El ataque sufrido por una nena de 10 años en el paraje Los Peros, cometido por un condenado a prisión perpetua que estaba en libertad condicional, abrió un fuerte debate sobre los criterios con los que se otorgan beneficios penitenciarios en la provincia. En ese contexto, las resoluciones firmadas durante enero por la jueza de Ejecución Penal de Villa Mercedes, Nora Graciela Villegas, quedaron bajo la lupa.

Villa Mercedes cuenta con un solo Juzgado de Ejecución Penal, que tiene a su cargo el control de las condenas y el otorgamiento de libertades condicionales, salidas transitorias y permisos extraordinarios. Todas las decisiones de ese fuero fueron adoptadas por Villegas.

Permisos extraordinarios desde Pampa de las Salinas

Durante el primer mes del año, el juzgado concedió al menos 11 permisos extraordinarios a internos alojados en el Servicio Penitenciario Provincial de Pampa de las Salinas. Se trata de beneficios que implican traslados de más de 600 kilómetros, la movilización de al menos seis efectivos penitenciarios por cada operativo y una compleja logística que es afrontada íntegramente por el Estado.

Cada salida requiere un estudio previo del lugar de destino, la verificación de las personas con las que el interno estará en contacto y un despliegue de seguridad durante varias horas. En los registros oficiales, los permisos fueron otorgados por lapsos de entre cuatro y seis horas.

Habitualmente este tipo de beneficios se conceden en situaciones excepcionales, como fallecimientos o nacimientos de familiares directos. Sin embargo, en los fundamentos utilizados durante enero, la jueza recurrió de manera reiterada al criterio de “entrelazar lazos familiares”.

Entre los internos que accedieron a estos permisos figuran condenados por delitos graves. Darío “El Coya” Giménez, sentenciado en abril de 2023 a 13 años de prisión por homicidio simple calificado por el uso de arma de fuego tras un crimen cometido en mayo de 2022 en el barrio San Antonio de Villa Mercedes, obtuvo una salida extraordinaria.

También accedió a un permiso Carlos Ernesto Cordido, condenado en octubre de 2021 a siete años de cárcel por intentar abusar sexualmente del hijo de su pareja, que tenía siete años al momento del hecho.

En la nómina aparece Martín Joel Barroso, condenado en marzo de 2025 a cinco años de prisión por portación de arma de fuego agravada y robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa.

Ricardo Ariel González, condenado a prisión perpetua por el homicidio del policía Rodolfo Domínguez, ocurrido el 27 de junio de 2015, también fue beneficiado con una salida extraordinaria.

Lo mismo ocurrió con Jorge Escobar, declarado culpable en mayo de 2023 del homicidio de Jesús Nievas, a quien mató a puñaladas en una disputa por una campera; y con Mario César Lucero, condenado a prisión perpetua en diciembre de 2018 por el doble homicidio de su amigo Gastón Horacio Bustos y de su novia Julieta Anahí Barroso.

Libertades condicionales

Además de los permisos extraordinarios concedidos durante enero, el mismo Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes había otorgado en los últimos dos años libertades condicionales a internos condenados por delitos graves.

Entre 2024 y 2025 accedieron a ese beneficio personas sentenciadas por homicidio simple, homicidio en grado de tentativa, abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, robos doblemente calificados con armas de fuego y lesiones graves en ocasión de robo.

Las resoluciones incluyeron condenados con ingresos al sistema penitenciario que datan de 2007, 2016, 2019 y 2021, y liberaciones concentradas en ese período

El caso que desató la polémica

La discusión pública se intensificó tras conocerse que Diego Domingo Ponce, condenado a prisión perpetua por el femicidio de Laura Natalia Chirino en 2002, había sido beneficiado con la libertad condicional en octubre de 2025 por el Juzgado de Ejecución Penal de Villa Mercedes.

Tres meses después, Ponce fue detenido acusado de haber ingresado a una vivienda rural de Santa Rosa del Conlara para robar, apuñalar en el cuello a una nena de 10 años y huir tras simular la menor que estaba sin vida.

El episodio derivó en duras críticas del gobernador Claudio Poggi, cuestionamientos institucionales al criterio “garantista” aplicado por la magistrada y una movilización de vecinos que reclamaron su destitución mediante un juicio político.

Mientras la niña continúa recuperándose en Córdoba y el imputado permanece detenido, el foco quedó puesto en las decisiones adoptadas durante enero por el único juzgado encargado de conceder beneficios penitenciarios en Villa Mercedes y en el debate abierto sobre los controles y responsabilidades en el otorgamiento de libertades y salidas a condenados por delitos violentos.