Hace siete días que Christian Becher está cumpliendo la prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial. Lo imputaron por los delitos de asociación ilícita y fraude a la administración pública, y el Ministerio Público Fiscal lo acusa de ser “el último eslabón de la cadena y una figura imprescindible” para procesar los fondos públicos que fueron desviados del Molino Fénix de manera ilícita, y donde están responsabilizados la dirigente albertista, Anabela Lucero; su pareja y diputado, Joaquín Beltrán; Enzo Lucero, Exequiel Scarel y Diego Torres, todos como integrantes de una misma organización.

Cuando la Fiscalía pidió que sea encarcelado fundamentó que Becher usó la estructura de sus empresas, y que su rol fue “importante, muy necesario e imprescindible para poder ejecutar esta maniobra delictiva, de lo contrario no había forma de sacar el dinero”.

Hoy, su defensor pidió la revisión de la medida de coerción, bajo cuestionamientos de falta de fundamentación y solidez en la resolución que dictó el juez de Garantía Nº 4, Santiago Ortiz, y que tiene a su defendido tras las rejas. Señaló que no es la misma situación a la del resto de los imputados, porque no tiene relación ni ningún tipo de acceso al Molino Fénix, ni tampoco fue funcionario público. Dijo que tampoco son las mismas situaciones de entorpecimiento que le atribuyen.

Tuvo en cuenta el arraigo familiar y laboral, del acusado, y la necesidad de que retome con su vida, y también el control de sus negocios para sostenerlos antes de que se caigan. Incluyó la particularidad de uno de sus hijos, cuyo distanciamiento está dificultando sus terapias médicas.

Señaló que cuando Becher se enteró que estaba siendo investigado no se fugó, y por el contrario estuvo “siempre colaborando con la Justicia”. Nombró que cuando lo detuvieron y le incautaron el celular iPhone no se opuso a entregar la clave para que accedan y realicen las pericias. Y que además en este tiempo ya se tomaron declaraciones a personas y “nunca obstaculizó el proceso”.

Ofreció medidas alternativas para que recupere la libertad, como distintas prohibiciones, por ejemplo, de salir del país, de la provincia, de acercamiento a lugares y personas que son parte de la investigación, como también la firma del libro de imputados cada 15 días.

El fiscal Marcelo Palacio se refirió a “una estructura compleja” que ha sido utilizada por ex funcionarios y empleados del Molino Fénix, quienes concretamente manejaban la oficina contable del organismo a la que “solo ingresaban las personas que ahora están imputadas”. Pero advirtió que en la maniobra que se investiga participaron otras personas como la ex diputada Anabela Lucero y Becher. De este último insistió que tuvo “una participación necesaria para la comisión de delitos”.

La audiencia de revisión se realizó este martes en el Colegio de Jueces. (Foto: Nahuel Sanchez)

Además, se refirió a la dinámica que ya fue expuesta en la audiencia de formulación de cargos. Es decir, cómo se administraron los fondos que se giraban del Estado provincial. Advirtió que en el avance de las averiguaciones fueron encontrando que la actividad “no guardaba relación con el objeto que tenían el Molino Fénix y la Casa de la Música, por ejemplo, la sola realización de eventos”. Apareció facturación de gastos por contratación de servicios inexistentes.

Referenció que se analizaron las empresas que facturaban, las cuales aparecen en el registro APOC (por facturación apócrifa). Después llegaron a las personas que figuraban como directivos de esas empresas y puntualizó: “Nos dijeron que ellos nunca fueron al Molino, que algunas veces le hicieron trámites a Becher”. También relató que un día “los mandó a una escribanía para que dejaran sus firmas, y de ese modo pudieran realizar trámites a su nombre”. Sostiene la Fiscalía que se usaron nombres para crear entidades societarias sin que las víctimas lo supieran. Señaló que estas personas “son de bajos recursos” y que su vida no se condice con los millones de pesos que supuestamente facturaban o emitían cheques. “Becher estaba detrás de esto, aparece como el organizador”, agregó.

Lo acusan de haber recibido cheques del Molino, suscriptos por los ex funcionarios, y de lavar el dinero para pagar sus cuentas corrientes de compra de combustible. “Es un delito muy grave, que no tiene antecedentes en la provincia. Nunca esperamos encontrarnos con esto y no es el resultado de una interpretación de la Fiscalía, hay dos contadoras que respaldan la valoración de los informes bancarios”, agregó Palacio.

Al mismo tiempo aportó que va surgiendo nueva información, y que el monto del fraude que es estimado en $900 millones, ahora “se está ampliando”.

Centró el fundamento del encierro preventivo en la posibilidad de entorpecimiento, ya que se buscará ampliar el testimonio de personas que en muchos casos dependen de Becher, o alguna vez tuvieron vínculo.

“Las declaraciones han servido para aclarar la situación, pero hay cosas que no dijeron y serán llamados de nuevo. Para ellos no es lo mismo que esté en la cárcel, a que esté en libertad. Queremos que declaren libres, sin ninguna presión”, agregó.

Al final consideró que no hay otra medida que pueda tutelar el proceso, y adelantó que el Ministerio Público Fiscal no se opondrá a permisos o salidas para que Becher retome el vínculo con su hijo.

El Tribunal integrado por Hernán Herrera, Cintia Martín y Marcelo Bustamente Marone comunicaron que en horas de la tarde darán a conocer por escrito la resolución.