VIVIENDAS: 66.500 FAMILIAS REQUIEREN UNA SOLUCIÓN HABITACIONAL

Implican casi un tercio de la población de la provincia. Entre 18 y 39 años es el rango etario que marcó mayores necesidades de un hogar.

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Tras seis meses de inscripciones para el plan de viviendas "Tenemos Futuro", el Gobierno de San Luis realizó un análisis preliminar en base a los datos obtenidos gracias a ese trámite que cumplieron los interesados y llegó a diversas conclusiones que ahora aclararon mucho más el panorama en torno a la situación habitacional que para el gobernador, Claudio Poggi, es una política de Estado. A priori, la aclaración más importante es que 190.761 sanluiseños buscan una solución. Es la totalidad que dejan ver las 66.504 familias que se anotaron.

Dentro del análisis netamente contable, si se toman los números del censo nacional de 2022, el último realizado en Argentina, allí quedó en claro que San Luis vivían, al menos hasta ese momento, 542.069 habitantes. En consecuencia, esas 190.761 personas inscriptas representan el 35,19% de la población. Todas ellas necesitan una respuesta.

Con el corte en el plazo para anotarse fijado para el 21 de julio, el Gobierno recopiló toda la información de la gente que necesita una casa y con esos datos, ordenados y segmentados, llegó a conclusiones claras para, ahora, planificar. En el análisis por departamentos cabe señalar que hubo respuestas en cada una de las regiones, lo cuál deja ver que la iniciativa llegó a toda la provincia y que todos pudieron inscribirse. Los más poblados, con cabeceras como la ciudad de San Luis, Villa Mercedes y Merlo, son los que acapararon la mayoría de las inscripciones.

El departamento Juan Martín de Pueyrredón quedó en el primer lugar, con casi la mitad de las solicitudes: 48,39%. Segundo quedó General Pedernera con 31,82% y tercero Junín con el 6,07%. En orden decreciente siguieron Chacabuco 3,98%, Ayacucho 3,87%, Coronel Pringles 2,75%, Gobernador Dupuy 1,93%, Belgrano 0,68% y San Martín 0,51%.

En cuanto a las edades de la gente que necesita una casa, los jóvenes de entre 18 y 39 años son los que muestran el segmento más nutrido ya que representan un 64,23%. La línea que va desde los 40 a 49 años representan el 22,84% y los de 50 años en adelante el 12,93%. “La política de viviendas llegó para quedarse”, enfatizó Poggi días pasados. La idea es primero cumplir con aquellas familias que todavía esperan una casa de los viejos planes “Progreso” y “Sueños” que la gestión anterior nunca terminó ni entregó, sino también brindarle la posibilidad de tener su casa propia a todos aquellos que sueñan con vivir ese maravilloso momento.

Adiós al capricho de no construir más casas en San Luis

Tras las entregas de viviendas que Poggi experimentó en su primer período de Gobierno, llegaron años de desidia y nulas construcciones por parte del exgobernador Alberto Rodríguez Saá. "San Luis ya tiene sus necesidades habitacionales cubiertas" repetía en cuanto acto público relacionado a viviendas encabezó Rodríguez Saá. La realidad actual no solo lo deja sin argumentos, sino que desnuda su falta de empatía y ganas de trabajar para aquellos que no tienen techo propio. Por esa razón, para que en San Luis la política habitacional no cese nunca más al mejor "estilo Alberto", el actual gobernador envió a la Legislatura provincial un proyecto de ley que prevé que, sea el color político que sea quién maneje los destinos de la Provincia, nunca más se dejen de levantar hogares siempre y cuando haya una necesidad y que los inscriptos de los diversos planes que surjan o sean creados, cumplan los requisitos básicos.

El proyecto de Ley diseñado por Claudio Poggi busca implementar la emergencia habitacional por el término de cinco años prorrogable por períodos anuales por el Poder Ejecutivo. El texto incluye la realización de un censo de terrenos fiscales urbanos y suburbanos, tanto nacionales, como provinciales y municipales.

El actual gobernador determinó que el 50% del presupuesto destinado a obras sea utilizado en solucionar problemas habitacionales. A su vez se decidió incluir en el proyecto el requerimiento de toda la documentación e información necesaria de los aspirantes y su grupo familiar para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por la ley NºI-0970-2017.