigirle al municipio el cumplimiento de los contratos, pese a que una de sus cláusulas contemplaba esa posibilidad y el decreto de creación del Fondo Rotatorio establecía que el ministro era el responsable.

En cuanto a los contratos con San Francisco del Monte de Oro, la jueza aclaró que el anticipo se abonó el 7 de diciembre de 2022 y que el plazo de ejecución vencía el 5 de febrero de 2023, después de que Anastasi dejara el cargo, el 21 de diciembre de 2022. Sin embargo, consideró que ese dato, por sí solo, no alcanza para descartar la imputación.

Explicó que la Fiscalía no le atribuye únicamente el incumplimiento de los municipios, sino que sostiene que el exministro habría dispuesto de fondos públicos sin controles cuando ya existían indicios de incumplimiento en otros contratos de la misma modalidad.

Sobre la aprobación de las rendiciones de cuentas por parte del Tribunal de Cuentas, sostuvo que “la aprobación de cuentas a nivel administrativo no significa que el acto esté exento de responsabilidad penal”.

Por último, la magistrada cuestionó el argumento de la defensa de que Anastasi debía ser sobreseído porque no existía un “engaño o ardid” en los hechos. “La imputación no se formula en términos de engaño, sino de disposición de fondos públicos mediante la suscripción de contratos, con violación de deberes y perjuicio para el Estado, en tanto las obras contratadas no habrían sido ejecutadas”, apuntó.

"Si esa hipótesis encuadra en el tipo imputado, y bajo qué modalidad, es una cuestión que corresponde al debate. En esta instancia advierto que la atipicidad no resulta manifiesta e inequívoca, sin que ello implique adelantar opinión sobre la responsabilidad del imputado”, concluyó.