Por Leonardo Kram

Este martes, el Senado completó el trámite legislativo de una medida para el sector productivo y las comunidades del interior sanluiseño al aprobar la creación del Régimen de Consorcios Camineros. El proyecto, aprobado por unanimidad, apunta a mejorar la red vial secundaria de la provincia, compuesta por más de 4600 kilómetros de rutas y caminos rurales, mediante una articulación directa entre el Estado provincial y los productores locales.

Adolfo Castro Luna (Pedernera), que preside la comisión de Comercio, Obras y Servicios Públicos, Comunicaciones y Transporte informó los alcances de la ley.

El objetivo principal es garantizar la conservación, mantenimiento y mejoramiento de los caminos, para una mejor transitabilidad, fortalecer la seguridad vial y favorecer el desarrollo productivo.

Castro Luna fundamentó la urgencia de la norma a través de una descripción de la evolución productiva de la provincia durante las últimas tres décadas. Según registros oficiales del Indec y del ministerio de Economía nacional, a comienzos de la década de 1990 San Luis registraba menos de 200 mil hectáreas sembradas, mientras que en la actualidad la superficie agrícola alcanza las 1.200.000, habiéndose multiplicado por seis en el territorio sanluiseño y por diez en departamentos con fuerte impronta agropecuaria como Pedernera y Dupuy.

Este escenario generó una presión inédita sobre la red de caminos secundarios por el tránsito constante de camiones con granos, insumos, fertilizantes y maquinaria pesada, y a su vez es el mismo entramado vial que utilizan diariamente las familias rurales para trasladarse a escuelas, centros de salud y comisarías.

“Este proyecto no nace del escritorio de un funcionario, surge de una serie de reuniones que se vienen haciendo con todo el entramado productivo de la provincia”, remarcó.

Recordó que fue clave la realización de foros productivos en la gestión del gobernador Claudio Poggi, además de sumar reclamos expresados por entidades como la Confederación de Asociaciones Rurales de Tercera Zona (Cartez). “Manifestaron que iniciaron gestiones durante mucho tiempo y que este proyecto viene a dar, por lo menos, un primer paso en las soluciones”, sostuvo.

“Hoy con la carga de tránsito que les acabo de describir, las tareas de mantenimiento deberían ser prioritarias, no una opción, sino una necesidad. El Gobierno trabaja con escucha permanente y este proyecto es la traducción legislativa de esa actividad. Convertirlo en ley es dar una respuesta a todos los productores de la provincia, a todos los habitantes de nuestros parajes en todo el territorio”, argumentó.

“Esta ley significa también una descentralización de la gestión vial, es una forma de acercar el Estado a cada circuito productivo y garantizar que los caminos de tierra de San Luis estén a la altura de lo que hoy se produce”, concluyó.

A diferencia de Diputados, el bloque Frente Justicialista acompañó la propuesta legislativa. “Cuando una iniciativa es buena para San Luis, cuando responde a una necesidad concreta de nuestros productores, de nuestros vecinos y de nuestras comunidades, debemos ser capaces de acompañarla más allá de las diferencias políticas”, afirmó Alejandro Torres, del departamento Pringles.

Qué dice la ley

La norma indica la organización del territorio provincial en 17 circuitos camineros, integrados por trazas de entre 200 y 250 kilómetros. Cada uno estará a cargo de un consorcio conformado por vecinos, productores e instituciones locales, bajo la supervisión y asistencia técnica de la dirección Provincial de Vialidad, que continuará actuando como autoridad de aplicación.

Cada consorcio se configurará como una persona jurídica de derecho privado sin fines de lucro. Se establece expresamente que sólo podrá existir una entidad representativa por circuito para evitar superposiciones de competencias. En las zonas donde no se logre conformar un consorcio formal, se autoriza la intervención alternativa de municipios, productores rurales o entidades agropecuarias locales.

Asimismo, la normativa introduce una diferenciación técnica para clasificar las intervenciones en tres niveles: conservación ordinaria, mantenimiento periódico y mejoramiento estructural.

Para garantizar el financiamiento del sistema, la ley crea el Fondo para el Mantenimiento de Rutas No Pavimentadas (Fonopa), el cual se nutrirá con el 100% de la recaudación por guías y certificados de ganado y frutos del país (Dopro) y el 50% del Impuesto Inmobiliario Rural. De esta manera, la ley no genera nuevos tributos, sino que redirige lo aportado por el propio sector para volcarlo íntegramente a la infraestructura vial de la provincia.

Sobre este fondo, Castro Luna dijo que “es un pedido histórico de las entidades ganaderas y de los productores, la utilización del pago del Impuesto Inmobiliario Rural como contrapartida y que vuelva este impuesto en materia de obras. Es una forma de canalizar este pedido en este proyecto de ley, conformando un circuito virtuoso para que, si el sector cumple con sus obligaciones, tendrá mayores recursos en esta materia”.

Otras disposiciones

|Se permite el financiamiento del sistema a través de cuotas de asociados, recursos previstos en los estatutos de cada consorcio y subsidios, aportes o contribuciones que puedan provenir de organismos públicos o privados.

|Se faculta al Gobierno a realizar un aporte inicial del equipamiento necesario para el funcionamiento de los consorcios y a reponer la maquinaria cuando concluya su vida útil para garantizar la continuidad operativa del sistema.

|Incorpora beneficios impositivos para los convenios que se celebren en el marco del régimen, como exenciones del Impuesto de Sellos y sobre los Ingresos Brutos derivados de esos acuerdos.

|Los convenios establecerán el valor por kilómetro correspondiente a las tareas ordinarias de mantenimiento, de acuerdo con las características geográficas de cada circuito, aunque también contemplan la posibilidad de ejecutar obras extraordinarias,

|La dirección Vialidad provincial y el Ente Control de Rutas, podrán otorgar permisos de uso precario sobre los márgenes de caminos y rutas provinciales pavimentadas y no pavimentadas, excluyendo las banquinas, zonas de seguridad y cortafuegos.

|Cuando la estacionalidad afecte la recaudación de fondos, se podrán usar otras fuentes de financiamiento, que deberán ser restituidos una vez que ingresen los recursos del Fonopa.

|Autoriza al ministerio de Seguridad a celebrar convenios con los consorcios para colaborar en la fiscalización del tránsito sobre las rutas provinciales no pavimentadas de cada circuito.