La Justicia condenó este viernes por la tarde a cuatro años de cárcel a Augusto Toledo y Paola Tonelli, la pareja que vendía certificados médicos truchos. Fueron encontrados responsables de los delitos de falsificación de instrumentos privados y defraudación a la administración pública.

Por su parte, Graciela Apaza Señani, que era la tercera imputada, fue absuelta porque no encontraron pruebas que la vincularan con la asociación ilícita.

“Es muy importante para Fiscalía de Estado este juicio porque permite desalentar de alguna manera esta práctica de realizar certificados apócrifos con el fin de engañar al Estado y dejar ese mensaje en claro. Creo que la Justicia resolvió después de un buen trabajo del Ministerio Público Fiscal con la doctora (Virginia) Palacios que pudo detallar cada una de las pruebas y relacionarlas entre sí con mucha congruencia”, expresó el jefe de la Sala Penal, Santiago Calderón Salomón.

En ese sentido, afirmó que el objetivo de la sentencia es que “vender certificados apócrifos tiene una condena y que si uno los compra en la administración pública y los utiliza defraudando al Estado también puede admitir una pena, por eso esto permite de alguna manera desalentar este tipo de acciones y por otro lado creo que genera un impacto positivo para todos aquellos empleados públicos que trabajan arduamente, con lealtad, con probidad, ellos merecen que su trabajo sea respetado”.

Calderón Salomón explicó que Apaza Señani era la persona que hacía las fotocopias y en un principio había quedado como sospechosa, pero a lo largo de la investigación y a raíz de una pericia que presentó ante el Tribunal la responsable del Área de Análisis Criminal del Departamento de Delitos Complejos, Carina Bernal “se pudo determinar que no había una relación de confianza necesaria y por ende en esta instancia si no hay certeza no se puede condenar y se resolvió absolverla”.

El funcionario de Fiscalía de Estado, que en el debate oral intervino como querellante, adelantó que hay otras denuncias en el organismo provincial y que podrían iniciarse otras causas.

“Son presentaciones de otras reparticiones en donde se recibieron otros certificados que después se verá si están relacionados con los condenados u otras personas pero se va a seguir investigando, de parte de Fiscalía habrá un control exhaustivo en relación a este tipo de certificados para desalentar esta conducta y que se respete la probidad y buena fe de los verdaderos empleados de la administración pública que trabajan arduamente”, finalizó.